Llarena, 10; Lamela, 0

La juez Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional (AN), retuvo ayer en prisi¨®n a los exconsejeros de la Generalitat investigados por presunta rebeli¨®n. El juez Pablo Llarena, del Tribunal Supremo (TS), rechaz¨®, tambi¨¦n ayer, quitar la libertad de forma incondicional a los parlamentarios catalanes, con su presidenta al frente, incriminados por delitos similares: les impuso medidas cautelares menos gravosas.

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El Supremo ya gan¨® a la Audiencia por diez a cero el d¨ªa 2, al procurar a sus reos mejor derecho a la defensa (una semana extra) y por ende, un juicio m¨¢s justo. Ahora le vuelve a pasar la mano por la cara.

Sucede eso aunque las circunstancias no sean id¨¦nticas: un parlamentario no es un gobernante; una cosa es tramitar una ley y otra, ejecutarla; una es cumplir, aunque a rega?adientes, el art¨ªculo 155 (como ya hizo el Parlament al darse por disuelto) y otra desafiarlo (como se regode¨® el Govern); y casi nunca las responsabilidades penales son equiparables, en tanto que personal¨ªsimas.

Sucede, parece, tambi¨¦n como producto de un (leg¨ªtimo) talante distinto.

Y suceder¨¢ a¨²n m¨¢s si, como contemplaba en declaraciones radiof¨®nicas el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, se acumulan en ¨¦l las causas, de la Audiencia y del TSJC: ya ha empezado con este.

Podr¨¢ as¨ª contribuir al ¡°buen funcionamiento¡± de la investigaci¨®n, como requer¨ªa, al responder a un ¡°designio com¨²n¡±. Y al residir en un colectivo de m¨¢s experiencia org¨¢nica y menor g¨¦nesis excepcional: la AN naci¨® para perseguir delitos grav¨ªsimos; el TS, para enjuiciar, en ¨²ltima instancia, conductas dudosas.

Algunos detalles adicionales de este embrollo servir¨¢n para afianzar la confianza en el Estado de derecho (tambi¨¦n el espa?ol). En ¨¦l, no solo la legalidad se rige por el sistema de jerarqu¨ªa (normativa): la ley suprema prevalece sobre la inferior.

Tambi¨¦n ocurre con los tribunales: el superior puede desandar lo hecho por el inferior, incluso mucho tiempo despu¨¦s: de forma que el TS, si no acumulase todas las causas, dirimir¨¢ al final, porque hay doble instancia. Adem¨¢s, en este caso, la no imposici¨®n de prisi¨®n preventiva desactiva parcialmente el lema populista de los indepes de que hay presos pol¨ªticos en Espa?a, en vez de pol¨ªticos presos: unos est¨¢n presos, y otros, de igual familia, no.

Ojal¨¢ a Oriol Junqueras y sus colegas tambi¨¦n les sustituyan la c¨¢rcel ¡ªsea cual sea la sentencia final¡ª por otras cautelares m¨¢s compaginables con la situaci¨®n de campa?a electoral (deseo pol¨ªtico). Y m¨¢s adecuadas a su imposibilidad de destruir pruebas, su incapacidad de reiterar delitos o su aparente desgana en escapar al circo Puigdemont (argumento jur¨ªdico).

El Estado de derecho, clave. Un sabio art¨ªculo de la profesora Argelia Queralt (Espa?a aprueba los est¨¢ndares de derechos humanos, Agenda P¨²blica) detallaba el buen resultado de Espa?a ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo: vulner¨® el convenio base en solo 98 sentencias, de 151 examinadas; contra 164 de 229, B¨¦lgica. Echen cuentas: la ¡°verdadera justicia¡± ¡ªla belga, seg¨²n Carles Puigdemont¡ª, fue condenada en el 71% de casos, contra el 64% la espa?ola. No saben ni contar.