Un ¡°gran fraude¡±

Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n afirma que en los ERE sufragados por la Junta de Andaluc¨ªa ¡°no hubo un gran plan, pero s¨ª un gran fraude¡± y reconoce que las ayudas incontroladas a empresas fueron ¡°una barbaridad¡±. Afirmaciones tan contundentes en boca de quien fue consejero de Econom¨ªa desde 2004 hasta 2009 ¡ªy despu¨¦s, presidente del Gobierno aut¨®nomo¡ª despejan cualquier duda que el PSOE pudiera albergar a¨²n sobre la gravedad de lo ocurrido y la inutilidad de restarle importancia.

Los que asistieron a la declaraci¨®n de Gri?¨¢n en el Supremo coinciden en valorar la precisi¨®n de sus explicaciones. Adem¨¢s, no existen indicios de que se haya lucrado personalmente del foco de corrupci¨®n creado ¡ªcomo tampoco se tienen de su predecesor, Manuel Chaves, que declarar¨¢ pr¨®ximamente ante el tribunal¡ª. Las dudas no afectan a la honorabilidad personal de Gri?¨¢n ni de otros altos responsables, sino a su actuaci¨®n como gobernantes encargados de la buena administraci¨®n de los caudales p¨²blicos que les fueron confiados. Esa es la cuesti¨®n de la que deben responder como pol¨ªticos, al margen de si sus actuaciones concretas son o no susceptibles de castigo judicial.

La democracia no se agota en el uso del C¨®digo Penal. La ciudadan¨ªa tiene todo el derecho a que su dinero ¡ªque es de los ciudadanos, no de los gobernantes¡ª sea administrado con un alto grado de profesionalidad y diligencia. Cuando el exconsejero de Trabajo Jos¨¦ Antonio Viera sugiere que carec¨ªa de formaci¨®n para saber lo que estaba firmando, es leg¨ªtimo que los ciudadanos se indignen de la ligereza de la que hacen gala ciertos responsables y los que les nombraron. No es posible pedir confianza en la pol¨ªtica si los gobernantes eluden sus responsabilidades o se escudan en la justicia ¡ªsabedores de su lentitud¡ª para amortiguar o llevar al olvido los casos que a cada uno le afectan. Esa t¨¢ctica ha servido para alimentar a populistas y demagogos, que aprovechan el vac¨ªo dejado por las corrientes centrales de la democracia para presentarse como los salvadores de la limpieza en la vida p¨²blica.

Al PSOE le corresponde tomar medidas en el caso de los ERE, como al PP en otros que le afectan de lleno y que han contribuido no poco a la desconfianza en las instituciones. Es verdad que existe un cierto peligro en dejarse llevar por la espiral de echar de la pol¨ªtica a cualquiera que tenga un roce judicial, pero algunos de los graves esc¨¢ndalos de ambos partidos est¨¢n lo suficientemente documentados como para que tengan consecuencias.

Dicho esto, ser¨ªa err¨®neo centrar la indignaci¨®n en la mera exigencia de cuentas por el pasado. Hay mucho que corregir en los m¨¦todos de la acci¨®n gubernamental, de forma que los ciudadanos puedan empezar a recuperar la confianza en la vida p¨²blica. Asegurarse de que los controles institucionales no fracasen de nuevo es una condici¨®n ineludible para sanear la democracia del presente y del futuro. Y sobre esto no se escucha pr¨¢cticamente nada.