Todas las responsabilidades

La detenci¨®n del comisario jubilado Jos¨¦ Manuel Villarejo ha revelado la existencia de una extensa red de espionaje a empresarios, pol¨ªticos, periodistas y altos funcionarios en la que podr¨ªan haber participado adem¨¢s miembros de la Administraci¨®n del Estado. Durante a?os, la red fue acumulando datos de las personas que investigaba sin ninguna cobertura legal y con el ¨²nico prop¨®sito de extorsionarlas. El descubrimiento de la trama y el ingreso en prisi¨®n de sus principales cabecillas ha hecho que estos pretendan obtener impunidad por el mismo procedimiento con el que la buscaron para sus clientes: revelando informaci¨®n comprometida sobre personalidades relevantes del Estado, y, en particular, sobre presuntas ilegalidades cometidas por el rey em¨¦rito, Juan Carlos I.

La gravedad del chantaje no solo deriva del contenido de la informaci¨®n revelada, sino del hecho de que su objetivo es hacer que el Ejecutivo o la justicia, adem¨¢s de la prensa de la que se sirven los extorsionadores, dejen de cumplir sus respectivos deberes, a fin de evitar, o de precipitar, una nueva crisis en un contexto pol¨ªtico como el que atraviesa Espa?a.

La intolerable pretensi¨®n del comisario Villarejo y los suyos solo puede prosperar si cualquiera de las instancias a las que buscan involucrar en el chantaje concede mayor relevancia a la informaci¨®n revelada que a la manera en la que fue obtenida, porque es en esa diferencia donde conf¨ªan encontrar impunidad. En caso de que la justicia estimara que la informaci¨®n revelada constituye indicio suficiente para proceder, ambos extremos ¡ªla informaci¨®n y la manera de obtenerla¡ª ser¨ªan de id¨¦ntica gravedad y tendr¨ªan que ser abordados con un rigor judicial, pol¨ªtico y period¨ªstico equivalente, por razones distintas.

Hay que depurar la actuaci¨®n de los cargos ministeriales que hayan encubierto al excomisario

La simple existencia de una red como la establecida por Villarejo constituye un ataque intolerable contra los m¨¢s elementales derechos constitucionales de los ciudadanos, como la inviolabilidad de la intimidad y de las comunicaciones, en tanto que los presuntos casos de corrupci¨®n aireados constituyen un uso tal vez delictivo de altas magistraturas de Estado. Un caso m¨¢s que sumar a la larga lista de actos vergonzosos cometidos por distintos poderes a lo largo de estos a?os.

Los tribunales tienen que tomar cartas en ambos asuntos, defendiendo, por una parte, a los ciudadanos de este g¨¦nero de extorsi¨®n, y, por otra, preservando el sistema constitucional, por la v¨ªa de depurar, desde sus propias reglas, los eventuales comportamientos il¨ªcitos de quienes ten¨ªan, y tienen hoy tambi¨¦n, el deber de representarlo con dignidad.

El esclarecimiento de la actuaci¨®n de la red no puede limitarse al comisario Villarejo y a sus presuntos c¨®mplices, asimismo polic¨ªas. En la medida en que pudieron operar con el conocimiento de uno o de varios titulares de Interior, es preciso conocer y determinar las responsabilidades de qu¨¦ cargos ministeriales los pudieron encubrir o recurrir incluso a sus servicios en beneficio de sus propios intereses, personales o pol¨ªticos.

La investigaci¨®n del anterior jefe del Estado no pondr¨ªa en cuesti¨®n la forma de gobierno

Por lo que respecta a la informaci¨®n aireada por la Red, y en particular la referida al anterior jefe del Estado, de ser finalmente investigada por los tribunales, puede desencadenar una crisis institucional. Ocultarla ser¨ªa insensato, lo mismo que abordarla desde presupuestos pol¨ªticos equivocados e iniciativas que confundan los planos en juego. Lo que una eventualidad como la apertura de una investigaci¨®n o de un proceso judicial contra un mandatario pone en cuesti¨®n no es la continuidad de una forma de gobierno, la monarqu¨ªa en este caso, sino la capacidad del sistema pol¨ªtico para depurar las responsabilidades y castigar los comportamientos il¨ªcitos con independencia de qui¨¦n o qui¨¦nes sean sus autores. Solo si se revelara incapaz de hacerlo el sistema perder¨ªa legitimidad, porque ser¨ªa la constataci¨®n de que en su interior pesan m¨¢s los grupos de inter¨¦s que el compromiso con las leyes, frente a las que todos los ciudadanos somos iguales.

La soluci¨®n, sin embargo, no debe confundirse con ninguna catarsis, sino con la aplicaci¨®n fr¨ªa y rigurosa de las normas. Porque lo contrario ser¨ªa tanto como cerrar un peligroso negocio: entregar un sistema pol¨ªtico que es de todos a quienes, por un extremo o por otro, han podido usarlo en su propio y exclusivo beneficio.