Frente a la insurrecci¨®n, la ley pero no solo la ley
Lo que debe aclarar Rajoy es lo que est¨¢ dispuesto a hacer para que este pa¨ªs y sus diecisiete autonom¨ªas tengan un proyecto de futuro, en democracia y pac¨ªfica convivencia
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El Gobierno de la naci¨®n por un lado y el de la Generalitat por el otro se apresuraron ayer a cantar victoria tras la vergonzante jornada que los ciudadanos de Catalu?a se vieron obligados a vivir por culpa de la arrogancia xen¨®foba ¡ªen alianza con las fuerzas antisistema¡ª que Carles Puigdemont representa y la absoluta incapacidad de gesti¨®n del problema por parte de Mariano Rajoy desde el principio de esta crisis.
Pero lejos de haber ganado ninguno de los que por desgracia ya podemos llamar dos bandos en conflicto, lo de ayer fue una derrota para nuestro pa¨ªs, para los intereses y los derechos de todos los espa?oles, sean catalanes o de cualquier otro lugar de Espa?a, para el destino de nuestra democracia y para la estabilidad y el futuro del sistema de convivencia que hace casi cuarenta a?os nos dimos a nosotros mismos.
Los culpables principales son el presidente de la Generalitat y la presidenta del Parlament
Quede bien claro que en absoluto somos equidistantes respecto a las responsabilidades que hay que pedir a quienes causaron ayer este monumental destrozo en nuestra democracia del que tardaremos a?os en recuperarnos. Los culpables principales son el presidente de la Generalitat y la presidenta del Parlament que hace tiempo pusieron en marcha un proceso destinado a enfrentar a los catalanes entre s¨ª y a Catalu?a con el resto de Espa?a. Lejos de comportarse como dirigentes de todos los ciudadanos de su pa¨ªs han exhibido imp¨²dicamente su condici¨®n de facciosos dando muestras de un incre¨ªble sectarismo. Y lo han hecho con desprecio a la Constituci¨®n, al Estatuto de Catalu?a, a sus representantes democr¨¢ticos y al esp¨ªritu y la letra del C¨®digo Penal. Pero ni sus flagrantes delitos ni sus bravuconadas pueden justificar la pasividad e impericia del presidente Rajoy, su afasia pol¨ªtica, su reiterada incomparecencia ante la opini¨®n y su medrosa delegaci¨®n de responsabilidades en la Administraci¨®n de justicia, retorciendo para ello hasta el estatuto del Tribunal Constitucional y escud¨¢ndose en las decisiones de otros al no querer ¨¦l tomar las que le correspond¨ªan.
Dos afirmaciones recientes del jefe del Gobierno bastan para ilustrar esto que decimos. En primer lugar, la de que nadie podr¨ªa haber imaginado que las cosas llegar¨ªan a este extremo. Y enseguida, de forma reiterada ¡ªexpresada incluso ayer por el ministro del Interior¡ª la de que la actitud de la Generalitat les est¨¢ obligando a hacer lo que no quer¨ªan hacer. Si Rajoy no hab¨ªa imaginado nunca que esto se iba a poner como se ha puesto debe de ser porque desde hace a?os no lee los peri¨®dicos, ni los de Catalu?a ni los de Madrid, y no ve la televisi¨®n. Se cuentan por cientos, por miles, los art¨ªculos y declaraciones de pol¨ªticos, intelectuales, empresarios, l¨ªderes sociales, periodistas y observadores de todo tipo que vienen, desde hace a?os, por un lado anticipando lo que claramente preparaban los independentistas, y anunciando, por otro, la necesidad de tomar la iniciativa para resolver las cuestiones no resueltas de la organizaci¨®n territorial de Espa?a.
Son injustificables en Rajoy su pasividad, su impericia y la delegaci¨®n de responsabilidades
En cuanto a lo de verse obligado el Gobierno a hacer lo que no quiere pone de relieve que, en efecto, nunca ha sabido lo que quer¨ªa y deb¨ªa hacer a este respecto. Quiz¨¢s se vea ahora, en cambio, obligado a hacer lo que evidentemente nunca quiso: contribuir a revisar la Constituci¨®n, abrazar los principios federales que subyacen en la Espa?a de las autonom¨ªas y buscar el consenso pol¨ªtico necesario que evite la divisi¨®n entre espa?oles, dram¨¢ticamente puesta de manifiesto en los acontecimientos de ayer y los d¨ªas precedentes.
Hace casi cinco a?os que nuestro peri¨®dico public¨® una reflexi¨®n, fruto del com¨²n debate en su consejo editorial, sobre C¨®mo reconstruir el futuro. En ella se explicaba textualmente que ¡°con ser muy grave la crisis econ¨®mica por la que atraviesa Espa?a, con seis millones de parados y un empeoramiento general del nivel de vida, su importancia palidece si se la compara con la crisis pol¨ªtica e institucional que el pa¨ªs afronta¡±. Y propon¨ªamos un dec¨¢logo de medidas entre las que sobresal¨ªa la urgencia de una reforma de la Constituci¨®n y la reconversi¨®n del Estado de las Autonom¨ªas de acuerdo con el modelo federal. Nuestro editorial terminaba entonces llamando la atenci¨®n sobre que era tarea de los l¨ªderes pol¨ªticos encabezar un proceso as¨ª y advert¨ªamos de que ¡°si, acosados por la opini¨®n y las sombras de su pasado, se enrocan en su ensimismamiento y hacen o¨ªdos sordos a las demandas de la ciudadan¨ªa, el r¨¦gimen de la Constituci¨®n de 1978 correr¨¢ innecesarios riesgos en el pr¨®ximo futuro¡±.
El presidente debe aclarar si tienen un proyecto de futuro, en democracia y convivencia pac¨ªfica
Pues bien, el futuro ya ha llegado y si el llamado r¨¦gimen del 78 afronta una crisis de Estado tan grave como la que nos ocupa no es debido principalmente al populismo rampante de los leninistas de color violeta y los okupas metidos a parlamentarios que pretenden invadir las instituciones para dinamitarlas. Responsabilidad mayor recae sobre los partidos tradicionales y constitucionalistas, incapaces de ponerse de acuerdo en cuestiones de Estado para promover las reformas urgentes y necesarias, enrocado el PSOE en las ambiciones personales de sus dirigentes, y bati¨¦ndose a la defensiva el PP, acusado justamente de ser el m¨¢s corrupto de los partidos que nos ha gobernado.
Quiz¨¢s tenga raz¨®n la vicepresidenta del Gobierno al criticar al se?or Iceta por reclamar ayer la dimisi¨®n de Rajoy, acus¨¢ndole de que su demanda responde solo a t¨¢cticas electorales. Pero hoy son muchedumbre los ciudadanos de toda ideolog¨ªa y condici¨®n que no se presentan a elecci¨®n alguna y se manifiestan preocupados por la incapacidad y la falta de asunci¨®n de responsabilidades por parte del presidente del Gobierno, dispuesto a endilgar a los dem¨¢s (jueces, fiscales, polic¨ªas, Guardia Civil) un trabajo que primordialmente era suyo. Todav¨ªa estamos esperando que se le ocurra dirigir un requerimiento formal (no solo declaraciones a los medios) al presidente de la Generalitat, conmin¨¢ndole a que cese en su actividad sediciosa y se enfrente al problema pol¨ªtico que verdaderamente tiene ante s¨ª: no es ni era la eventual celebraci¨®n de una consulta popular suspendida por el Tribunal Constitucional, sino la incitaci¨®n a una declaraci¨®n unilateral de independencia por parte de quien parad¨®jicamente es el m¨¢s alto representante del Estado en la comunidad aut¨®noma de Catalu?a. Y que en su loca huida hacia adelante no ha dudado en promover lo que tiene todos los perfiles de un movimiento insurreccional, con el apoyo cuando menos pasivo de un cuerpo armado como el de los Mossos.
La actuaci¨®n de la polic¨ªa auton¨®mica de Catalu?a es particularmente grave. Si los Mossos, como les fue ordenado, hubieran impedido de antemano la apertura de colegios electorales y retirado urnas y papeletas, esta tarea no habr¨ªa tenido que ser realizada despu¨¦s por la Polic¨ªa y la Guardia Civil y nos habr¨ªamos evitado muchas de las escenas lamentables que ayer dieron la vuelta al mundo. Evidentemente, esto ¨²ltimo era el objetivo prioritario del Govern, que no dud¨® para ello en situar a los Mossos en su mismo terreno de rebeld¨ªa. No queremos que esto se interprete como una justificaci¨®n por anticipado de la conducta del resto de las fuerzas del orden del Estado espa?ol. Su actuaci¨®n se produjo, por supuesto, dentro de la ley, y como es propio de un Estado de derecho, en la medida en que hayan cometido excesos, se haya aplicado la fuerza de forma desproporcionada o empleado material no autorizado, sus actuaciones ser¨¢n sometidas al escrutinio de los tribunales y, si fuera el caso, sancionadas.
Ha habido desde el principio m¨¢s actores en esta crisis. Ya habr¨¢ tiempo de debatir sobre la alianza espuria entre los intereses del capitalismo proteccionista de la burgues¨ªa catalana con los objetivos del anticapitalismo nihilista y tantas veces violento que representa la CUP. Tiempo tambi¨¦n para lamentar la ambig¨¹edad y escasa presencia del PSOE en este proceso, cuyos or¨ªgenes se inscriben en algunas torpes decisiones del presidente Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero. Hoy toca saber c¨®mo va a seguir enfrentando este descomunal desaf¨ªo el Gobierno leg¨ªtimamente elegido por los espa?oles. Estos tienen derecho a que Rajoy se lo explique sin necesidad de repetir lo que ya sabemos, que es preciso garantizar el imperio de la ley, porque eso es tan obvio como que amanece cada d¨ªa. Para nada vale que el Gobierno se lamente de que le obligan a hacer lo que no quer¨ªa. Lo que tiene que aclarar su presidente, si es capaz de ello, es lo que verdaderamente quiere y est¨¢ dispuesto a hacer para que este pa¨ªs y sus 17 autonom¨ªas tengan un proyecto de futuro, en democracia y pac¨ªfica convivencia.
El desaf¨ªo independentista catal¨¢n
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