Capitalismo pol¨ªticamente garantizado

La afortunada expresi¨®n de Max Weber que encabeza estas l¨ªneas ¡ªuna alternativa a la de capitalismo clientelar¡ª ser¨ªa aplicable a buena parte del sistema econ¨®mico espa?ol. En este marco institucional, el Estado, o quienes ejercen el poder pol¨ªtico de hecho, protege a un determinado n¨²mero de empresas utilizando distintas v¨ªas: asume el riesgo de las empresas, promulga regulaciones que les benefician, hace la vista gorda ante incumplimientos de normas o ante abusos, las favorecen en concursos y adjudicaciones, etc¨¦tera. Las consecuencias de estas pr¨¢cticas sobre la eficiencia productiva, sobre la calidad del emprendimiento y sobre la distribuci¨®n de la renta son bastante obvias.

Viene a cuenta esta reflexi¨®n por la noticia de que el Estado debe compensar a Abertis porque el tr¨¢fico en la autopista AP-7 ha sido menor del previsto. Esta asunci¨®n del riesgo empresarial por parte del Estado es la consecuencia de un convenio que el Gobierno de Zapatero suscribi¨® con Abertis en 2006, seg¨²n el cual la empresa realizaba unas inversiones de mejora y el Estado le garantizaba por contrato un flujo de ingresos.

Este potente grupo de concesiones de autopistas se ha visto favorecido por la ¡°garant¨ªa¡± del Estado ¡ªpor utilizar el t¨¦rmino weberiano¡ª antes de su creaci¨®n. Su antecedente, Acesa ¡ªAbertis surgi¨® por fusi¨®n de Acesa y ?urea¡ª, incumpli¨® los t¨¦rminos de las concesiones originales (no reinvirtiendo los excesos de beneficios obtenidos), desoy¨® los requerimientos del Ministerio de Fomento cuando Borrell era ministro (1993), pese a perder sucesivos recursos contra esa resoluci¨®n, y en 1998 lleg¨® a un acuerdo con el Gobierno de Aznar y con la Generalitat por el que se daban como buenos los incumplimientos anteriores y, como premio, ve¨ªa extendido el periodo de concesi¨®n a cambio de unas muy reducidas rebajas tarifarias. Y en 2006, con otro Gobierno, firm¨® el citado convenio con el ministerio de Magdalena ?lvarez que obliga al Estado a pagar a Abertis unos 1.500 millones de euros.

Las malas pr¨¢cticas en la contrataci¨®n p¨²blica generan un sobrecoste del 4,7% del PIB

El convenio parece cerrado de forma tan conveniente para los intereses de Abertis que el Estado tendr¨¢ que pagar, as¨ª lo acaba de confirmar el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Uno no puede evitar recordar los casos Castor y Ferro, en los que empresas del grupo ACS vieron c¨®mo el Estado ha asumido finalmente el riesgo de las inversiones privadas, gracias a sendos contratos t¨¦cnicamente inmaculados. Resulta llamativo que el Consejo de Estado, una semana antes del decreto que sancionaba el convenio entre Abertis y el Ministerio de Fomento, advert¨ªa que este ¡°inclu¨ªa una peligrosa cl¨¢usula de compensaci¨®n que implicaba la desaparici¨®n del riesgo para la empresa concesionaria que se apartaba del principio rector que regulaba las concesiones de autopistas desde 1972¡±. Advertencia que el Consejo de Ministros desoy¨® seis d¨ªas despu¨¦s al aprobar el Decreto 454/2006.

Este caso tan evidente de ¡°capitalismo pol¨ªticamente garantizado¡± dista mucho de ser un hecho aislado. Durante varios a?os las compa?¨ªas el¨¦ctricas se han beneficiado de que las autoridades hayan mirado hacia otro lado cuando estaban recibiendo una financiaci¨®n superior a la que les correspond¨ªa por la regla impl¨ªcita en los costes de transici¨®n a la competencia ¡ªno deb¨ªan ser compensados cuando el precio era superior a los 36 euros el megawatio hora y lo fueron¡ª y se han beneficiado igualmente de la falta de rigor en la gesti¨®n de las concesiones hidroel¨¦ctricas ¡ªtanto en la determinaci¨®n del canon como en la (ausencia de) subasta p¨²blica cuando se terminaba el periodo de concesi¨®n¡ª. Tambi¨¦n en los t¨¦rminos del decreto de 2015 que estableci¨® el llamado impuesto al sol, que eliminaba la competencia de instalaciones fotovoltaicas y lo hac¨ªa especialmente en horas en las que el precio es mayor y el margen de las el¨¦ctricas es m¨¢s elevado.

Y qu¨¦ decir de los bancos, que, por ejemplo, se han beneficiado de una reforma de ida y vuelta en la libertad del cliente de cambiar de hipoteca, que fue facilitada en 1994, cuando quer¨ªan entrar de lleno en el mercado hipotecario ¡ªdominado por las cajas¡ª y se ha restringido notablemente en 2007, cuando los bancos estaban muy presentes en ese mercado crediticio; o que ven c¨®mo la reclamaci¨®n de un cliente ante el Banco de Espa?a carece de efecto aunque este haya dado la raz¨®n al particular.

Pero el capitalismo pol¨ªticamente garantizado no se limita a la protecci¨®n del Estado a las grandes empresas del Ibex ¡ªni, por cierto, es la consecuencia de que no pocas de esas empresas tengan consejeros con pasado pol¨ªtico¡ª. Empresas medianas, coticen o no en un mercado de acciones, reciben trato de favor en concursos, tramitaci¨®n de permisos y normativas por parte de los distintos niveles de la Administraci¨®n p¨²blica, reh¨¦n esta, en muchos casos, de las fuerzas pol¨ªticas. Hay muchas an¨¦cdotas m¨¢s o menos p¨²blicas, pero ser¨ªa necesario un gran esfuerzo compilatorio para revelar con m¨¢s nitidez esta realidad clientelar. Sus consecuencias sobre la competencia y sobre la eficiencia son enormes. Por ejemplo, la Comisi¨®n Nacional de los Mercados y la Competencia estima que las malas pr¨¢cticas en la contrataci¨®n p¨²blica generan un sobrecoste del 25% (un 4,7% del PIB), pero el coste real puede ser mayor por sus efectos sobre la eficiencia productiva.

Empresas medianas reciben tratos de favor en concursos, tramitaci¨®n de permisos y normativas

La existencia de las llamadas ¡°puertas giratorias¡± explica solamente una parte de esta pr¨¢ctica de garant¨ªa pol¨ªtica a las empresas. Peque?a si limitamos la expresi¨®n a la existencia de consejeros de las empresas del Ibex con pasado pol¨ªtico. Mayor si lo extendemos a la actividad profesional de los ex altos cargos que, como pone de manifiesto el reciente estudio de la Fundaci¨®n Hay Derecho, est¨¢ indebidamente supervisada por la Oficina de Conflictos de Intereses: el hecho de que antiguos altos cargos creen consultoras que asesoran a empresas grandes y medianas es m¨¢s frecuente de lo que debiera. Otra puerta giratoria de menor intensidad, pero relevante, ser¨ªa la de abogados del Estado que asesoran a grandes empresas en su relaci¨®n con la Administraci¨®n o en los conflictos con ella.

La financiaci¨®n de los partidos pol¨ªticos constituir¨ªa otro ingrediente de este puzle, pero no s¨¦ si el conjunto formado por las distintas ¡°puertas giratorias¡± m¨¢s las aportaciones a los partidos constituye la raz¨®n fundamental de la realidad institucional resumida por la expresi¨®n de Weber. Lo cual no quiere decir que no haya que poner coto a esas pr¨¢cticas.

Carlos Sebasti¨¢n es catedr¨¢tico de Teor¨ªa Econ¨®mica de la Universidad Complutense y autor de Espa?a estancada (Galaxia Gutenberg, 2016).