155: cuenta atr¨¢s

Comienza una semana decisiva. Hoy acaba el plazo otorgado por el Gobierno para que el presidente de Catalu?a, Carles Puigdemont, empiece a recular en su carrera hacia la desconexi¨®n o, por el contrario, siga adelante y d¨¦ por declarada la independencia. En tal caso, la aplicaci¨®n del art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n ¡ªya evocado por Mariano Rajoy¡ª estar¨¢ m¨¢s cerca. El independentismo alentado por el Govern y los anticapitalistas de la CUP tendr¨¢ a¨²n, sin embargo, otros cuatro d¨ªas para sortear una medida que, inevitablemente, reducir¨ªa temporalmente la capacidad de autogobierno que la Constituci¨®n Espa?ola y el Estatut de Autonom¨ªa han brindado hasta ahora a Catalu?a.

De seguir adelante, Puigdemont habr¨¢ cometido un error hist¨®rico del que Catalu?a y el resto de Espa?a saldr¨¢n mal parados. Su desaf¨ªo, sobre una base social que no alcanza el 50% seg¨²n las ¨²ltimas elecciones auton¨®micas, conduce esta crisis a un callej¨®n sin salida en el que el art¨ªculo 155 asoma como la ¨²nica manera de defender al Estado de derecho sin necesidad de recurrir a herramientas mucho m¨¢s traum¨¢ticas, como el estado de alarma, excepci¨®n o sitio (art¨ªculo 116).

El mandato constitucional del 155 es abierto. Deja, pues, al arbitrio del Ejecutivo la delicada tarea de intervenir cuidadosa y proporcionadamente. En sus manos est¨¢ desde la disoluci¨®n del Parlament hasta la inhabilitaci¨®n de dirigentes secesionistas pasando por la toma de control del orden p¨²blico. La participaci¨®n de las autoridades de las comunidades aut¨®nomas en el proceso, y del Senado, donde est¨¢n representados los partidos independentistas, visualizar¨¢ que el independentista no es solo un enfrentamiento contra el poder central, sino contra el Estado en su conjunto, y que cabe la negociaci¨®n y el obvio recurso a los tribunales contra las medidas adoptadas.

El ultim¨¢tum del Gobierno central es todav¨ªa una oportunidad que Puigdemont har¨ªa bien en aceptar. Semanas despu¨¦s de la aprobaci¨®n fraudulenta de las leyes de ruptura los d¨ªas 6 y 8 de septiembre en el Parlament y del simulacro de refer¨¦ndum del 1-O, el limbo en el que ha quedado Catalu?a, con una independencia suspendida aplicable en cualquier momento, ha generado una situaci¨®n catastr¨®fica en t¨¦rminos pol¨ªticos y econ¨®micos.

El Estado no puede permitir la existencia de una legalidad alternativa en uno de sus territorios, por lo que no tiene otro remedio que utilizar los instrumentos democr¨¢ticos que la Constituci¨®n le otorga para restablecer la normalidad. Hay que decir que el art¨ªculo 155 es similar a disposiciones de otras Constituciones europeas y que su objeto no es clausurar o cercenar la autonom¨ªa de ninguna regi¨®n (en este caso Catalu?a) sino defenderla precisamente frente a la arbitrariedad y el desprecio a la ley que Puigdemont, su Gobierno y sus apoyos parlamentarios protagonizan desde hace a?os.

El president de la Generalitat debe asumir por ello que cuando reclama di¨¢logo es esencial que cumpla previamente la condici¨®n de deshacer el camino andado: no puede haber otro di¨¢logo que no sea en el seno de la legalidad, y ha de llevarse a cabo en el Congreso de los Diputados, con participaci¨®n de todos los partidos all¨ª representados. El di¨¢logo democr¨¢tico no puede ser entre la Plaza de Sant Jaume y la Moncloa. Ni el presidente del Gobierno est¨¢ capacitado para negociar la soberan¨ªa nacional. Seguramente, el inicio de la soluci¨®n pol¨ªtica tendr¨¢ que venir antes o despu¨¦s (ojal¨¢ que antes) a trav¨¦s de una convocatoria electoral, en Catalu?a primero y en toda Espa?a m¨¢s tarde, que permita expresarse a todos los ciudadanos y de la que salga una renovaci¨®n en profundidad de una clase pol¨ªtica, cada d¨ªa que pasa m¨¢s desprestigiada ante la mayor¨ªa de los ciudadanos.