Reparto y tutela de menores

Por fin se han dado los primeros pasos para afrontar el problema de los 10.100 menores extranjeros no acompa?ados que se encuentran en Espa?a y sentar las bases para un reparto m¨¢s equitativo entre las comunidades aut¨®nomas. Ahora, el 40% est¨¢ en Andaluc¨ªa. El Gobierno se ha comprometido a destinar 40 millones de euros a la atenci¨®n a estos menores, de manera que la falta de financiaci¨®n no podr¨¢ esgrimirse como causa de rechazo. En la reuni¨®n de la mesa de coordinaci¨®n interterritorial convocada para abordar el problema se ha evitado plantear un sistema de cuotas obligatorias. Cabe esperar que la responsabilidad de los gobiernos auton¨®micos haga innecesario replantear la voluntariedad ahora acordada.

Tambi¨¦n tiene sentido, como ha planteado Andaluc¨ªa, que el Gobierno negocie con Marruecos, de donde procede el 70% de los menores, un acuerdo que permita la repatriaci¨®n, en condiciones tuteladas por el sistema judicial espa?ol, de aquellos menores que sean identificados y puedan ser devueltos con garant¨ªas de que no caer¨¢n en el desamparo. Pero hay que tener en cuenta que en 2007 ya se lleg¨® a un acuerdo de este tipo, pero no entr¨® en vigor hasta 2012 y acab¨® siendo papel mojado.

Es preciso, pues, plantear una estrategia al margen de esa colaboraci¨®n. Tan importante como garantizar el reparto es revisar el sistema de protecci¨®n. Hay que evitar que los menores permanezcan en los CIE con adultos y agilizar los tr¨¢mites de regularizaci¨®n administrativa. Ahora estos j¨®venes est¨¢n en el centro de menores hasta que, al cumplir los 18 a?os, son invitados a marcharse. Muchos de ellos llegan a la mayor¨ªa de edad sin que se hayan completado los tr¨¢mites administrativos y acaban viviendo en la calle como inmigrantes indocumentados. Nuestro sistema de protecci¨®n debe ofrecerles una formaci¨®n que les permita ganarse la vida y acompa?arles en su salida para evitar que caigan en la marginalidad o la delincuencia.