No se olviden de la partitocracia

Son abrumadores los datos que sugieren que Espa?a se encamina hacia un fin de ciclo pol¨ªtico. Nunca como ahora se hab¨ªa dado una percepci¨®n tan altamente extendida de desafecci¨®n pol¨ªtica, a consecuencia de la gesti¨®n de la crisis y del des¨¢nimo que provoca la reiteraci¨®n de episodios de corrupci¨®n. Es por ello que PP y PSOE est¨¢n experimentando significativas y quiz¨¢s irreversibles p¨¦rdidas electorales, a decir de algunas encuestas, adem¨¢s de que, sin llegar al extremo de otros pa¨ªses europeos donde, por id¨¦nticos motivos reverdece el populismo, la xenofobia o el nihilismo, emergen opciones pol¨ªticas de nuevo cu?o. Asistimos, pues, a una ins¨®lita crisis de legitimidad de las instituciones pol¨ªticas y representativas.

Pero nos equivocar¨ªamos si pens¨¢semos que la desaz¨®n que ha provocado la crisis tiene su origen exclusivamente en la falta de pericia de nuestros gobernantes o en las reformas estructurales y dolorosas medidas antisociales propias del recetario neoliberal imperante. Porque, m¨¢s all¨¢ de eso est¨¢n los d¨¦ficits democr¨¢ticos y el obscurantismo de nuestro modelo de gobernanza econ¨®mica ejecutado, por un lado, por una troika de rostro desconocido, una ¨¦lite de tecn¨®cratas que ostenta una hegemon¨ªa tal que le permite hacer y deshacer a su antojo, forzando cambios de Gobierno en Grecia e Italia, impidiendo referendos en Grecia o imponiendo reformas constitucionales en Espa?a. Y, por otro, por un Ejecutivo espa?ol que gobierna a golpe de decreto ley y anula a diario el poder legislativo, con la complicidad de un TC cuyas extempor¨¢neas resoluciones llegan cuando se han materializado sus efectos y que se muestra en exceso deferente a la hora de interpretar la concurrencia de supuestas causas de urgencia y necesidad.

Por otra parte, como se ha dicho, no hay duda que la ¨¦tica p¨²blica pasa por el peor momento en democracia. Los esc¨¢ndalos de corrupci¨®n no s¨®lo est¨¢n adquiriendo una gran relevancia medi¨¢tica, sino que est¨¢n contribuyendo a erosionar la credibilidad del sistema pol¨ªtico y, en general, de la res p¨²blica. La mayor¨ªa de episodios conocidos constituyen fen¨®menos insidiosos que suponen expolio del patrimonio p¨²blico: se basan en el ofrecimiento y la recepci¨®n de sobornos a cambio de contraprestaciones; en el despilfarro y la mala asignaci¨®n de fondos y gastos p¨²blicos; en el tr¨¢fico de influencias; y otras transgresiones graves como la financiaci¨®n ilegal de partidos pol¨ªticos. Pero resulta tan da?ino para la imagen de los partidos y de las instituciones estos hechos como su aparente impunidad v¨ªa indulto, beneficios como el aforamiento o el limbo penal de la financiaci¨®n irregular de partidos. Por ello, aunque es plausible, como afirmaba Paloma Biglino en estas mismas p¨¢ginas, que sea dudoso plantear estos casos como un problema de la democracia, teniendo en cuenta que cualquier cargo p¨²blico puede caer en conductas il¨ªcitas, y que deben proponerse medidas de robustecimiento de nuestro ordenamiento jur¨ªdico, no es menos cierto que la causa eficiente de la corrupci¨®n, percibida como un ataque a los fundamentos que rigen la convivencia social, como una grav¨ªsima contravenci¨®n de las reglas ¨¦ticas y jur¨ªdicas que genera por su recurrencia una sensaci¨®n insufrible de que la pol¨ªtica es el arte del enga?o, no se halla no s¨®lo en la avidez de unos cuantos pol¨ªticos o funcionarios sino tambi¨¦n en la tupida red de b¨²squeda de favores indebidos que supone el coste exponencial de las campa?as electorales y de la actividad cada d¨ªa m¨¢s onerosa de los partidos pol¨ªticos, adem¨¢s de los mecanismos que estos proveen para garantizarse la impunidad en muchos casos.

Las ¨¦lites pol¨ªticas utilizan a los partidos para sus intereses

En suma, como se?alaba Javier Tajadura, la crisis de legitimidad del sistema tiene mucho que ver con el funcionamiento olig¨¢rquico de los partidos pol¨ªticos, el profundo distanciamiento de los programas partidistas de su base militante; la p¨¦rdida de ideolog¨ªa que origin¨® su organizaci¨®n como estructura; el dise?o de estrategias de mera competencia electoral o de simple captaci¨®n de votos, que muchas veces, ni siquiera son fieles en elecciones consecutivas; y la utilizaci¨®n, en definitiva, de estas organizaciones como ?puentes? al poder, para la provisi¨®n de cargos y la obtenci¨®n de prebendas, dejando de lado la acci¨®n colectiva propia de los primeros a?os de la democracia.

Es ante esta realidad que no debe extra?ar que muchas demandas de la ciudadan¨ªa que no se ven satisfechas se reconduzcan a trav¨¦s de nuevas expresiones pol¨ªticas que abanderan la cr¨ªtica al fracaso de los partidos tradicionales (a los que se denomina ¡°la casta¡±, con un t¨¦rmino de reminiscencias michelianas). Y que, incluso, a la lumbre de algunas encuestas ¨¦stas est¨¦n en condiciones de disputar el Gobierno al bipartidismo hegem¨®nico desde 1977, pese a los fuertes resortes, como el sistema electoral, que anclan vigorosamente el bipartidismo.

En este marco, PP y PSOE acordaron inicialmente trasladar al Parlamento el grueso de las medidas de regeneraci¨®n democr¨¢tica propuestas por el Gobierno. Ulteriormente, ante las detenciones de la Operaci¨®n P¨²nica, el PSOE se apart¨® de dicho compromiso pretextando que el PP quer¨ªa utilizar dicho pacto para ¡°esconderse y esconder sus verg¨¹enzas¡±. Ya se ver¨¢. Pero, por lo pronto, todas esas medidas dejaban de lado la madre de todos los problemas: el ¡°poder¡± dentro del Estado ha reca¨ªdo de forma asfixiante en manos de unos partidos que hace a?os monopolizan el acceso de los individuos al Estado y la representaci¨®n del inter¨¦s general. Y ese Estado de partidos es reflejo de c¨®mo las ¨¦lites pol¨ªticas utilizan a los partidos para sus intereses privados, enmascarados como ideolog¨ªas. As¨ª lo afirmaba el estudio sobre la integridad pol¨ªtica institucional en Espa?a realizado por Transparencia Internacional en 2012, para el que la clave radica en que ¡°el marco institucional de la democracia espa?ola prima la b¨²squeda de la gobernabilidad sobre la garant¨ªa de representatividad, aunque, en la pr¨¢ctica, eso no garantiza que los Gobiernos sean eficaces¡±. En otras palabras: hoy por hoy, contra el signo de los nuevos tiempos, las oligarqu¨ªas dirigentes son los ¨²nicos actores de la soberan¨ªa y tienden al control efectivo de todas las instituciones del Estado.

Joan Ridao es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona.