Argentina, en la calle
La sociedad merece que la presidenta se explique sobre las acusaciones y muerte del fiscal Nisman
Las 400.000 personas que el mi¨¦rcoles salieron a las calles de Buenos Aires ¡ªy varias decenas de miles m¨¢s en otras ciudades de Argentina¡ª son la constataci¨®n de que la sociedad no est¨¢ dispuesta a pasar p¨¢gina sin m¨¢s en la muerte del fiscal Alberto Nisman. Nisman investigaba el atentado antisemita contra la AMIA en 1994 y, adem¨¢s, a la presidenta Cristina Fern¨¢ndez por encubrimiento de los responsables de una matanza que cost¨® 85 vidas. La presidenta, formalmente imputada por el fiscal sucesor de Nisman, no tendr¨¢ f¨¢cil despachar sin consecuencias lo que ya es el mayor esc¨¢ndalo de su mandato.
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No hay que perder de vista que la del mi¨¦rcoles, una de las manifestaciones m¨¢s masivas que ha vivido la capital argentina, fue convocada por apenas un grupo de fiscales. Personas en la pr¨¢ctica desconocidas para el gran p¨²blico y que, desde luego, no dispusieron de los grandes medios log¨ªsticos de las convocatorias pol¨ªticas, que en el caso del kirchnerismo suelen ser casi ilimitados. Mientras se desarrollaba la manifestaci¨®n, la televisi¨®n p¨²blica transmit¨ªa programas infantiles.
Es m¨¢s, los fiscales fueron puestos bajo el fuego del discurso oficialista en unos t¨¦rminos poco justificables en una democracia. Que el jefe de gabinete de la presidenta califique de ¡°golpismo judicial activo¡± la convocatoria de una manifestaci¨®n silenciosa, sin consignas pol¨ªticas, revela el grado de agresividad que el Ejecutivo argentino adopta contra todo aquel que duda en p¨²blico del discurso oficial. El autor de la frase, Jorge Capitanich, es el mismo que hace unas semanas rompi¨® en p¨²blico un ejemplar del diario Clar¨ªn por una informaci¨®n que result¨® ser cierta: que Nisman sopes¨® ordenar la detenci¨®n de la presidenta.
La gravedad de los hechos hace que los sucesivos cambios de opini¨®n de la presidenta, primero, y su encastillamiento posterior no logren sino profundizar el divorcio entre la mandataria y gran parte de la sociedad, para la que las acusaciones del fiscal fallecido en extra?as circunstancias son dignas, al menos, de ser estudiadas.
Argentina es una democracia moderna y sus ciudadanos merecen explicaciones concretas y no constantes discursos televisivos ¡ªque por ley todas las cadenas son obligadas a retransmitir¡ª caracterizados por una mezcla de cifras econ¨®micas intrascendentes y desd¨¦n hacia quien no comparte la opini¨®n oficial. La sociedad civil merece, espera y exige una respuesta.
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