Golpe a la competividad

Los empresarios necesitamos desarrollar nuestra actividad con el menor n¨²mero posible de obst¨¢culos y uno de los m¨¢s perniciosos es no contar con unas reglas m¨ªnimamente estables, lo que conlleva inseguridad jur¨ªdica. Limita la acci¨®n y la imprescindible previsi¨®n en las empresas, pero tambi¨¦n toda la actividad econ¨®mica, afectando, por ejemplo, a los planes de inversi¨®n y, por tanto, a la competitividad de las empresas locales, as¨ª como reduciendo el atractivo inversor para las for¨¢neas.

Por eso, los empresarios consideramos que la seguridad jur¨ªdica en Espa?a queda en entredicho con la constante y permanente adopci¨®n de medidas de urgencia en materia tributaria que est¨¢ llevando a cabo el Gobierno. Uno de cuyos ejemplos, la convalidaci¨®n el pasado 15 de diciembre del Real Decreto-Ley 3/2016 de 2 de diciembre con el que se adoptan medidas y modificaciones en el Impuesto de Sociedades, ha provocado el rechazo de empresarios, expertos y analistas. Y no solo por el contenido sino tambi¨¦n por el m¨¦todo utilizado.

Por un lado, la retroactividad -al menos econ¨®mica- de las modificaciones realizadas al impuesto no es admisible desde ning¨²n punto de vista. Es una t¨¦cnica inapropiada e injusta y deja en mal lugar la imagen de nuestro pa¨ªs. Toda medida tributaria debe, por lo general, anunciarse con la debida antelaci¨®n y plantearla a los afectados, otorgando el tiempo necesario para recibir aportaciones y dejando que los grupos parlamentarios puedan proponer enmiendas.

Adem¨¢s, debe observarse que, por ejemplo, las medidas que afectan a la limitaci¨®n de la compensaci¨®n de p¨¦rdidas y de las deducciones por doble imposici¨®n, as¨ª como la imputaci¨®n m¨ªnima de una quinta parte anual de las p¨¦rdidas por deterioro de las participaciones, podr¨ªan tener dif¨ªcil encaje constitucional.

Tambi¨¦n es muy discutible, y as¨ª lo ven numerosos expertos consultados por CEOE, la concurrencia de la extraordinaria y urgente necesidad que justifica la utilizaci¨®n del Decreto-Ley. El uso de los Reales Decretos como m¨¦todo legislativo en estas materias tan sensibles a la actividad econ¨®mica, deber¨ªa ser la excepci¨®n y no la regla, como sucede en la actualidad a la hora de elaborar normas de car¨¢cter tributario.

Los empresarios creemos que no se est¨¢n haciendo bien las cosas cuando se tiene que acudir continuamente a cambiar lo ya modificado

Los empresarios somos los primeros en defender la lucha contra el d¨¦ficit p¨²blico, pero vemos poco explicable que se obtenga la recaudaci¨®n imponiendo a las empresas una especie de deuda forzosa a trav¨¦s de cr¨¦ditos fiscales que se generan o que se aplazan. Carece de sentido sustituir deuda p¨²blica por deuda forzosa distribuida, de forma caprichosa, entre las sociedades afectadas.

Al mismo tiempo, estar expuestos a una continua reforma de los tributos causa grave da?o en la competitividad de las empresas. El Real Decreto 3/2016 est¨¢ modificando una normativa aprobada a finales del a?o 2013 y, entre tanto, se ha producido un proceso de reforma fiscal que supuso una nueva ley del Impuesto aplicable para el ejercicio 2015. La idea era que se diera estabilidad al impuesto a medio plazo, pero, por el contrario, ya se est¨¢ enmendando. Los empresarios creemos que no se est¨¢n haciendo bien las cosas en este ¨¢mbito cuando se tiene que acudir continuamente a cambiar lo ya modificado.

No podemos olvidar que las empresas pagan muchos impuestos y que la presi¨®n fiscal que soportan ya es equiparable a la de la media de la Uni¨®n Europea. De hecho, en el ¨²ltimo informe ¡°EU Taxations Trends¡±, elaborado por Eurostat, se confirma que la presi¨®n fiscal empresarial en Espa?a en relaci¨®n con el PIB es del 10,2%, escasamente por debajo de la Eurozona que es del 10,5%. Tambi¨¦n refleja que la proporci¨®n de recaudaci¨®n procedente de las empresas respecto a los ingresos totales es del 30,4%, sensiblemente superior a la media europea que se sit¨²a en el 26,2%.

Somos los empresarios los que impulsamos la salida de la crisis, haciendo crecer a nuestras empresas, invirtiendo, innovando, exportando y creando empleo. Todo ello requiere aumentar nuestros niveles de competitividad y productividad. Sin embargo, las medidas tributarias que han sido convalidadas el 15 de diciembre cambiando las reglas de juego, ya a punto de terminar el partido, lastran esa competitividad tan necesaria.

Independientemente de las dudas que plantea su encaje constitucional y de c¨®mo se pretenda solucionarlo con el anunciado desarrollo reglamentario son medidas que, a medio plazo, conseguir¨¢n una menor recaudaci¨®n que la que se habr¨ªa logrado con una fiscalidad m¨¢s sensata y justa. Con ella, se hubiera conseguido incrementar la competitividad, dando seguridad jur¨ªdica, y logrando, por tanto, un mayor crecimiento econ¨®mico y creaci¨®n de empleo, el tal¨®n de Aquiles de la recuperaci¨®n.

Juan Rosell es presidente de CEOE

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