Responsabilidad constitucional

La reforma de la Constituci¨®n para limitar la figura procesal del aforamiento, propuesta esta misma semana por el presidente del Gobierno, Pedro S¨¢nchez, ha reabierto la controversia acerca de la actualidad de una norma aprobada cuatro d¨¦cadas atr¨¢s, desbordando el alcance inicialmente previsto de la iniciativa. La multiplicaci¨®n de las demandas de revisi¨®n que ha desencadenado desde diversos frentes pol¨ªticos el anuncio del presidente S¨¢nchez parecer¨ªa sugerir que el texto constitucional no ha pasado la prueba de los a?os, confirmando algunos an¨¢lisis reiterados desde la recesi¨®n de 2008 y la subsiguiente crisis institucional. La realidad es exactamente la contraria. Desde entonces hasta hoy, y en medio de la m¨¢s grave depresi¨®n internacional desde 1929, la Constituci¨®n del 78 ha hecho posible la sucesi¨®n en la jefatura del Estado y la alternancia de partidos de distinto signo en todas las instancias de poder, incluidos aquellos que la rechazan. Las limitaciones que estos partidos han encontrado para aplicar su programa de m¨¢ximos desde las instituciones que leg¨ªtimamente gobiernan no son resultado de ninguna deficiencia democr¨¢tica de la Constituci¨®n, sino de no haber articulado en torno a ellos una voluntad popular mayoritaria.

Ninguna norma jur¨ªdica, y menos a¨²n una ley fundamental, puede ser sacralizada sin comprometer a medio y largo plazo la convivencia entre ciudadanos. Pero el riesgo sim¨¦trico de la sacralizaci¨®n es la trivializaci¨®n de la reforma, concentrando la controversia pol¨ªtica cotidiana en la transformaci¨®n del marco constitucional y no en la pluralidad de programas de acci¨®n que caben en su interior, y entre los que unas realidades sociales siempre cambiantes exigen optar respetando las reglas. Hace ahora diez a?os que los ciudadanos comenzaron a descubrir la corrupci¨®n que hab¨ªa convivido en Espa?a con un progreso material sin precedentes, as¨ª como la fragilidad de algunos de los fundamentos econ¨®micos en los que se hab¨ªa basado su desarrollo. Responsabilizar de esas dos incontestables realidades al orden institucional puesto en pie por la Constituci¨®n del 78 oculta que ha sido ¨¦ste el que ha permitido conocerlas y denunciarlas, expresar en las calles y en las urnas la repulsa que merecen, as¨ª como activar la maquinaria por la que est¨¢n siendo juzgados sus responsables, sin que ninguno de ellos, absolutamente ninguno, haya podido situarse por encima de la ley. La fortaleza de la que sigue dando muestras el sistema democr¨¢tico de la Constituci¨®n no puede ser, por eso, un argumento ni a favor ni en contra de su eventual reforma, sino el criterio para medir los resultados de cualquier iniciativa que se adopte.

La Constituci¨®n del 78 fue a la vez la premisa y el resultado del tr¨¢nsito desde una feroz dictadura a una democracia plena que los ciudadanos que lo hicieron posible, y que lo avalaron con su voto, no quer¨ªan solo para s¨ª mismos, sino tambi¨¦n para que quienes vinieran despu¨¦s no se encontraran ante la desgarradora disyuntiva de resignarse ante un poder arbitrario o combatirlo poniendo en riesgo la libertad y, en ocasiones, la vida. Para desacreditar esta herencia hay l¨ªderes y fuerzas pol¨ªticas que aseguran que la disyuntiva ha vuelto a reproducirse, olvidando que no son ellos las v¨ªctimas del poder de la Constituci¨®n del 78, sino quienes lo ejercen, victimizando a quienes no comparten su programa por la v¨ªa de ignorar sus derechos y de convertir mayor¨ªas coyunturales en irreversibles. El orgullo no es siempre un sentimiento compatible con las convicciones democr¨¢ticas, puesto que el ejercicio de los derechos y los deberes de ciudadan¨ªa exige estar m¨¢s atentos a los problemas pendientes de soluci¨®n que a los que ya han sido resueltos. S¨ª lo es, por el contrario, la responsabilidad, de manera que no se dilapide lo mucho que Espa?a ha alcanzado bajo un pacto constitucional in¨¦dito en su historia.