Un buen pacto
El pacto de Estado para atajar los malos tratos debe ponerse en marcha con rapidez
El pacto de Estado contra la violencia de g¨¦nero ha recibido la luz verde del Congreso de los Diputados en un acuerdo decisivo, no solo por el avance que supone en la lucha contra un problema muy grave y muy enquistado ¡ª2016 se cerr¨® con 44 v¨ªctimas mortales y este a?o ya han muerto 39 mujeres y 6 ni?os¡ª sino porque demuestra que cuando hay voluntad pol¨ªtica es posible encontrar puntos de encuentro. Desde que en 2000 se alcanz¨® el acuerdo antiterrorista que inici¨® el fin de ETA no se hab¨ªa suscrito ning¨²n otro pacto de Estado. Solo hay que lamentar que no se alcanzara por unanimidad de las grandes fuerzas por la cicatera abstenci¨®n de Podemos, debida m¨¢s al deseo de marcar un perfil que a objeciones de fondo.
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El plan re¨²ne las condiciones para que se pueda producir un cambio de tendencia: una bater¨ªa de 213 medidas que abarcan desde pol¨ªticas educativas y preventivas hasta modificaciones legislativas y prestaciones econ¨®micas; un presupuesto adicional de 1.000 millones de euros en cinco a?os, y una comisi¨®n de supervisi¨®n que vigilar¨¢ por su cumplimiento. El texto final incluye medidas para las madres maltratadas que han perdido a sus hijos en manos del agresor, como Ruth Ortiz, cuyo marido, Jos¨¦ Bret¨®n, mat¨® a sus dos hijos para causarle el peor dolor.
El pacto ampl¨ªa la protecci¨®n a los hu¨¦rfanos y a las mujeres que sufren otros tipos de violencia, como matrimonios forzados, mutilaciones o explotaci¨®n sexual. La trata de mujeres es un problema oculto muy grave: en 2016 la polic¨ªa identific¨® como esclavas sexuales a 367 mujeres, pero las condiciones de terror y explotaci¨®n en que viven hace que pocas se atrevan a denunciar, por lo que esa cifra es solo la punta de un siniestro iceberg. El paso est¨¢ dado. Ahora hay que acelerar las reformas legislativas que el pacto exige, entre ellas la supresi¨®n del atenuante de confesi¨®n en los delitos de violencia de g¨¦nero o los cambios en el r¨¦gimen de la custodia compartida.
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