Modificaci¨®n m¨ªnima

Tras renunciar a una modificaci¨®n radical de la legislaci¨®n del aborto vigente, que permite interrumpir el embarazo por decisi¨®n libre y aut¨®noma de la mujer dentro de un plazo de tiempo determinado, el Gobierno se propone introducir ahora una modificaci¨®n en la ley que obliga a las menores de 16 y 17 a?os a recabar el consentimiento paterno para poder abortar. Se trata de una modificaci¨®n m¨ªnima que no altera el marco general de la ley de plazos aprobada en 2010 y parece destinada, sobre todo, a contentar a los sectores del PP que le exig¨ªan que cumpliera el programa electoral.

Parece dudoso que vaya a contentar a quienes eran partidarios de eliminar el sistema de plazos para volver a un modelo de supuestos m¨¢s restrictivo incluso que el aprobado en 1985. Pero puede satisfacer a sectores m¨¢s moderados, que encontraban excesivo que se permitiera a las menores abortar sin comunicarlo a los padres. Esta parte de la ley de 2010 fue ya muy pol¨¦mica en su momento, pues suscit¨® dudas incluso entre los m¨¢s firmes partidarios de la ley de plazos. Muchos padres consideraban que ser excluidos de una decisi¨®n tan importante les privaba de la funci¨®n de tutela y protecci¨®n que les otorga el C¨®digo Civil.

La regulaci¨®n era coherente, sin embargo, con lo establecido en la Ley de Autonom¨ªa del Paciente, que daba a los menores la capacidad de decidir sobre cuestiones de salud, con algunas excepciones. La modificaci¨®n que ahora quiere introducir el PP dar¨¢ a los padres la oportunidad de conocer una circunstancia particularmente grave que afecta a su hija y no plantear¨¢ problemas siempre que haya acuerdo, salvo, acaso, la incomodidad para la menor de tener que comunicar un embarazo no deseado.

Pero si la menor quiere abortar y los padres no est¨¢n de acuerdo por razones morales, supondr¨¢ la imposici¨®n de sus valores en detrimento de los de la menor. En este punto habr¨ªa que considerar, adem¨¢s, las consecuencias que pueda tener, tanto para la madre como para el hijo, la obligaci¨®n de continuar con una gestaci¨®n no deseada.

La introducci¨®n de esta modificaci¨®n, en cualquier caso, ha permitido al Gobierno salir del atolladero en el que se hab¨ªa enredado para contentar a una parte de su electorado. La vuelta a una ley de supuestos, y m¨¢s restringida a¨²n que la de 1985, era el peor de los caminos.