Hacia la autocracia

La proposici¨®n de ley de transitoriedad jur¨ªdica y fundacional de la rep¨²blica catalana presentada ayer al Parlament por el bloque secesionista es una norma de abrupta ruptura con apariencia de ley fundamental provisional, radicalmente anticonstitucional y antiestatutaria.

En realidad es exactamente el mismo texto que desvel¨® EL PA?S el 3 de julio (con unos a?adidos de r¨¦gimen electoral), y que fue desmentido con desd¨¦n por el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, quien ahora deber¨ªa pedir excusas: a los lectores, a los que pretendi¨® enga?ar.

Como su precedente, el texto predise?a un r¨¦gimen pol¨ªtico para Catalu?a no solo iliberal, sino autoritario. Su tinte autocr¨¢tico se inspira parcialmente en el dictado por el presidente Vlad¨ªmir Putin para Crimea. Quiz¨¢ algunos lectores ben¨¦volos consideren que eso es una exageraci¨®n. Por desgracia, no lo es. Hay tres rasgos que asimilan el r¨¦gimen dibujado por el president Carles Puigdemont ¡ªbajo control de la antisistema CUP¡ª a una autocracia.

Uno es la anulaci¨®n del Estado de derecho, al cancelar la divisi¨®n de poderes y someter el sistema judicial al imperio del Ejecutivo. El presidente del Tribunal Supremo que se propone ser¨ªa nombrado por el presidente de la Generalitat (algo ins¨®lito en la Europa democr¨¢tica) y el entero aparato de la justicia, incluida la selecci¨®n de jueces y sus cargos, depender¨ªa de una comisi¨®n mixta en la que el Ejecutivo ostentar¨ªa la mayor¨ªa absoluta de votos.

El segundo rasgo antidemocr¨¢tico es que el pr¨®ximo Parlament, que en teor¨ªa tendr¨ªa funciones constituyentes, carecer¨ªa de ellas: deber¨ªa obedecer un ¡°mandato¡± vinculante dictado por un ¡°proceso de participaci¨®n ciudadana¡± (lo que t¨¦cnicamente fue la kermesse del 9-N) hegemonizado por un foro social no electo, sino previsiblemente compuesto por entes del tipo ?mnium, Assemblea Nacional y dem¨¢s terminales subsidiadas del soberanismo.

Y el tercero es la normativa electoral, lo ¨²nico nuevo aupado a este texto de ruptura. Su ¡°sindicatura¡± (junta electoral) no la formar¨ªan jueces, sino otras personas elegidas por la (exigua) mayor¨ªa simple parlamentaria secesionista. Adem¨¢s, va contra el Estatut, que impone que la ley electoral concite una mayor¨ªa reforzada de dos tercios: un mandato jam¨¢s alcanzado por el secesionismo. Que por eso busca ahora eludirlo, violando la ley m¨¢xima de Catalu?a.

As¨ª que al dislate de la ruptura constitucional/estatutaria se le suma el agravante de que esas normas democr¨¢ticas ser¨ªan sustituidas por otras autocr¨¢ticas. Y pr¨®ximas a la democracia org¨¢nica, si bien ahora algo suavizada por la tolerancia de partidos, si se someten a las normas secesionistas. Estamos ante un proyecto que no se merece ning¨²n ciudadano catal¨¢n. Tampoco el grueso de los independentistas de buena fe, a los que se pretende seducir con una democracia ¡°de alta calidad¡±, de lo que est¨¢ muy lejos este texto ¡°fundacional¡±.

Adem¨¢s, esta norma es clandestina, pues oculta los cinco reglamentos que la acompa?an. Y se f¨ªa a una cl¨¢usula suspensiva (la victoria de un s¨ª en el hipot¨¦tico refer¨¦ndum), algo propio de los contratos civiles, pero indigno de un texto de car¨¢cter y alcance pretendidamente constitucional. Al dislate pol¨ªtico y el enga?o a los ciudadanos se une as¨ª el desatino jur¨ªdico.