Abuso del decreto ley

El 34% de las iniciativas legislativas que ha tramitado el PP en esta legislatura se ha hecho por decreto ley: 73 de las 143. Con ello, el Gobierno de Mariano Rajoy bate el r¨¦cord en una pr¨¢ctica que deteriora la calidad democr¨¢tica y erosiona gravemente el principio de separaci¨®n de poderes. Este procedimiento implica que la norma es aprobada por el Gobierno y entra en vigor sin que haya mediado la intervenci¨®n del Parlamento. Aunque debe ser convalidada por el Congreso en el plazo de 30 d¨ªas, cuando el Gobierno tiene mayor¨ªa absoluta, como ocurre ahora, este puede impedir que la convalidaci¨®n se tramite como propuesta de ley, con lo que evita que puedan presentarse enmiendas e impide que se produzca un debate parlamentario con capacidad de incidir en el texto.

Este mecanismo legislativo tuvo su auge en la primera mitad del siglo pasado, pero fue desapareciendo de las legislaciones europeas y en las pocas que pervive lo hace como un recurso de urgencia para situaciones excepcionales. El art¨ªculo 86 de la Constituci¨®n reserva el decreto ley para casos de ¡°extraordinaria y urgente necesidad¡± y excluye que pueda utilizarse en asuntos cuya regulaci¨®n exige una ley org¨¢nica. El problema es que deja a criterio del Gobierno decidir cu¨¢ndo se da esa situaci¨®n.

Los primeros a?os de la democracia, Adolfo Su¨¢rez utiliz¨® este recurso para sortear resistencias en un momento en que el cambio pol¨ªtico se abr¨ªa paso con dificultad, como la legalizaci¨®n de los partidos o la regulaci¨®n de la huelga. A pesar de todo, en las primeras cuatro legislaturas el recurso al decreto ley no super¨® nunca el 20% de las iniciativas legislativas. Pero a partir de 1993 tanto los Gobiernos del PP como los del PSOE lo han utilizado cada vez con m¨¢s frecuencia y descaro, hasta llegar a la situaci¨®n actual, que puede calificarse de fraude de ley. En abril de 2007, el Tribunal Constitucional anul¨® el llamado decretazo por el que el Gobierno de Aznar cambi¨® en 2002 la normativa laboral por no considerar que obedeciera a una situaci¨®n excepcional, pero no ha servido de correctivo. Ahora tiene pendiente de resoluci¨®n un recurso contra otro decreto de Rajoy que modific¨® nada menos que 26 leyes. Es m¨¢s que discutible que puedan catalogarse como de ¡°extraordinaria y urgente necesidad¡± decretos como el que permiti¨® a Rajoy nombrar de nuevo por mayor¨ªa simple, y no de dos tercios, al presidente de RTVE, o el que impuso el copago en los medicamentos a los pensionistas. Urge poner fin a este abuso y, en todo caso, es uno de los puntos a revisar en una eventual reforma constitucional.