Resistencia incivil ?no violenta?

La inclinaci¨®n a considerar que ¡°la resistencia no violenta es violencia¡±, asumida por diferentes Gobiernos, estuvo en el centro del debate pol¨ªtico en sectores radicales de izquierda despu¨¦s del 68. En Alemania, singularmente. Pero el debate se disolvi¨® en cuanto los atentados de la Baader-Meinhof evidenciaron la diferencia ¡ªdice J¨¹rgen Habermas¡ª ¡°entre actos criminales y desobediencia civil¡±: no son lo mismo.

M¨¢s informaci¨®n

Claves | El golpe que quiso ser

Pol¨ªticos presos, no presos pol¨ªticos

En Espa?a, especialmente en el Pa¨ªs Vasco y Catalu?a, el asunto ha vuelto a primer plano con la renuncia de ETA a la violencia sin disolverse, adoptando f¨®rmulas de desobediencia en sustituci¨®n de la lucha armada; y de la aparici¨®n en los bordes del proceso catal¨¢n de unos autodenominados Comit¨¦s de Defensa de la Rep¨²blica (CDR), protagonistas de actos de sabotaje que podr¨ªan encajar en la definici¨®n de desobediencia civil de John Rawls: un ¡°acto p¨²blico, no violento, consciente y pol¨ªtico, contrario a la ley y cometido con el prop¨®sito de provocar un cambio en la legislaci¨®n¡±. Hace unos cinco a?os aparecieron los escraches. Se tramitaba en el Parlamento una reforma de la ley hipotecaria y organizaciones de afectados trataban de condicionar su desenlace mediante actos de presi¨®n contra diputados del partido del Gobierno: para que votaran, o no votaran, determinadas enmiendas. El fiscal general de entonces, Eduardo Torres Dulce, declar¨® que no deb¨ªa ¡°criminalizarse¡± cualquier reuni¨®n o manifestaci¨®n y que la fiscal¨ªa solo analizar¨ªa los escraches que tuvieran ¡°trascendencia penal¡±.

Para ser leg¨ªtima esa presi¨®n, ciertamente coactiva (gritos de ¡°asesinos, criminales¡± ante los domicilios de los diputados), sus autores deber¨ªan asumir las consecuencias penales de su acci¨®n. Esa condici¨®n, subrayada por Habermas como rasgo esencial de la desobediencia civil, ser¨ªa aplicable a las acciones de los CDR, una de cuyos dirigentes ha sido detenida bajo la acusaci¨®n de rebeli¨®n y terrorismo, rebajada luego por el juez a des¨®rdenes p¨²blicos y puesta en libertad a las 48 horas.

La menci¨®n al terrorismo, identificada como equiparaci¨®n con actuaciones del tipo kale borroka, ha desatado reacciones indignadas. Sin embargo, que no sean comparables con ETA (o con los nazis) no convierte en democr¨¢tica esa forma de acci¨®n. En Euskadi y Catalu?a ha existido la pretensi¨®n contraria. La de que es leg¨ªtimo infringir la legalidad si se hace en nombre de los derechos de la naci¨®n.

Rawls plantea tres condiciones para que se d¨¦ una resistencia civil justificada: que se dirija contra casos de injusticia manifiesta, que se haya agotado la posibilidad de acciones legales y que no alcance dimensiones que pongan en riesgo el ordenamiento constitucional. Tal vez podr¨ªa a?adirse una cuarta: que puedan ser libremente criticadas aunque no sean delictivas (pero s¨ª de imposici¨®n abusiva). Buscando seguramente un equilibrio entre derechos en pugna, Habermas sostiene a modo de ejemplo que el de manifestaci¨®n puede implicar el derecho a impedir que los coches circulen por determinada avenida, pero no el de quemar esos coches o hacer barricadas con ellos. Pero ambas cosas son injustas y merecen el deber de cr¨ªtica; y no solo por los directamente afectados.