?Qu¨¦ hacemos con la corrupci¨®n?

Tras las elecciones de ayer, volvemos a enfrentar la doble incertidumbre de si las nuevas Cortes ser¨¢n capaces esta vez de investir un gobierno y de cu¨¢l ser¨¢ su composici¨®n pol¨ªtica. Desde luego la existencia de opciones diferentes implica que la agenda que se proponga el nuevo gobierno puede ser radicalmente distinta en muchos campos muy relevantes como la pol¨ªtica econ¨®mica, la pol¨ªtica social, las relaciones con los socios europeos, la educaci¨®n, etc., etc. Sin embargo, la duda sobre qu¨¦ fuerzas pol¨ªticas liderar¨¢n el gobierno no deber¨ªa afectar, aunque suene extra?o, a las reformas que se han de emprender para luchar contra la corrupci¨®n.

Desde principios de 2013 los espa?oles han colocado a la corrupci¨®n como el segundo problema p¨²blico del pa¨ªs tras el desempleo, y los principales partidos pol¨ªticos han situado el combate contra la misma en un lugar destacado de sus programas electorales y de sus declaraciones p¨²blicas. Parece evidente que el nuevo gobierno, sea cu¨¢l sea su composici¨®n, tendr¨¢ que proponer de manera prioritaria un conjunto de reformas para enfrentarse a este problema. Y aqu¨ª en realidad no hay muchas alternativas de acci¨®n disponibles. No hay pol¨ªticas anticorrupci¨®n de izquierdas o de derechas. S¨®lo hay buenas (efectivas) y malas (ineficaces) formas de combatir la corrupci¨®n. Por tanto, si el nuevo gobierno quisiera ir en serio en este terreno importa bastante poco en qu¨¦ campo ideol¨®gico se sit¨²e. Es mucho m¨¢s trascendental conocer si realmente tiene una verdadera voluntad de mejorar los niveles de integridad y decencia p¨²blicas.

Si fuera ¨¦ste el caso, si el nuevo gobierno se propone realmente combatir la corrupci¨®n con eficacia, me permito sugerirle una agenda compuesta por tres elementos principales: evitar errores, reducir las oportunidades para la corrupci¨®n y rebajar la percepci¨®n de impunidad. Pero antes de desarrollar estos tres puntos, conviene partir de la idea de que luchar contra la corrupci¨®n no es un problema criminol¨®gico sin m¨¢s, sino que exige la mejora del funcionamiento de nuestro sistema pol¨ªtico en general. Por tanto, una estrategia contra la corrupci¨®n equivale a una estrategia de buen gobierno, esto es, exige mejorar la calidad de nuestras instituciones de gobierno. Y ¨¦sta no es una tarea sencilla. La prueba est¨¢ en que s¨®lo un pu?ado de sociedades del planeta ha conseguido construir un orden de gobernanza que deja poco espacio a la corrupci¨®n.

Algunas instituciones se ponen con demasiada facilidad al servicio de intereses particulares

Pero si nos fijamos en las enormes diferencias de calidad de gobierno entre pa¨ªses que comparten condicionantes estructurales muy parecidos como Costa Rica y sus vecinos centroamericanos, Chile y Argentina o Estonia y Lituania, entenderemos que siempre existe un cierto margen para tomar decisiones sobre dise?o institucional y para cambiar las pr¨¢cticas pol¨ªticas que abren oportunidades de cambios decisivos. En el caso espa?ol, la grave crisis econ¨®mica iniciada en 2008 ha servido de catalizador para sacudir los cimientos de nuestro sistema pol¨ªtico y ha avivado un profundo sentimiento de malestar con su funcionamiento que supone una coyuntura cr¨ªtica favorable para introducir los cambios adecuados que permitir¨ªan mejorar la calidad de nuestras instituciones de gobierno. Para tal fin necesitamos poner en marcha una estrategia que contenga los tres puntos a que me referido antes.

Para empezar, es muy importante evitar caer en errores frecuentes. Se trata de plantear el problema de la corrupci¨®n y el buen gobierno en sus justos t¨¦rminos: ni demasiado amplios, ni demasiado reducidos. Tan equivocado es ampliar el foco del problema a todo el orden constitucional de 1978 o poner en cuesti¨®n los l¨ªmites de la comunidad pol¨ªtica, como si una nueva constituci¨®n o la fragmentaci¨®n del pa¨ªs en diversas comunidades nacionales fueran a mejorar la calidad del sistema pol¨ªtico por s¨ª solas, como reducirlo hasta la inacci¨®n frente a la corrupci¨®n o, lo que es incluso peor, a la realizaci¨®n de reformas cosm¨¦ticas o lampedusistas que no entran al fondo del problema y s¨®lo buscan dar la apariencia de que algo se hace a costa de generar m¨¢s frustraci¨®n y malestar.

El segundo elemento de la estrategia consiste en reducir las oportunidades para la corrupci¨®n. Algunas instituciones p¨²blicas se ponen con demasiada facilidad al servicio de intereses particulares con grave quebranto del inter¨¦s general: se contratan trabajadores p¨²blicos despreciando los principios de m¨¦rito y capacidad y someti¨¦ndolos, por encima de sus deberes profesionales, a la ciega lealtad hacia quien los ha colocado; se otorgan contratos p¨²blicos no a quien haya presentado la mejor oferta para los intereses de la Administraci¨®n, sino a quien se comprometa a vehicular parte de los recursos p¨²blicos obtenidos para otros fines (financiaci¨®n del partido de gobierno, etc.), aunque para ello haya que aceptar modificaciones sobrevenidas del importe del contrato que acaban disparando el precio final que se paga por ellos; etc. Se trata de poner fin a la colonizaci¨®n pol¨ªtica de las administraciones p¨²blicas. Para ello es crucial reforzar e incentivar la imparcialidad de los funcionarios y promover las alarmas tempranas de las irregularidades posibles mediante la protecci¨®n de los denunciantes. A su vez es necesario desarrollar programas de prevenci¨®n adaptados a cada organismo p¨²blico para la gesti¨®n adecuada de los conflictos de inter¨¦s a que se vean expuestos sus integrantes.

Es crucial reforzar la imparcialidad de los funcionarios y promover las alarmas tempranas

Por ¨²ltimo, debemos reducir la percepci¨®n de impunidad. Hay que reforzar los controles efectivos sobre el poder ejecutivo (en sus diversos niveles nacional, auton¨®mico y local, incluyendo todos los entes p¨²blicos). Para ello, es imprescindible vigorizar el papel de control del poder pol¨ªtico por parte del sistema judicial. En este terreno hay mucho por hacer: garantizar la independencia/imparcialidad de tribunales, fiscal¨ªa y polic¨ªa judicial; e incrementar su capacidad de acci¨®n dot¨¢ndolo de m¨¢s medios, reformando por completo el proceso penal (y no precisamente en la l¨ªnea en la que ha ido el Ministro Catal¨¢), alargando las prescripciones de los delitos relacionados con la corrupci¨®n e incrementando sus sanciones. Adem¨¢s, los dem¨¢s mecanismos de control del poder del sistema pol¨ªtico habr¨ªan de robustecer tambi¨¦n su capacidad e imparcialidad: los ¨®rganos de control contramayoritario (como el CTBG, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, la agencias reguladoras¡­), los medios de comunicaci¨®n (despolitizaci¨®n de los p¨²blicos y reducci¨®n de la dependencia pol¨ªtica de los privados v¨ªa autorizaciones y subvenciones), y la ampliaci¨®n de los ¨®rganos de control ciudadano para aumentar la responsabilidad de los propios ciudadanos en la persecuci¨®n de la corrupci¨®n.

Fernando Jim¨¦nez S¨¢nchez es profesor de ciencia pol¨ªtica en la Universidad de Murcia y experto del GRECO (Consejo de Europa).