Grave traspi¨¦ de Iceta

El mensaje lanzado por el l¨ªder socialista catal¨¢n Miquel Iceta en plena campa?a electoral es un ataque en toda la regla a los esfuerzos del Estado por restituir la normalidad y el respeto a las leyes que el proc¨¦s hizo saltar por los aires. Si para ¡°cerrar heridas¡±, como voluntariosamente explica Iceta, es necesario indultar a los independentistas ahora perseguidos por la justicia, el mensaje es n¨ªtido, y alarmante: jueces y polic¨ªas est¨¢n perdiendo miserablemente el tiempo intentando aplicar una ley que se sabe de antemano que se puede violar impunemente.

La aplicaci¨®n y la defensa de la ley han tenido un alto coste para el Estado espa?ol y las fuerzas constitucionalistas. El desaf¨ªo secesionista y sus consecuencias sociales y econ¨®micas, la persecuci¨®n judicial de los delitos cometidos y la h¨¢bil propaganda independentista han erosionado la imagen exterior de Espa?a. La defensa del Estado de derecho, antip¨¢tica en ocasiones contra esta supuesta revoluci¨®n democr¨¢tica de las sonrisas, ha lanzado, por el contrario, un mensaje crucial, propio de una democracia: las aspiraciones pol¨ªticas de cada uno deben discurrir siempre bajo la legalidad. Esa es la ¨²nica posici¨®n posible para restaurar la convivencia futura en Catalu?a y reforzar la democracia espa?ola.

La propuesta de Iceta contiene dos torpedos de grueso calibre contra dos pilares b¨¢sicos de una democracia. Torpedea el principio de la separaci¨®n de poderes por cuanto descalifica o convierte en inoperante la actuaci¨®n de la justicia y fulmina el principio de igualdad ante la ley por cuanto distingue a los delitos ¡°de origen pol¨ªtico¡±, merecedores de medidas de gracia. Todo el trabajo iniciado por el constitucionalismo, echado por la borda en favor de un tacticismo electoral imprudente, inoportuno y cuya rentabilidad electoral es m¨¢s que discutible.

Iceta debilita al frente constitucionalista y sit¨²a al PSOE en una dif¨ªcil coyuntura. El partido socialista no solo no deber¨ªa avalar con su silencio o su tibieza la idea del indulto, sino que est¨¢ obligado a rechazarlo contundentemente por lealtad a la justicia, a su propio compromiso constitucionalista y a su electorado en toda Espa?a. No es tiempo de ambig¨¹edades. El proc¨¦s ha tenido una virtud: ha generado una nueva conciencia pol¨ªtica en contra de la tradicional complacencia de la izquierda espa?ola hacia los nacionalismos perif¨¦ricos. El PSC vuelve, sin embargo, a las andadas despu¨¦s de la grave fractura liderada por los que ahora quiere ver indultados. Lo sucedido en Catalu?a demuestra que el llamado ¡°soberanismo moderado¡± es una entelequia. Jugar a esa carta es un craso error.

Los indultos dependen de la discrecionalidad del Gobierno de turno, por lo que su adopci¨®n deber¨ªa ser una medida infrecuente que aprecie situaciones personales y coyunturales de los condenados muy extraordinarias. Es una injerencia en la separaci¨®n de poderes que, afortunadamente, Espa?a aplica cada vez menos. De momento, lo importante es dejar actuar a la justicia, que investiga a unos procesados por grav¨ªsimos delitos, como son la rebeli¨®n, la sedici¨®n y la malversaci¨®n de fondos p¨²blicos. En t¨¦rminos pol¨ªticos, lo que necesita Catalu?a son propuestas que eviten tropezar de nuevo con la misma piedra. No lo contrario.