Completar la democracia

Las elecciones son demasiado poco para unos y demasiado para otros. Unos insisten en recordarnos los errores de los votantes (Surowiecki) y otros subrayan las limitaciones de los procesos electorales para determinar y hacer valer la voluntad popular (Van Reybroucke). Para los primeros, las elecciones representan demasiado bien lo que quieren los electores y para otros demasiado mal; la principal preocupaci¨®n es, en el primer caso, el populismo, y en el segundo, la crisis de la democracia representativa. Unos consagran el orden constitucional o la legalidad vigente como algo que en ning¨²n caso puede ser socialmente verificado; otros apelan a la voluntad de los militantes, a las consultas o defienden la tesis de la ¡°absoluci¨®n electoral¡± para los corruptos.

Algo est¨¢ pasando en nuestros sistemas pol¨ªticos cuando la inminencia de una cita electoral es vista como una amenaza (o la ausencia de elecciones inmediatas se celebra como una oportunidad para llevar a cabo ciertas pol¨ªticas) o, en el caso opuesto, se tiene una concepci¨®n descontextualizada e irrefutable de la voluntad popular, es decir, sin contrapesos, marco legal, informaci¨®n suficiente, espacio para la deliberaci¨®n o protecci¨®n de las minor¨ªas.

Lo complicado del asunto es que todos tienen algo de raz¨®n. Se tratar¨ªa, por tanto, de compaginar ambas posiciones, de completar la democracia, que no es una mera legalidad constitucional, pero tampoco una serie de big bangs constituyentes, que no puede prescindir del electorado, pero que no debe ser solo democracia electoral. No se pueden suprimir las instituciones de la democracia electoral sin da?ar la democracia, pero se la puede y debe completar con otro tipo de instituciones que defienden valores igualmente necesarios para la calidad de la vida democr¨¢tica.

En todos los Estados democr¨¢ticos hay previsiones constitucionales o cuasiconstitucionales que limitan el poder del demos y configuran una serie de instituciones que no representan tanto a las personas sino a ciertos valores o bienes p¨²blicos. Representan de alg¨²n modo la imparcialidad y defienden determinado bien com¨²n al margen e incluso por encima de los electores actuales. Una caracter¨ªstica de la gobernanza de todas las democracias contempor¨¢neas es la delegaci¨®n de poderes significativos en instituciones que no rinden cuentas directamente ante los votantes o los representantes electos: tribunales, bancos centrales independientes, autoridades regulatorias de supervisi¨®n y regulaci¨®n, comisiones de la competencia y tribunales de cuentas se hacen cargo cada vez de m¨¢s ¨¢mbitos de la vida pol¨ªtica y econ¨®mica. Hay un desplazamiento del poder hacia lugares menos sometidos al escrutinio y control p¨²blicos, y esa derivaci¨®n no siempre est¨¢ motivada por intenciones perversas sino tambi¨¦n por necesidades funcionales que es necesario entender y legitimar.

El poder se desplaza hacia lugares menos sometidos al escrutinio y control p¨²blicos

?C¨®mo se justifica la existencia de tales instituciones? De entrada, hay una justificaci¨®n funcional. Existe un amplio consenso en torno a la convicci¨®n de que, por ejemplo, el control de las normas y la pol¨ªtica monetaria o crediticia son mejor desempe?ados por los tribunales constitucionales y los bancos centrales que por los parlamentos. Imaginemos las consecuencias desastrosas que tendr¨ªa la asunci¨®n de estas tareas por los parlamentos. De ah¨ª que la delegaci¨®n de estos momentos de soberan¨ªa no debilite sino que fortalezca la democracia, si es que por democracia entendemos no solo la formalidad de qui¨¦n toma las decisiones sino la capacidad de proporcionar determinados bienes p¨²blicos.

No est¨¢ de moda defender las instituciones t¨¦cnicas, pero conviene recordar la funci¨®n que ejercen en una democracia. En una entrevista publicada por S¨¹ddeutsche Zeitung, el director general de la oficina estad¨ªstica de la UE, Walter Rademacher, explicaba la responsabilidad de los Estados miembros al dar por buenas las cuentas de Grecia para su ingreso en la moneda ¨²nica cuando todos ten¨ªan serias dudas acerca de la fiabilidad de las informaciones proporcionadas por el Gobierno griego. Por esta raz¨®n el Eurostat pidi¨® m¨¢s poderes de control pero los Estados miembros se opusieron a ello. En aquel caso, los t¨¦cnicos ten¨ªa raz¨®n frente a quienes representaban a sus electorados.

No est¨¢ de moda defender los organismos t¨¦cnicos, pero conviene recordar su funci¨®n

Un segundo tipo de legitimidad de esta delegaci¨®n en instituciones independientes del ciclo electoral procede de la justificaci¨®n por el largo plazo. Uno de los problemas de las actuales democracias es su inconsistencia temporal, el hecho de que sacrifiquen los proyectos de largo alcance ante el altar de los beneficios electorales inmediatos. Todo lo que tiene que ver con la protecci¨®n de las minor¨ªas, la justicia intergeneracional o ciertos compromisos medioambientales (es decir, con los intereses que por definici¨®n est¨¢n escasamente presentes en nuestros procedimientos de decisi¨®n) requieren alg¨²n tipo de justificaci¨®n que no depende de la voluntad de los electorados realmente existentes.

Este tipo de bienes solo pueden protegerse cuando una parte de la soberan¨ªa es transferida a un nivel menos ¡°electoralmente democr¨¢tico¡± y son adoptadas por instituciones m¨¢s inmunes a las presiones inmediatas. Las instituciones europeas fueron creadas en parte para gestionar este tipo de externalidades intratables por procedimientos democr¨¢ticos. Algunas de las acusaciones de tecnocracia o d¨¦ficit democr¨¢tico tienen que ver con esta circunstancia; no con que no sean suficientemente democr¨¢ticas sino con que no son electoralmente democr¨¢ticas. Los costes de una instituci¨®n no democr¨¢tica (o mejor: no electoral o mayoritariamente democr¨¢tica) tienen que ser sopesados con los beneficios de salvaguardar ciertos bienes colectivos. Pensar de este modo no equivale a derogar la democracia sino m¨¢s bien defenderla frente a su debilidad. Todo ello no es incompatible con ciertas reformas que deben asegurar sus procedimientos para hacerlas m¨¢s democr¨¢ticas, por ejemplo, m¨¢s representativas (pensemos en la escandalosa infrarrepresentaci¨®n de las mujeres en el Banco Central Europeo) o reformulando su independencia, siempre y cuando se lleven a cabo sin comprometer su naturaleza.

Podr¨ªamos concluir afirmando que estas instituciones deben entenderse como un constitucionalismo democr¨¢ticamente configurado y no como una democracia constitucionalmente restringida. Ser¨ªan democr¨¢ticamente inaceptables si fueran modos de impedir el poder del pueblo y no un modo de canalizarlo adecuadamente o si estuvieran configuradas de tal manera que se encontraran absolutamente fuera del alcance de la discusi¨®n p¨²blica y la reforma.

Daniel Innerarity es catedr¨¢tico de Filosof¨ªa Pol¨ªtica e investigador Ikerbasque en la Universidad del Pa¨ªs Vasco. La democracia en Europa (Galaxia-Gutenberg) es su ¨²ltimo libro.