Espa?a no tiene quien le escriba

C¨®mo es posible que en pleno siglo XXI, en un pa¨ªs miembro de la UE, se discuta abiertamente si para resolver un conflicto propio de cualquier democracia ¡ªla pluralidad de opciones y de propuestas¡ª hay que ¡°aplicar la ley¡± o ¡°hacer pol¨ªtica?¡±. ?C¨®mo es posible que cuando un partido pol¨ªtico, UPyD, exige algo tan simple como que se cumpla la ley se nos acuse de equivocarnos de estrategia¡­ o de ser la extrema derecha. La respuesta es bien sencilla: aqu¨ª cada cual est¨¢ a sus batallas, perdido en su secta, ajeno a lo com¨²n. La conclusi¨®n es que la democracia espa?ola no tiene espa?oles que la defiendan, y en eso reside precisamente la fragilidad de nuestro sistema.

Como cualquier lector habr¨¢ deducido estoy hablando de la retirada del Estado en Catalu?a a prop¨®sito de la locura secesionista que ha culminado, de momento, en el 9-N; estoy hablando del pacto no escrito entre el Gobierno y el resto de fuerzas pol¨ªticas (incluidas aquellas que aparentan defender la unidad de la naci¨®n) para aceptar que en Catalu?a ya no rija la ley. El Gobierno recurri¨® la argucia por la que la Generalitat se propon¨ªa llevar a cabo la consulta suspendida por el Tribunal Constitucional tras obtener un rotundo y un¨¢nime dictamen del Consejo de Estado que, entre otras cosas, conclu¨ªa que:

¡°El hecho de que la consulta del 9 de noviembre de 2014 pretenda celebrarse con la ayuda de voluntarios, o de que las personas llamadas a participar no sean todas las inscritas en el censo electoral sino solo aquellas que se inscriban voluntariamente en un fichero de participantes, lejos de atenuar los vicios de inconstitucionalidad de que adolece el proceso, eleva ¡ªsi cabe¡ª la gravedad de los mismos, por cuanto que con este proceder se omiten algunas de las m¨¢s elementales garant¨ªas constitucionales atinentes el ejercicio del derecho fundamental de participaci¨®n pol¨ªtica, concretamente la neutralidad de los responsables del proceso y la previa determinaci¨®n del universo de personas llamadas a votar, siendo as¨ª que la inobservancia de tales garant¨ªas atenta contra la libertad y la igualdad del sufragio que es regla habitual en cualquier sistema democr¨¢tico (art¨ªculos 68.1 y 69.2 de la Constituci¨®n; art¨ªculo 5.1 de la Ley Org¨¢nica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulaci¨®n de las distintas modalidades de refer¨¦ndum). De este modo, se imputar¨ªa al pueblo de Catalu?a una manifestaci¨®n de voluntad moldeada y orientada en un determinado sentido por las autoridades p¨²blicas convocantes¡±.

A partir de ah¨ª y de la nueva suspensi¨®n del Tribunal Constitucional el Gobierno no ha hecho nada: arranque de caballo, parada de burro. Pasteleo con todos los partidos pol¨ªticos, apelaciones a la prudencia, a la proporcionalidad, al di¨¢logo¡­ Y las urnas en los colegios, y los ciudadanos no nacionalistas abandonados a su suerte. Y toda Espa?a at¨®nita ante la pol¨ªtica de hechos consumados y el triunfo del chantaje al Estado.

El desmembramiento del Estado se lleva por delante la igualdad y los derechos b¨¢sicos

Naturalmente que nada de esto es ajeno a la situaci¨®n de emergencia nacional por la que atraviesa Espa?a. La apat¨ªa de los partidos pol¨ªticos que han gobernado alternativamente Espa?a y todas sus comunidades desde que lleg¨® la democracia para enfrentarse a los casos de corrupci¨®n que han devastado las principales instituciones del Estado han convertido la crisis pol¨ªtica y econ¨®mica en una crisis de confianza en el sistema democr¨¢tico. Una confianza que es imposible recuperar si ante un reto como el planteado por el nacionalismo catal¨¢n la respuesta del Estado es la deserci¨®n y el abandono a su suerte de aquellos ciudadanos hostigados por sus gobernantes por el mero hecho de proclamar su derecho democr¨¢tico a seguir siendo catalanes, espa?oles y europeos.

Asusta observar que en los debates entre los principales dirigentes ¡ªprincipales por el n¨²mero de votos que tienen o a los que aspiran acceder o conservar¡ª nadie aprecie que al margen de cualquier proceso de reforma de nuestra Constituci¨®n y de nuestro modelo territorial o de Estado lo m¨ªnimo que hay que exigir a todos es restablecer el respeto al orden constituido. Asusta escuchar a partidos que no son independentistas cruz¨¢ndose ¡°ocurrencias¡± para resolver la pulsi¨®n secesionista: unos proponen un modelo federal ¡°asim¨¦trico¡± (?); otros, que Rajoy negocie una financiaci¨®n ¡°especial¡± para Catalu?a; otros dicen ahora que est¨¢n dispuestos a abordar la reforma de la Constituci¨®n¡­ siempre que les quiten a ellos el trabajo de hacer la propuesta.

Vivimos tiempos convulsos, inestables. Es por eso que hoy m¨¢s que nunca hace falta una fuerza pol¨ªtica que defienda el Estado, que defienda la unidad de la naci¨®n, que defienda la ley y el orden constitucional sin concesiones de ning¨²n tipo. Habr¨¢ quien opine que la defensa del orden constitucional, del imperio de la ley, no es un elemento ideol¨®gico ni partidario sino un requisito prepol¨ªtico. Pero lo cierto es que en la batalla que se est¨¢ librando hoy en Espa?a nadie parece apreciar que el desmembramiento del Estado, salt¨¢ndose las reglas b¨¢sicas de la democracia, se lleva por delante la igualdad de los ciudadanos y los derechos b¨¢sicos de ciudadan¨ªa. Por eso defender lo prepol¨ªtico, el imperio de la ley, se ha convertido una vez m¨¢s en la tarea de un partido que naci¨® precisamente para eso, para regenerar la democracia y defender el Estado. Hemos dedicado mucho esfuerzo a lo largo de nuestra corta vida sustituyendo a la Fiscal¨ªa ante los casos de corrupci¨®n pol¨ªtica; son sonados los ejemplos de Bankia, Preferentes, Banca C¨ªvica, Caja Segovia, Caja Madrid, caso Pujol, nombramientos C¨¢mara Cuentas, Privatizaci¨®n Sanidad Madrid, cursos formaci¨®n Andaluc¨ªa¡­¡­ (as¨ª hasta 25). Y lamentablemente hemos tenido que sustituir al Gobierno de la naci¨®n en Catalu?a para defender la legalidad y los derechos de los ciudadanos. Por eso denunciamos ante un juzgado de Barcelona la vulneraci¨®n de derechos fundamentales perpetrada con la convocatoria del 9-N; por eso nos querellamos ante el Tribunal Supremo contra Artur Mas y otros responsables de su Gobierno por delitos de desviaci¨®n de caudales p¨²blicos, desobediencia a la autoridad judicial, y prevaricaci¨®n; por eso el d¨ªa 9-N presentamos una denuncia por estos mismos delitos ante un juzgado de guardia de Barcelona; por eso y ante el rechazo del TS de nuestra querella la presentaremos ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a.

Es imposible recuperar la confianza si ante un reto como el planteado por el nacionalismo catal¨¢n la respuesta del Estado es la deserci¨®n y el abandono

?T¨² qu¨¦ hiciste cuando los poderes del Estado permitieron que las autoridades de Catalu?a declararan extranjeros a los ciudadanos de su comunidad que no son nacionalistas? ?T¨² qu¨¦ hiciste cuando los partidos llamados constitucionalistas miraron para otro lado el d¨ªa que las autoridades de Catalu?a burlaron al TC y pusieron las urnas en los colegios p¨²blicos? ?T¨² qu¨¦ hiciste por defender la aplicaci¨®n de la ley en Catalu?a? ?T¨² qu¨¦ hiciste cuando el Estado se retir¨® de Catalu?a? ?T¨² qu¨¦ hiciste para defender la democracia?

A estas preguntas deberemos contestar cuando las nuevas generaciones estudien el momento en el que los representantes del Estado desertaron de su responsabilidad de defender el imperio de la ley en Catalu?a ¡ªy por ende en toda Espa?a¡ª y los pol¨ªticos de uno y otro signo ideol¨®gico abandonaron a su suerte a los espa?oles que la Constituci¨®n de 1978 proclam¨® ciudadanos. Muy pocos de los pol¨ªticos que hoy est¨¢n en activo podr¨¢n decir: ¡°Cuando eso ocurri¨® hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos¡±.

Para finalizar, perm¨ªtanme que les haga una promesa: si las autoridades de Catalu?a amparan la ilegalidad y el Gobierno de la naci¨®n no act¨²a, nosotros seguiremos dando la batalla. Porque s¨®lo la aplicaci¨®n de la ley nos puede salvar. Como dice Fernando Savater, ¡°aplicar la ley a quien quiere violarla suele resultar muy pedag¨®gico¡±. S¨®lo con la aplicaci¨®n de la ley mantendremos la unidad y recuperaremos las bases de la convivencia en libertad. Porque sin ley no hay democracia.

Rosa D¨ªez es diputada nacional y portavoz de UPyD.