Competencia, meritocracia y corrupci¨®n

Joan Baez ¡ªde gira recientemente por nuestro pa¨ªs¡ª afirmaba que ¡°si no luchas contra la corrupci¨®n, acabar¨¢s formando parte de ella¡±. Es importante recordar esta cita, porque son tantos los casos de corrupci¨®n en nuestro pa¨ªs que frecuentemente cunde el des¨¢nimo y las interesadas y paralizadoras opiniones del tipo ¡°da igual lo que hagamos o lo que votemos, la corrupci¨®n en la clase pol¨ªtica no es m¨¢s que un reflejo de la corrupci¨®n del pa¨ªs¡± ganan adeptos. Este diagn¨®stico es falso: hay que luchar contra la corrupci¨®n y es necesario hacerlo bien.

La corrupci¨®n no es una plaga b¨ªblica, es fundamentalmente un problema de incentivos. La decisi¨®n de corromperse responde en gran medida a un an¨¢lisis coste-beneficio muy racional. Por eso, para combatir la corrupci¨®n, es necesario aumentar sus costes y reducir los beneficios de la misma. No quiero decir que no influya la ¨¦tica, los valores o no haya factores culturales, pero estas dimensiones no explican la escalada de casos de corrupci¨®n a la que estamos asistiendo. Muchos de los casos de corrupci¨®n surgieron en plena burbuja urban¨ªstica, donde los presupuestos p¨²blicos estaban dopados con 50.000 millones de euros de m¨¢s debido a la artificial actividad econ¨®mica generada por el sector de la construcci¨®n, en el que los terrenos aumentaban exponencialmente de valor en funci¨®n de las notas a pie de p¨¢gina de los planes urban¨ªsticos. Los beneficios de corromperse eran indudablemente altos; los costes no tanto.

Nuestra doliente y masificada justicia ha demostrado que, gracias al esfuerzo de polic¨ªa, jueces y fiscales, en Espa?a, la probabilidad de detecci¨®n de estos delitos es alta. Pero la lentitud de los procesos hac¨ªa que seguramente esa no fuera la percepci¨®n que se ten¨ªa a?os atr¨¢s y, adem¨¢s, esa lentitud reduc¨ªa el efecto disuasorio de las penas. Por ¨²ltimo, tenemos que pensar en el efecto clave de la meritocracia sobre los incentivos a corromperse. Los mejores profesionales tienen mayores costes de corromperse, porque sus carreras profesionales despu¨¦s de su paso por la administraci¨®n dependen de su reputaci¨®n. Es innegable que en los ¨²ltimos a?os la lealtad y las conexiones personales han primado m¨¢s que los m¨¦ritos en la designaci¨®n de muchos cargos p¨²blicos.

La propia universidad no ten¨ªa los incentivos para elegir a los mejores profesores

La pregunta clave es: ?c¨®mo podemos vacunarnos contra esa corrupci¨®n en el futuro? Un camino f¨¢cil, visible y por ello tentador como oferta electoral pasa por el aumento de las penas por corrupci¨®n, los controles ex-ante y la reducci¨®n de la discrecionalidad de los gestores p¨²blicos. Es indudable que estas medidas reducen los beneficios de la corrupci¨®n y aumentan sus costes, pero tambi¨¦n tienen un importante coste social y sobre todo reducen la eficacia de la gesti¨®n p¨²blica. Adem¨¢s, las actuales penas por los delitos de corrupci¨®n, dejando a un lado la lentitud y las inexplicables prescripciones de los delitos, no parecen bajas.

La estrategia contra la corrupci¨®n debe ser menos cortoplacista pero m¨¢s ambiciosa, debe descansar en la rendici¨®n de cuentas, la meritocracia y la competencia. Los sistemas de control son imprescindibles, pero tienen muchas limitaciones. Veamos un ejemplo a trav¨¦s de un caso t¨ªpico de corrupci¨®n, que, por cierto, no suele ser calificada como tal: la endogamia universitaria.

A lo largo de nuestras carreras, muchos acad¨¦micos hemos asistido a escandalosos concursos de plazas cuyos tribunales actuaban sin la debida objetividad y otorgaban la plaza de profesor a un candidato con m¨¦ritos claramente inferiores a los de otros competidores. Estos concursos respetaban al m¨¢ximo la formalidad de los procedimientos, de manera que las reclamaciones posteriores raramente prosperaban porque los tribunales eran garantistas y no pod¨ªan entrar en la valoraci¨®n de m¨¦ritos. De hecho, no conozco ning¨²n tribunal acad¨¦mico que fuera juzgado por prevaricaci¨®n. El problema no radicaba tanto en los procedimientos y los controles como en el hecho de que la propia universidad no ten¨ªa los incentivos para elegir a los mejores profesores. En algunos sistemas universitarios for¨¢neos, donde las universidades compiten entre s¨ª y sus recursos dependen de los resultados que obtengan (publicaciones cient¨ªficas, patentes, satisfacci¨®n del alumnado, etc...), la endogamia no existe, porque las universidades tienen incentivos claros para seleccionar los mejores candidatos. La competencia y la rendici¨®n de cuentas son la medicina preventiva de la corrupci¨®n.

La soluci¨®n no es necesariamente un sector p¨²blico m¨¢s peque?o, sino m¨¢s eficaz

Las universidades ¡ªy el sector p¨²blico en general¡ª debemos tratar a los ciudadanos como nuestros accionistas y rendirles cuentas. Evaluar nuestra actividad a trav¨¦s de indicadores que midan nuestro rendimiento absoluto y relativo y asignar los recursos competitivamente en funci¨®n del mismo. En otro ¨¢mbito y al margen del problema de la corrupci¨®n, los planes de infraestructuras deben hacerse en funci¨®n de los an¨¢lisis coste beneficio de las posibles inversiones que se podr¨ªan llevar a cabo. Los proyectos de infraestructuras deben ¡°competir¡± por el valor social que van a generar. Nuestro lujoso AVE deber¨ªa demostrar en el futuro que tiene una rentabilidad social mayor que inversiones alternativas, como por ejemplo, conectar con fibra ¨®ptica hospitales y escuelas. El director de la televisi¨®n p¨²blica debe seleccionar su equipo y la programaci¨®n ¡°meritocr¨¢ticamente¡±, sabiendo que deber¨¢ rendir cuentas con indicadores de calidad y audiencia. En definitiva, debemos incentivar la buena gesti¨®n y no ahogarla reduciendo la discrecionalidad de los gestores.

Por ¨²ltimo, quisiera subrayar que, de todo lo dicho anteriormente, no se debe deducir en absoluto que cuanto menor sea el peso del Estado en la econom¨ªa, menor ser¨¢ la corrupci¨®n. ?ste es un eslogan que tiene mucho de ideol¨®gico, pero la relaci¨®n entre el tama?o del sector p¨²blico, el papel de la regulaci¨®n y la corrupci¨®n no es directa. Los pa¨ªses escandinavos son citados entre los que disfrutan de un mayor sector p¨²blico y, a pesar de ello, tienen uno de los niveles m¨¢s bajos de corrupci¨®n del mundo. La crisis financiera tristemente nos ha demostrado que la corrupci¨®n se da frecuentemente en el sector privado. Las regulaciones son necesarias, porque en el sector financiero ¡ªcomo en muchos otros¡ª los fallos de mercado en general y la informaci¨®n asim¨¦trica en particular, genera incentivos perversos, y la competencia no garantiza, por s¨ª sola, que los intereses de ahorradores, inversores y accionistas minoritarios sean eficazmente protegidos. La soluci¨®n no es necesariamente un sector p¨²blico m¨¢s peque?o, sino uno m¨¢s eficaz, en el que poco a poco, la meritocracia, la competencia y la rendici¨®n de cuentas se vayan instaurando como la cultura dominante.

Juan Jos¨¦ Ganuza es catedr¨¢tico del Departamento de Econom¨ªa y Empresa de la Universidad Pompeu Fabra.