Justicia para todos en Colombia

?Colombia tiene una larga historia de caracter¨ªsticas diferentes a la de otros pa¨ªses de Am¨¦rica Latina. Ha sido un pa¨ªs libertario, con un Estado d¨¦bil, donde ha sido dif¨ªcil aclimatar la autoridad y el monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado.

A lo largo de la segunda mitad del siglo XX el Estado se fue fortaleciendo pero la Guerra Fr¨ªa se interpuso para justificar la presencia de guerrillas de orientaci¨®n marxista. Luego, la actividad del narcotr¨¢fico le ha dificultado a la fuerza publica ejercer su total predominio en la defensa de nuestras instituciones democr¨¢ticas. Esto nos ha llevado a frecuentes indultos y amnist¨ªas para desactivar el alzamiento armado. A¨²n en tiempos recientes se han otorgado indultos a lo que llamamos desmovilizados, esto es los que voluntariamente dejan las armas.

Durante el Gobierno del presidente Uribe, como en el del presidente Santos, ha habido importantes victorias militares lo que ha demostrado la inviabilidad de los prop¨®sitos de la guerrilla. El presidente Santos desde comienzos de su primer Gobierno se ha impuesto la tarea de aclimatar un clima de convivencia, reconociendo el conflicto interno y aplicando una politica de reconocimiento y reparaci¨®n de las v¨ªctimas y de restituci¨®n de tierras. Inici¨® un proceso de paz con conversaciones directas con las FARC en La Habana, previa definici¨®n de una agenda con la guerrilla que ha facilitado las negociaciones. Ya se han logrado acuerdos sobre participaci¨®n pol¨ªtica y apertura democr¨¢tica, desarrollo rural y agrario, abandono de la actividad de narcotr¨¢fico.

Pero en la medida que avanzamos en la agenda de La Habana, el proceso de paz da la impresi¨®n de que, aun si se cierra y se firma un acuerdo, este puede dejar vivos muchos conflictos irresolutos de la guerra, que solo se van a resolver algunos de los problemas de los combatientes con la justicia, y que se est¨¢ prestando para que muchos colombianos crean que est¨¢ ¨²nicamente dirigido a resolver los problemas de las FARC con la justicia, y no todos los que se han generado dentro de la sociedad colombiana durante la guerra a lo largo de m¨¢s de cincuenta a?os.

Tal como est¨¢ planteado deja por fuera a los miles de miembros de la sociedad civil, empresarios, pol¨ªticos, miembros de la rama judicial que de una u otra manera han sido tambi¨¦n protagonistas de ese conflicto. Por eso hemos planteado, tambi¨¦n, que la justicia transicional cubra a los ¡°sectores no combatientes¡± de las distintas ramas de la sociedad. Si a los jefes paramilitares, se les ha tratado con penas cortas, es justo que los no combatientes reciban pena no privativa de la libertad a cambio de su reconocimiento de los delitos cometidos, de su solicitud de perd¨®n y de su voluntad de reparar a las v¨ªctimas.

La paz que estamos buscando es una decisi¨®n pol¨ªtica colectiva que debe adecuarse a las nuevas reglas internacionales

El presidente Santos ha afirmado que los militares tendr¨¢n seguridad jur¨ªdica en el posconflicto pero el que no se hayan concretado los detalles de esa ¡°seguridad jur¨ªdica¡± ha acumulado temores, en muchos casos fundados. La mayor¨ªa de los colombianos no queremos vivir bajo la perspectiva de que los guerrilleros cuenten con libertad y hagan politica y muchos de los oficiales de la fuerza p¨²blica que defendieron nuestro orden jur¨ªdico, aun los que cometieron excesos, permanezcan o vayan a la c¨¢rcel por acciones dentro del conflicto.

Nuestra fuerza p¨²blica debe quedar protegida judicialmente para que no se den en Colombia las vicisitudes a las que han estado sometidas en otros pa¨ªses del continente, donde se han reabierto los procesos despu¨¦s de que los militares hab¨ªan quedado amparados por medidas de indulto o punto final.

El caso de Colombia es muy diferente al de esos pa¨ªses. No es la represi¨®n propia de dictaduras militares durante la Guerra Fr¨ªa, fundamentada en razones ideol¨®gicas. Lo que hemos tenido en Colombia son unas Fuerzas Armadas defendiendo a las instituciones constitucionales con el uso leg¨ªtimo de la fuerza que ella les otorga. Si le vamos a poner punto final a la guerra mediante la negociaci¨®n de la paz, debemos cerrar la puerta a actuaciones judiciales que sigan buscando responsables por las acciones de la guerra.

La paz que estamos buscando los colombianos es una decisi¨®n pol¨ªtica colectiva que debe adecuarse a las nuevas reglas internacionales, que han significado la creaci¨®n de la Corte Penal Internacional, sin que ellas prevalezcan sobre nuestra voluntad y deseo de paz. El respaldo internacional un¨¢nime y generalizado que se da en este momento debe interpretarse as¨ª. Estoy seguro de que la Corte Penal Internacional ser¨¢ una aliada del proceso de paz colombiano y no un escollo insalvable, como algunos pretenden hacerlo creer.

Esta idea de justicia transicional para todos se podr¨ªa entender como la decisi¨®n pol¨ªtica que involucre a todos los sectores de la sociedad que vivieron el conflicto, directa o indirectamente, y que se exprese en un conjunto de decisiones que garanticen la restauraci¨®n del orden, la seguridad jur¨ªdica y la armon¨ªa social y pol¨ªtica, condicionado este tratamiento a la no repetici¨®n, a la verdad y a la reparaci¨®n.

Cesar Gaviria es expresidente de Colombia.