Bombas saud¨ªes

Tras diez d¨ªas de declaraciones ambiguas y contradictorias, el Gobierno espa?ol ha desbloqueado el env¨ªo a Arabia Saud¨ª de 400 misiles guiados por l¨¢ser. Se trata de unas bombas que Riad hab¨ªa comprado y pagado en virtud de un contrato de 2015 con el Ministerio de Defensa. Para justificar que vaya a producirse una entrega que provoca serias dudas respecto a tratados internacionales y que ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos, el ministro de Exteriores emple¨® ayer un argumento dif¨ªcil de aceptar. Josep Borrell vino a decir que no hay que preocuparse porque esas bombas son muy sofisticadas. Al ser misiles guiados por l¨¢ser, sostuvo el ministro, "no producen efectos colaterales" porque "dan en el blanco con una precisi¨®n extraordinaria".

Sin embargo, hay constancia de que bombas muy parecidas a las que va a vender Espa?a han sido utilizadas en la guerra que Arabia Saud¨ª dirige contra los rebeldes Huthi de Yemen y que han afectado, fundamentalmente, a la poblaci¨®n civil. Seg¨²n un informe de Naciones Unidas difundido a finales de agosto, en esta guerra se producen violaciones masivas de los derechos humanos y han muerto por lo menos 6.660 civiles en bombardeos deliberados. "No existe el m¨¢s m¨ªnimo esfuerzo para reducir las muertes de civiles", mantiene la ONU.

La confirmaci¨®n de la venta se produce despu¨¦s de una serie de contradicciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Primero confirm¨® que la entrega se hab¨ªa paralizado, precisamente por el miedo a que las bombas acabasen siendo usadas contra Yemen, en un momento en que muchos pa¨ªses europeos debaten si deben seguir vendiendo armas a Riad. Luego tuvo que dar marcha atr¨¢s por la reacci¨®n saud¨ª, que amenaz¨® con retirar un contrato de Navantia para construir cinco corbetas en sus astilleros de C¨¢diz, una inversi¨®n de 1.813 millones de euros (por las bombas se pagaron 9,2 millones). Se trata de 6.000 puestos de trabajo en una de las zonas m¨¢s golpeadas por el paro de Espa?a y es evidente que la p¨¦rdida del contrato provocar¨ªa al Gobierno andaluz un problema pol¨ªtico de primera magnitud, justo cuando la regi¨®n se encamina hacia unas elecciones. Es ins¨®lito que la ministra se lanzase a la piscina en un asunto tan complejo y luego dijese que el tema ser¨ªa sometido a un profundo estudio. El orden de los factores s¨ª altera el producto del razonamiento.

La ley espa?ola sobre el control de comercio exterior de material de defensa dictamina que no se pueden dar autorizaciones para vender armas "cuando existan indicios de que puedan ser utilizadas de manera contraria la dignidad inherente al ser humano". La posici¨®n com¨²n de la UE insta tambi¨¦n a los pa¨ªses miembros a no vender armamento si hay riesgo de que se utilice para violar los derechos humanos. Al final, esa es la cuesti¨®n central. El Gobierno espa?ol est¨¢ obligado a garantizar que esas bombas tan sofisticadas no van a ser utilizadas contra la poblaci¨®n civil. No se trata de elegir entre la venta de armamento y los puestos de trabajo en unos astilleros, sino de conducir el debate al lugar donde debe estar. Es decir, en cumplir la ley y en obtener garant¨ªas saud¨ªes de que el armamento espa?ol no ser¨¢ usado para castigar a una poblaci¨®n civil indefensa.