Herramientas de la Constituci¨®n

La llamada coerci¨®n estatal del art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n espa?ola se encuentra claramente inspirada en la coerci¨®n federal alemana regulada en el art¨ªculo 37 de su Constituci¨®n. En ambos casos, el supuesto de hecho que ha de producirse para activar ese mecanismo coactivo consiste en el incumplimiento de una obligaci¨®n constitucional o legal por parte de un land o de una comunidad aut¨®noma. No obstante, en el caso espa?ol, adem¨¢s de esto, se hace una apelaci¨®n m¨¢s amplia a una actuaci¨®n auton¨®mica que atente gravemente contra el inter¨¦s general de Espa?a.

Aunque la determinaci¨®n aprior¨ªstica de lo que constituye un incumplimiento legal o constitucional, o un atentado grave al inter¨¦s general, no resulta sencilla, lo que s¨ª parece evidente es que hay que huir de interpretaciones maximalistas. Es decir, tan solo aquellos incumplimientos que fuesen verdaderamente graves o aquellas actuaciones que trajesen consigo consecuencias altamente perniciosas para el susodicho inter¨¦s general ¡°justificar¨ªan¡± la puesta en pr¨¢ctica de las medidas que cabr¨ªa derivar de esos preceptos constitucionales.

Y, en todo caso, debemos de ser conscientes de que la sola llegada de ese momento es indicativa de que nos encontramos ante una crisis pol¨ªtica e institucional de grandes y profundas dimensiones, que puede desbordar el orden jur¨ªdico constitucional vigente. Por eso, es deseable que el Gobierno federal o nacional, responsable m¨¢ximo a estos efectos, lleve a cabo una aplicaci¨®n prudente del Derecho, acompa?ada de un ejercicio inteligente de la direcci¨®n pol¨ªtica.

Antes de ver cu¨¢les podr¨ªan ser esas medidas coercitivas, interesa hacer una doble reflexi¨®n previa:

1?) Como es natural, podremos discutir el concreto alcance de los incumplimientos constitucionales o legales o del grave atentado al inter¨¦s general de Espa?a por parte de una comunidad aut¨®noma, y de las subsiguientes medidas coactivas a poner en pr¨¢ctica por el Gobierno central; pero lo que a nadie podr¨¢ sorprender es que se dote a este de poderes suficientes para garantizar la subsistencia o viabilidad del Estado. Esto es algo que se deriva de manera inexorable del principio constitucional de unidad del Estado, a cuya garant¨ªa est¨¢ obligado todo Gobierno responsable.

2?) Adem¨¢s, interesa saber que las medidas coercitivas de este estilo no son una anomal¨ªa de nuestra Constituci¨®n, o de la alemana, sino que son frecuentes en el derecho constitucional comparado, en donde lo m¨¢s com¨²n es acudir directamente a t¨¦cnicas, si se quiere decir as¨ª, m¨¢s agresivas para la autonom¨ªa pol¨ªtica de las partes constitutivas del Estado federal o regional, como son las que apuntan directamente a la suspensi¨®n o disoluci¨®n de sus ¨®rganos propios, en el supuesto de que a los mismos les fuese atribuible una lesi¨®n grave del orden constitucional o legal. As¨ª sucede, por ejemplo, en Austria, Italia o Suiza.

No se puede disolver una comunidad aut¨®noma y es dudoso que sea posible reducirle la financiaci¨®n

La determinaci¨®n de cu¨¢les sean las medidas necesarias que el Gobierno central puede adoptar, previo requerimiento al presidente de la Comunidad aut¨®noma, y, en caso de no ser atendido, con la aprobaci¨®n por mayor¨ªa absoluta del Senado ¡ªpara obligarla al cumplimiento forzoso de sus obligaciones constitucionales o legales, o para la protecci¨®n del inter¨¦s general de Espa?a¡ª no es una labor sencilla, dado el silencio que nuestra Constituci¨®n guarda al respecto. No obstante, con car¨¢cter general, cabr¨ªa entender que tales medidas han de ser id¨®neas (para lograr el fin que se persigue) y proporcionales. Entre ellas, cabr¨ªa imaginar las siguientes, enunciadas con car¨¢cter subsidiario:

¡ªDar instrucciones o directrices jur¨ªdicamente vinculantes al Gobierno o Parlamento de la comunidad incumplidora;

¡ªDe no ser estas atendidas, sustituir a la comunidad aut¨®noma incumplidora por v¨ªa ejecutiva, suspendiendo, por el tiempo necesario, a las autoridades y empleados p¨²blicos incumplidores; y nombrar, entretanto, a una especie de comisionado del Estado central para que ejerza las competencias gubernamentales y administrativas auton¨®micas.

¡ªDe resultar insuficientes estas medidas, ordenar la intervenci¨®n de las fuerzas policiales del Estado en la Comunidad aut¨®noma incumplidora; intervenci¨®n que, en todo caso, deber¨¢ dirigirse contra los ¨®rganos o autoridades responsables del incumplimiento, no directamente contra la poblaci¨®n.

Lo que en ning¨²n caso se podr¨¢ hacer es disolver la comunidad aut¨®noma incumplidora, pues ello ser¨ªa contrario al principio de autonom¨ªa constitucionalmente garantizado. Adem¨¢s, resulta dudoso que entre esas medidas coercitivas se pueda incluir la supresi¨®n o disminuci¨®n sustancial de su financiaci¨®n, ya que algo as¨ª, m¨¢s all¨¢ de su efectividad, puede acarrear un perjuicio insoportable para los ciudadanos de su territorio.

Para un Gobierno responsable es irrenunciable ejercer con inteligencia la direcci¨®n pol¨ªtica del Estado

Mucho m¨¢s dudoso resulta el empleo, como ultima ratio, de las Fuerzas Armadas, dado que nuestra Constituci¨®n no contiene una previsi¨®n similar a la existente en Alemania, de la que cabe derivar la prohibici¨®n de tal intervenci¨®n del Ej¨¦rcito federal. Sea como fuere, la eventual aceptaci¨®n de esta posibilidad en Espa?a, dada su indudable gravedad, habr¨ªa de considerarse absolutamente excepcional y, por supuesto, llevarse a cabo con proporcionalidad.

Por ¨²ltimo, me parece que en el caso de que se encuentren disueltas las Cortes Generales, la Diputaci¨®n permanente del Senado est¨¢ capacitada para aprobar las medidas necesarias, y expl¨ªcitamente concretadas, que pretenda adoptar el Gobierno. Si la Diputaci¨®n permanente del Congreso puede asumir las funciones que corresponden a este en los casos de declaraci¨®n de los estados de alarma, excepci¨®n o sitio, ?qu¨¦ sentido tendr¨ªa negar tal posibilidad a la Diputaci¨®n permanente del Senado, para actuar ante una situaci¨®n asimismo grave y excepcional como es aquella que motiva la aplicaci¨®n del art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n?

Concluyo como comenc¨¦, reconociendo que la sola puesta en pr¨¢ctica de la coerci¨®n estatal del mencionado art¨ªculo 155 denota la existencia de un grave conflicto pol¨ªtico y, eventualmente, social, que fuerza seriamente los m¨¢rgenes del Derecho. De ah¨ª que la pretensi¨®n de encontrar soluci¨®n al mismo a partir de lo que las normas prev¨¦n pueda resultar no in¨²til, pero s¨ª insuficiente. No es in¨²til, porque todo Gobierno tiene la obligaci¨®n de hacer frente a un desaf¨ªo tan grave como aquel que aspira a quebrar, desde dentro, el principio de unidad del Estado, a partir de la infracci¨®n de la legalidad vigente. Pero s¨ª es insuficiente, porque mediante la aplicaci¨®n de esas medidas coercitivas no desaparecer¨¢ el problema pol¨ªtico ¡ªy en su caso, social¡ª existentes.

De ah¨ª que sea tambi¨¦n pol¨ªticamente irrenunciable para un Gobierno verdaderamente responsable ejercer con inteligencia la direcci¨®n pol¨ªtica del Estado, ofreciendo respuestas convincentes (un proyecto pol¨ªtico atractivo) a aspiraciones que, en la medida en que se mantengan dentro del respeto a la legalidad, resultan leg¨ªtimas. Porque gobernar responsablemente un pa¨ªs no consiste solo en defender el respeto a la ley, sino tambi¨¦n en liderar los procesos pol¨ªticos de gran envergadura, como lo son claramente aquellos que afectan a la organizaci¨®n territorial del propio Estado, mediante la realizaci¨®n de propuestas o la b¨²squeda de acuerdos o compromisos entre todas las partes. Seguimos esperando.

Antonio Arroyo Gil es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Aut¨®noma de Madrid. @AArroyoGil