Federaciones y cumplimiento de la ley

El 26 de junio de 2015, el Tribunal Supremo de Estados Unidos declaraba inconstitucional la prohibici¨®n de matrimonios de personas del mismo sexo. La sentencia invalidaba una enmienda a la Constituci¨®n de California aprobada por refer¨¦ndum. Era una m¨¢s de la mir¨ªada de leyes y enmiendas constitucionales estatales que hab¨ªan sido aprobadas en este sentido en a?os anteriores; todas ellas pasaban a ser inaplicables legalmente.

Al juez Roy Moore, jefe del Tribunal Supremo de Alabama, esto no le hizo gracia. Alabama hab¨ªa aprobado una prohibici¨®n en 2006 con un 81% de votos favorables. Moore acababa de ganar unas elecciones prometiendo combatir el matrimonio homosexual. Diciendo defender la voluntad democr¨¢tica del pueblo de Alabama, Moore orden¨® a los funcionarios de los condados negar licencias matrimoniales a parejas del mismo sexo, dijeran lo que dijeran los federales.

La broma le dur¨® poco. En mayo, Moore era apartado del cargo por desobedecer ¨®rdenes del Supremo. Los legisladores de Alabama y otros Estados intentaron sacar adelante leyes que mantuvieran la discriminaci¨®n, s¨®lo para ser rechazadas por tribunales federales de inmediato. Por mucho apoyo democr¨¢tico que las leyes estatales tuvieran, las resoluciones judiciales federales ten¨ªan primac¨ªa absoluta sobre ellas.

Todos los sistemas pol¨ªticos descentralizados, sin excepci¨®n, incluyen f¨®rmulas legales para permitir que el Gobierno federal imponga sentencias judiciales, ¨®rdenes y leyes a Estados y regiones en caso de que ¨¦stos las incumplan. En Austria, el art¨ªculo 100 de la Constituci¨®n permite al presidente federal disolver un Parlamento estatal. En Italia, el art¨ªculo 126 de la Constituci¨®n permite disolver un Gobierno regional, algo que han hecho en m¨¢s de una ocasi¨®n. En Reino Unido, el Parlamento de Westminster ha suspendido el Gobierno regional de Irlanda del Norte cinco veces en los ¨²ltimos 18 a?os; est¨¢ suspendido ahora. En Estados Unidos, el Gobierno federal envi¨® tropas al sur repetidamente durante la lucha por los derechos civiles para obligar al cumplimiento de resoluciones judiciales. En Alemania, el art¨ªculo 37 autoriza a la federaci¨®n a obligar a un Land a cumplir la ley.

El art¨ªculo 155 de nuestra Constituci¨®n, y los pasos que est¨¢ dando el Gobierno para implementarlos, son perfectamente homologables a lo que vemos en otras democracias desarrolladas. Son una extensi¨®n del sistema de separaci¨®n de poderes de cualquier Constituci¨®n moderna; del mismo modo que las regiones tienen cl¨¢usulas que protegen sus competencias y pueden recurrir las acciones del Gobierno central si este se extralimita, este puede tomar medidas para obligar a que las regiones cumplan la ley.

La Generalitat y el Parlament han incumplido la ley repetidamente desde el 6 de septiembre, y lo han hecho de forma estent¨®rea, ruidosa, sin rubor. Han utilizado el pretexto de la legitimidad democr¨¢tica, adoptando medidas que inclu¨ªan desde derogar la Constituci¨®n en la comunidad o nombrar jueces. No hay nada excepcional en que un Gobierno central reaccione invalidando leyes primero y disolviendo el Ejecutivo auton¨®mico despu¨¦s.