Espa?a, el pa¨ªs de los pol¨ªticos por oposici¨®n

Vivimos en un pa¨ªs en el que cuando cambia el consejero de Sanidad cambian los directores de los hospitales a su cargo. Cuando sale un ministro, se suele replicar, sale tambi¨¦n el bedel. Como han analizado varios polit¨®logos, los partidos pol¨ªticos han colonizado todas las instituciones del Estado y han politizado, por ejemplo, la Administraci¨®n P¨²blica, que deber¨ªa portar como bandera la neutralidad en el servicio p¨²blico. Y as¨ª vemos con naturalidad que en Catalu?a, tan al norte geogr¨¢ficamente y tan al sur en sus est¨¢ndares de corrupci¨®n, decenas de directores de colegio tomen partido y apoyen un refer¨¦ndum ilegal siguiendo las consignas pol¨ªticas de sus jefes.

La injerencia pol¨ªtica es tan intensa que cabe preguntarse c¨®mo las instituciones espa?olas funcionan, sin embargo, tan aceptablemente bien. ¡°Hacemos la misma sanidad que en Estocolmo o en Londres, pero gestionamos nuestros hospitales como se hace en latitudes mucho menos ejemplares¡±, dec¨ªa recientemente el diputado socialista en la Asamblea de Madrid Jos¨¦ Manuel Freire. Su partido ha consensuado una ley que, a trav¨¦s de sistemas reglados de selecci¨®n y ¨®rganos colegiados de gobierno, pone las bases para que la gesti¨®n de los hospitales deje de ponerse en manos de fieles y elija (y destituya) por m¨¦ritos profesionales. El problema es que hacer leyes es una cosa y cambiar los usos y costumbres, otra muy distinta. Nuestros pol¨ªticos son muy dados a legislar contra la corrupci¨®n, pero r¨¢canos a la hora de tomar medidas efectivas contra ella.

En el libro coordinado por V¨ªctor Lapuente La corrupci¨®n en Espa?a (Alianza Editorial) se se?ala como una p¨¦sima costumbre el camino inverso: el exceso de funcionarios saltando a la pol¨ªtica. Es un recorrido del que se habla poco pero que, seg¨²n todos los indicadores, tiende a aumentar la corrupci¨®n. Es la llamada politizaci¨®n desde abajo.

Los funcionarios, con esa mayor movilidad que ofrece la Administraci¨®n frente al sector privado, ven premiadas sus carreras con altos puestos sin que ese paso les penalice lo m¨¢s m¨ªnimo. Se podr¨ªa decir que sale a cuenta traicionar su propia condici¨®n, para la que opositaron, perder la neutralidad que se espera de un funcionario y dedicarse, en cambio, a demostrar lealtades a quien le puede catapultar al poder.

Prohibir a los funcionarios que se dediquen a la pol¨ªtica es un disparate, pero algunos pa¨ªses han impuesto l¨ªmites. En Espa?a, en cambio, es una pr¨¢ctica extendida. Un buen ejemplo es el Gobierno de Rajoy. De catorce miembros, ocho son funcionarios. Hay dos abogados del Estado, un diplom¨¢tico, dos t¨¦cnicos de la Administraci¨®n Civil, un juez, un letrado en Cortes y un t¨¦cnico comercial. Adem¨¢s, el propio Rajoy es registrador de la propiedad; un puesto vitalicio por oposici¨®n. Se fue Guindos, t¨¦cnico comercial, pero entr¨® Escolano, que tambi¨¦n lo es. Todo en orden.

Sorprende que, a pesar de todo, la Administraci¨®n espa?ola sea tan profesional y poco corrupta. Sorprende m¨¢s todav¨ªa ver c¨®mo muchos pol¨ªticos conservadores se empe?an en privatizar y adelgazar el Estado en favor de su ideario liberal para, a rengl¨®n seguido, cuando pierden el cargo, recuperar su puesto. ?D¨®nde? En la Administraci¨®n; claro.