Una Espa?a federal

Desde Gramsci para ac¨¢, sabemos que ¡°relaci¨®n de fuerzas¡±, ¡°guerra de posiciones¡±, ¡°sociedad civil¡± y ¡°hegemon¨ªa¡± son conceptos fundamentales para todo el que pretenda reformar una sociedad. Adem¨¢s, Gramsci distingui¨® solventemente entre la acci¨®n pol¨ªtica en las sociedades occidentales desarrolladas y en las otras: el ¡°asalto a los cielos¡± no era para Occidente. No lo era ya entonces, en vida de don Antonio, y menos lo es ahora. Ni Cuba, ni Bolivia, ni Venezuela ni Kosovo son modelos a seguir.

La Transici¨®n y la Constituci¨®n espa?olas se entienden con base en esos conceptos: la relaci¨®n de fuerzas existente, entonces, no permit¨ªa que ninguno de los bloques sociopol¨ªticos de la ¨¦poca pudiera imponer sus criterios de ordenaci¨®n del Estado y de la sociedad. Por eso se lleg¨® al famoso consenso en el texto constitucional y se dejaron puertas abiertas para que, dependiendo de las relaciones de fuerzas sucesivamente existentes, se procediera a los desarrollos ulteriores en muchas materias. Y, mientras tanto, que cada quien buscara la mejora de sus posiciones en el marco de la sociedad y de las instituciones.

En lo que se refiere a la ordenaci¨®n territorial del Estado, desde julio de 1977 ¡ªsin que se hubiera empezado a hablar de la Constituci¨®n y un a?o y cinco meses antes de que se aprobara¡ª empez¨® a ser dise?ado, con acuerdos importantes, el modelo actual. A Tarradellas, Su¨¢rez le dijo que ¡°las autonom¨ªas deben ofrecerse a todas las regiones espa?olas (¡­), a lo que mostr¨® su conformidad el honorable Tarradellas¡± (comunicado del Ministerio de la Gobernaci¨®n, 2 de julio de 1977, recogido por Tarradellas en Ja soc aqu¨ª, Planeta 1990, p¨¢gina 154). No es que Tarradellas quisiera eso, que no lo quer¨ªa, pero valor¨® la relaci¨®n de fuerzas y lo acept¨®. ?Ah¨ª empez¨® el caf¨¦ para todos!

A partir de 1976, por otra parte, todos iban tomando posiciones. El XXVII Congreso del PSOE, en diciembre de 1976, aprob¨® una resoluci¨®n en la que se dec¨ªa: ¡°Nacionalidades y regiones, en pie de igualdad, constituir¨¢n el Estado Federal que preconizamos¡±. En 1977, Catalu?a, Valencia y Andaluc¨ªa salieron en masa a la calle pidiendo autonom¨ªa. En 1978, todos los partidos andaluces acordaron propugnar la autonom¨ªa de m¨¢s alto nivel. En 1980 Andaluc¨ªa ejerci¨® su derecho constitucional a la iniciativa auton¨®mica plena. En 1981 se firmaron, a escala del Estado, los Pactos Auton¨®micos. En 1983, en fin, se celebraron elecciones auton¨®micas en todas las comunidades que hab¨ªan decidido acceder a la autonom¨ªa por la v¨ªa del art¨ªculo 143.

Todo el proceso de pactos auton¨®micos se desarroll¨® en el marco de la Constituci¨®n y se bas¨® en ampl¨ªsimos acuerdos

Todo ese proceso se desarroll¨® en el marco de la Constituci¨®n y se bas¨® en ampl¨ªsimos acuerdos, con luz y taqu¨ªgrafos, que inclu¨ªan a los partidos nacionalistas catalanes y vascos. As¨ª, de los consensos constitucionales originarios fueron deriv¨¢ndose acuerdos para los sucesivos desarrollos institucionales; y de la posible ¡°bilateralidad¡± originaria ¡ªentre Su¨¢rez y Tarradellas¡ª se lleg¨® a una pluralidad de agentes pol¨ªticos intermedios, se dio origen a la eclosi¨®n de m¨²ltiples sociedades civiles territorialmente definidas y se hizo necesaria la multilateralidad para la toma de decisiones. Cambi¨® la piel entera del pa¨ªs y surgi¨® un nuevo entramado institucional.

Cualquier reforma constitucional tiene que partir de esa realidad asentada. Y todos y cada uno de los agentes pol¨ªticos han de tomar nota de que ninguno de ellos ¡ªninguno, enti¨¦ndase bien¡ª est¨¢ en posici¨®n de intentar imponerse. No hay protagonista hegem¨®nico. La relaci¨®n de fuerzas no es favorable para las aventuras o los caprichos hist¨®ricos, ni en Espa?a, ni en Europa, ni en el mundo globalizado. Y las posiciones est¨¢n tomadas.

Para reformar algo, pues, son precisas las transacciones. Hay materia, ya que todo poder institucional consta de diversos componentes: el ¨¢rea ritual, lit¨²rgica o identitaria, en la que, en mi opini¨®n, puede haber libertad de opci¨®n y cabe la imaginaci¨®n declarativa; el ¨¢rea institucional, en la que, salvados m¨ªnimos comunes ¡ªrepresentativos y de gesti¨®n¡ª, caben asimetr¨ªas; el ¨¢rea competencial, en la que, adem¨¢s de las competencias que hagan referencia a hechos diferenciales, y a salvo la capacidad de prestaci¨®n por igual de servicios a los ciudadanos en todos los territorios de Espa?a, cada comunidad puede ser m¨¢s o menos ambiciosa; el ¨¢rea financiera, que ha de basarse en la suficiencia, la equidad y la solidaridad; y el ¨¢rea de la gesti¨®n, en la que habr¨ªa que mejorar la coordinaci¨®n y la cooperaci¨®n interadministrativa. En ese marco, creo, hay espacios para discutir y acordar. De buena fe, claro.

Jos¨¦ Rodr¨ªguez de la Borbolla es profesor de la Universidad de Sevilla. Fue presidente de la Junta de Andaluc¨ªa entre 1984 y 1990.