Vuelve la vivienda social

Durante los ¨²ltimos siete a?os las pol¨ªticas p¨²blicas han experimentado una evidente paralizaci¨®n y un recorte del gasto en las funciones que reconoc¨ªan derechos o prestaciones a los ciudadanos. Muchas ayudas que exist¨ªan antes de 2010 se suprimieron y las que se mantuvieron se abonaron con retraso o se impagaron, debido al agotamiento de sus dotaciones presupuestarias.? De entre ellas me referir¨¦ a la de vivienda, donde el marco que la define ven¨ªa experimentando un fen¨®meno parad¨®jico al desaparecer, cuando resultaba necesaria para proteger a los colectivos m¨¢s desfavorecidos o con problemas de ingresos. En este per¨ªodo se ha acentuado el serio desajuste que ya ven¨ªa produci¨¦ndose entre esta pol¨ªtica y las necesidades residenciales de la poblaci¨®n. As¨ª, nos encontramos viviendas protegidas vac¨ªas y un escaso parque de viviendas sociales, junto con un n¨²mero destacado de familias que son desalojadas de sus casas por falta de pago de sus hipotecas o del alquiler, sin que nadie les ofrezca una alternativa habitacional digna.

Al disminuir continuamente el gasto p¨²blico en vivienda, las ayudas personales para su adquisici¨®n descienden bruscamente y las viviendas protegidas terminadas escasean, hasta el punto que en 2014 fueron cuatro veces menos que en 2007. En definitiva, la funci¨®n amortiguadora del impacto de la crisis que estaba atribuida a la pol¨ªtica de vivienda se ha debilitado y mucho. La descripci¨®n hecha hasta aqu¨ª es bastante convencional, pero cabe otra mirada: aquella que proporcionan directamente los afectados por la pol¨ªtica de vivienda cuando dirigen sus quejas a la Defensora del Pueblo de Espa?a o a los Defensores auton¨®micos.

En muchos casos se trata de familias con menores a su cargo o con personas discapacitadas, de mayores, de mujeres solas con cargas familiares... que manifiestan estar en desempleo, carentes de ingresos o con muy escasa cuant¨ªa en aquellos supuestos en los que perciban alguno. En todos estas circunstancias no pueden pagar un alquiler, ni siquiera en el mercado protegido, lo que les lleva a solicitar una vivienda p¨²blica cuya renta quiz¨¢s puedan abonar, seg¨²n vaya siendo su circunstancia personal. La situaci¨®n, que casi siempre trasladan, deja ver un panorama te?ido de una dureza extrema. Tras perder su vivienda se han visto obligados a tener de nuevo que convivir con sus familiares o a ocupar, sin t¨ªtulo legal, alguna vivienda vac¨ªa.

Estos ciudadanos, al exponer sus problemas, precisan las actuaciones que adoptaron las autoridades y que les han perjudicado. De entre ellas citar¨¦ algunas. Por el n¨²mero de afectados destacan las quejas relativas a la supresi¨®n de los subsidios a cargo de los PGE, correspondientes a los intereses de los pr¨¦stamos que ven¨ªan percibiendo. La interpretaci¨®n que hizo el Ministerio de Fomento, suprimiendo las del Plan 2009-2012 y tambi¨¦n, retrospectivamente, las ayudas de planes anteriores, increment¨® las dificultades padecidas por muchos afectados en esta ¨¦poca de crisis.

Al caer continuamente el gasto p¨²blico, las ayudas personales para la adquisici¨®n de pisos se han hundido y las viviendas protegidas terminadas escasean

Otro tanto ocurri¨® con las que se conced¨ªan para la rehabilitaci¨®n de viviendas, como por ejemplo la instalaci¨®n de ascensores, que se dejaron de abonar al carecer las Administraciones P¨²blicas de fondos para ello. La situaci¨®n de aislamiento en muchos hogares, ocupados por personas mayores, que ve¨ªan perjudicada su movilidad aumento y no poco. Abundantes son las quejas, originadas en Madrid, formuladas por los inquilinos de viviendas p¨²blicas porque, sin haberles informado del proceso de su venta, vieron como aparec¨ªa un nuevo propietario privado, poco respetuoso con los t¨¦rminos contractuales previamente fijados. Son los casos del IVIMA y de la EMVyS. Un acto pol¨ªtico consum¨® el traspaso de la propiedad de las viviendas a fondos financieros, con la consiguiente privatizaci¨®n total del servicio p¨²blico.

Un ¨²ltimo motivo de queja lo proporciona el drama humano que existe tras cada uno de los desahucios. Sin lugar a duda estamos ante uno de los peores legados de la crisis. Su cotidianeidad ha hecho que sea uno de los primeros integrantes de la agenda pol¨ªtica en cualquier nivel de administraci¨®n.

Son varios los gobiernos auton¨®micos recientemente constituidos que ya han anunciado que inmediatamente aprobar¨¢n la correspondiente modificaci¨®n normativa. Dado que existen diferentes modalidades de desahucio,estamos ante una disposici¨®n de complejo contenido. Este es el elemento en el que coinciden cuantos pretenden hacer frente a esta circunstancia. Todos creen que la protecci¨®n que proporcionan las normas en vigor es poco m¨¢s que un placebo, por lo que se proponen apoyar, con mayor intensidad, a las personas con menores recursos, para lo cual est¨¢n dispuestos a intervenir.?

Desde las diferentes Administraciones se est¨¢n dejando de agavillar expedientes, a la vez que deshacen el ovillo de impagos que conscientemente, unos y otros, han ido acumulando. El tratamiento de los problemas empieza a mejorar.

Francisco Fern¨¢ndez Marug¨¢n es Adjunto Primero al Defensor del Pueblo