?Regenerar sin leyes?

La necesidad de regeneraci¨®n est¨¢ ocupando cada vez m¨¢s el centro de la agenda pol¨ªtica. Y las propuestas son muchas. Casi todas ellas tienen forma de ley. Nuevos tipos delictivos que nos librar¨¢n de viejos delitos. Leyes y m¨¢s leyes que nos sacar¨¢n del problema generado por leyes previas. Incluso los mismos que hicieron las leyes antiguas se prestan a hacer las nuevas y esta vez las har¨¢n definitivamente bien.

Yo soy de los que creen que no nos faltan leyes, ni leyes buenas, que para eso somos descendientes aventajados de la cultura jur¨ªdica latina. No quiero decir que no haya leyes que reformar. Pero antes de reformar, lo que hay que hacer es conservar lo que est¨¢ bien y hacer que se aplique. Por ejemplo, se pueden reformar las leyes electorales, pero justo al rev¨¦s de lo que plantean algunos ¡°regeneradores¡±: si el sistema electoral funciona magn¨ªficamente y hace un casi perfecto retrato del voto ciudadano en las elecciones municipales, al igual que sucede en las europeas y en las auton¨®micas, pues dej¨¦moslo como est¨¢. Si el sistema electoral al Congreso hace una foto distorsionada del voto popular, introduzcamos las reformas necesarias para evitar discriminaciones. No se regenera cambiando precisamente lo que funciona.

En segundo lugar y tras conservar lo que funciona bien y antes incluso de cambiar las leyes, vayamos al cogollo del problema y seamos claros: no nos faltan leyes buenas; nos sobra la ilegalidad y el fraude de ley. Y un instrumento importante para limitar el fraude de ley consiste en reforzar los checks and balances del sistema. En este punto cobran un papel esencial el poder judicial y las altas magistraturas e instancias independientes del Estado, como el Tribunal Constitucional, el Consejo General de Poder Judicial, el Defensor del Pueblo y toda una pl¨¦yade de instituciones de ¨¢mbito estatal, auton¨®mico y local con vocaci¨®n de independencia. Dig¨¢moslo sin vueltas: estas instituciones no pueden cumplir adecuadamente su funci¨®n de contrapeso del poder porque han sido conformadas en fraude de ley, no valor¨¢ndose la independencia respecto de los actores pol¨ªticos, sino precisamente lo contrario, el seguidismo de estos, mediante un sistema de cuotas partidarias, a trav¨¦s del cual estos cargos son gestionados por los partidos como un plus a los esca?os que les corresponden directamente por sus votos.

?C¨®mo corregir esa disfunci¨®n? Pues no se va a corregir, en mi opini¨®n, haciendo nuevas leyes y volvi¨¦ndolas a defraudar, sino evitando que se defrauden las que existen, que por cierto, son buenas. No es mal criterio para seleccionar altos cargos exigir mayor¨ªas parlamentarias muy cualificadas. El problema es conseguir que esas mayor¨ªas seleccionen efectivamente a los profesionales mejores y m¨¢s independientes respecto de los partidos. ?Y c¨®mo se consigue eso? No es f¨¢cil, pero al menos ya sabemos c¨®mo no se consigue. No se consigue mediante reuniones secretas de fontaneros de los partidos que negocian entre ellos componendas para imponer los que le son m¨¢s afines a cada partido, dentro de las cuotas que consideran que les corresponden en propiedad.

No es mal criterio para seleccionar altos cargos exigir mayor¨ªas parlamentarias muy cualificadas

Si alg¨²n partido deseara realmente que estas leyes se cumplieran de acuerdo a su letra y a su esp¨ªritu, creo que habr¨ªa alternativas. Algunas de ellas incluso muy simples. Por ejemplo, se podr¨ªa plantear un sistema de nombramientos diferente al actual, sin necesidad de cambiar la ley, ni siquiera las ¡°cuotas de influencia¡± de los partidos. Bastar¨ªa con cambiar el sistema de negociaci¨®n entre ellos, de forma que cada partido no pudiera proponer a los candidatos que le son m¨¢s cercanos y proclives. Supongamos, por ejemplo, que previamente a la elecci¨®n de uno de estos cargos, se conformara un amplio listado de todas las personas t¨¦cnicamente cualificadas para acceder a ¨¦l y que cada uno de los partidos s¨®lo pudiera ir descartando de esa lista un n¨²mero proporcional a la cuota que le corresponde en funci¨®n de su entidad parlamentaria. Tras sucesivos procesos de descarte de los candidatos m¨¢s rechazados por los diversos partidos en proporci¨®n a sus cuotas, acabar¨ªan quedando s¨®lo los que menos rechazo generaran. No estar¨ªan designados por nadie, ni en deuda con ¨¦l.

Con un sistema as¨ª, no quedar¨ªa garantizado que siempre y en todo caso se fuera a seleccionar a los mejores, igual que tampoco es imposible que con el actual sistema a veces puedan resultar elegidos candidatos buenos. Pero como est¨¢ ahora, el resultado tendencial a largo plazo es que se premie la cercan¨ªa a los partidos y que se castigue el valor de la independencia y de la insubordinaci¨®n ante los intereses de estos, intereses que coinciden frecuentemente. Mientras que si sustituimos el sistema de ¡°cuotas de nombramiento¡± por uno de ¡°cuotas de rechazo¡±, es mucho m¨¢s probable que los mejores y m¨¢s insobornables puedan acceder a estos cargos por descarte, al quedar eliminados del proceso los que m¨¢s suspicacias despiertan entre quienes no son sus ¡°amigos¡±. En resumen, las cuotas seguir¨ªan existiendo, pero dejar¨ªan de ser un instrumento para imponer candidatos proclives y servir¨ªan s¨®lo para descartar a los m¨¢s denostados.

Las leyes, empezando por la propia Constituci¨®n, pueden ser un instrumento para la regeneraci¨®n, pero tambi¨¦n pueden ser la excusa para soslayarla. Se puede regenerar sin m¨¢s leyes y se pueden hacer m¨¢s leyes sin regenerar. Si el problema no procede de las leyes, tampoco est¨¢ en ellas la soluci¨®n. Si los partidos no son capaces de dejar de defraudar las leyes que ya existen, es dif¨ªcil que nos convenzan de que van a hacerlo s¨®lo por el hecho de cambiarlas.

Roberto Uriarte Torrealday es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del Pa¨ªs Vasco