El debate p¨²blico en Espa?a sobre cuestiones con impacto territorial es peculiar. Frente a lo que ocurre en la inmensa mayor¨ªa de pa¨ªses, tambi¨¦n en los descentralizados y federales, argumentar desde una perspectiva de conjunto o "espa?ola¡± es r¨¢pidamente visto como indicativo de prejuicios jacobinos. Sin embargo, un pa¨ªs federal es un pa¨ªs de confecci¨®n dual, con comunidades pol¨ªticas a doble escala (al menos) e identidades y lealtades tambi¨¦n binomiales; siendo el todo tan importante como las partes. Lo l¨®gico es que a veces se porte un sombrero y a veces otro. Seguramente, la insistencia del r¨¦gimen franquista en el lema de la unidad de Espa?a y la incisiva persecuci¨®n y castigo de la diversidad cultural y ling¨¹¨ªstica ayudan a explicar esta particularidad, a pesar de las cuatro d¨¦cadas de democracia transcurridas.

En consecuencia, en las arenas pol¨ªticas auton¨®micas, incluso all¨ª donde la identidad auton¨®mica es relativamente d¨¦bil, existe una clara tendencia a ponerse anteojeras y apuntarse a la percepci¨®n parcial y al discurso del agravio comparativo, mostrando escasa empat¨ªa respecto a los ciudadanos de otros territorios y bordeando la l¨®gica confederal, seg¨²n la cual el todo es algo que nadie defiende con convicci¨®n. Quien no lo hace as¨ª corre el riesgo de dejar de ser patriota autonomista y, si es cargo electo, perder respaldo en las siguientes elecciones. Tenemos ejemplos por doquier.

Si hablamos de la inversi¨®n territorializada de la administraci¨®n central, lo ¨²nico que parece importar es el importe global y el porcentaje que le toca a cada uno cada a?o, olvid¨¢ndose de lo que se ha hecho en el pasado en cada sitio o de los d¨¦ficits observables en las diferentes Comunidades Aut¨®nomas. De forma sistem¨¢tica, se orilla u olvida de que la parte del le¨®n de esa inversi¨®n debe responder a un mapa racional e integrado de infraestructuras para el conjunto de Espa?a; de que con excesiva frecuencia nos decantamos por inversiones de dudosa rentabilidad social, ante la ausencia de una cultura de evaluaci¨®n de nuestras pol¨ªticas p¨²blicas; o de que los datos muestran que entre el presupuesto inicial y los pactos en el Congreso y la ejecuci¨®n de inversiones media una distancia m¨¢s que notable.

Cuando nos referimos a la financiaci¨®n auton¨®mica, todas las Comunidades Aut¨®nomas parecen ser v¨ªctimas de maltrato. Ning¨²n parlamento o gobierno auton¨®mico reconoce abiertamente que el sistema trata bien a su territorio en t¨¦rminos comparados, aunque la realidad objetiva es que algunos est¨¢n claramente mejor que otros en cuanto a recursos. Culpamos al gobierno central de nuestros males, como si ¨¦ste fuese escogido por neozelandeses o chipriotas, y no en las elecciones generales en la que todos votamos.

Respecto a la financiaci¨®n todas las comunidades parecen ser v¨ªctimas de maltrato

Tan preocupados estamos de los agravios comparativos, que hemos convertido la literatura sobre el c¨®mputo de balanzas fiscales en fil¨®n sin par para los acad¨¦micos espa?oles, al tiempo que cualquier asimetr¨ªa competencial es mirada con recelo y envidia. Consecuentemente, la f¨®rmula del ¡°caf¨¦ para todos¡± acaba siendo inevitable, a pesar de que choca frontalmente con los deseos y preferencias sobre el grado de descentralizaci¨®n en las distintas autonom¨ªas. Los estudios disponibles muestran que en algunos territorios hemos llegado a una descentralizaci¨®n excesiva a ojos de los ciudadanos (Extremadura o Murcia) y en otros no llega (Catalu?a y Pa¨ªs Vasco). La situaci¨®n alcanza el disparate con las quejas sobre la injusticia de que los tributos auton¨®micos no sean los mismos en todas partes, o de que la cartera de servicios no sea id¨¦ntica. Si queremos homogeneidad total, mejor ser¨ªa haber optado por un modelo centralizado y ahorrarnos los inevitables costes administrativos adicionales de una organizaci¨®n descentralizada.

Me temo que tenemos un d¨¦ficit sustancial de agentes pol¨ªticos y sociales con una visi¨®n global e integrada de las cuestiones caracterizadas por una dimensi¨®n territorial significativa. Algo que es perfectamente compatible con la defensa de un sistema federal avanzado y de soluciones asim¨¦tricas, en correspondencia a realidades y preferencias que tambi¨¦n lo son. Avanzar en la reducci¨®n de ese d¨¦ficit nos ayudar¨ªa a resolver otras asignaturas pendientes, como la necesaria reforma de las instituciones, para ajustarlas a la realidad descentralizada que ya vivimos; la consolidaci¨®n de la cultura federal de la diversidad, que emana de forma natural del ejercicio de las competencias de cada uno; la comprensi¨®n por parte de los ciudadanos del reparto de competencias de gasto y tributarias, para que la responsabilidad pol¨ªtica funcione; y el ejercicio de la lealtad mutua en las relaciones intergubernamentales.

Santiago Lago Pe?as es director de GEN (Universidad de Vigo).