Pisos tur¨ªsticos bajo la ley

Flexibilizar las reglas para incorporar nuevas realidades econ¨®micas a la legalidad es un objetivo leg¨ªtimo y necesario en una sociedad din¨¢mica como la que aspiramos a tener. Los pisos tur¨ªsticos salieron de la competencia de la Ley de Arrendamientos Urbanos en 2013 y desde entonces est¨¢n sujetos a regulaciones dispares seg¨²n las comunidades aut¨®nomas, en ocasiones en colisi¨®n con los sectores hosteleros que se sienten afectados y en ocasiones en colisi¨®n con una sana competencia. Baleares proh¨ªbe los pisos tur¨ªsticos y permite solo los chal¨¦s unifamiliares; Madrid imped¨ªa alquilar por estancias inferiores a cinco d¨ªas hasta que una sentencia de su Tribunal Superior de Justicia anul¨® esta disposici¨®n; Canarias lo restringe en zonas tur¨ªsticas en una medida impugnada por la Comisi¨®n Nacional de los Mercados y la Competencia.

Las prohibiciones y l¨ªmites tan excesivos son inaceptables en una econom¨ªa abierta como debe ser la espa?ola. Pero permitir no es desregular, y en ese sentido la necesidad de licencias y de los impuestos correspondientes es la v¨ªa para que ese sector pueda seguir creciendo y genere beneficios para el turista, para el arrendatario y no cause perjuicios a la sociedad.

Barcelona ha ordenado el cierre de 256 pisos y ha impuesto multas de 30.000 euros a los portales de alquiler Airbnb y Homeaway por publicar anuncios de pisos sin licencia, una medida que desata la furia de estas plataformas y de los partidarios de la desregulaci¨®n. Pero el exceso de visitantes ¡ªBarcelona recibi¨® 8,9 millones de turistas en 2015¡ª se ha convertido en el cuarto problema para sus ciudadanos, y es responsabilidad de las autoridades municipales ordenar esa realidad.

Los portales no se consideran responsables de infracciones de terceros y han recurrido la multa, que el Ayuntamiento amenaza con elevar hasta los 600.000 euros. El pulso judicial est¨¢ servido y deben ganarlo el equilibrio y la legalidad.