Proteger los datos personales

La nueva Ley de Protecci¨®n de Datos y Garant¨ªa de los Derechos Digitales, que ha entrado en vigor esta semana, encierra una inquietante paradoja: la misma norma que vela por la privacidad de los ciudadanos en el entorno online permite a los partidos pol¨ªticos recopilar sin autorizaci¨®n datos personales obtenidos en p¨¢ginas web y otras fuentes de acceso p¨²blico para enviarles propaganda electoral personalizada a trav¨¦s del correo electr¨®nico o las redes sociales. Estas actividades, seg¨²n la ley, estar¨¢n amparadas en el inter¨¦s p¨²blico cuando se ofrezcan garant¨ªas adecuadas, pero en ning¨²n caso la norma detalla en qu¨¦ circunstancias rastrear los datos de los usuarios es de inter¨¦s p¨²blico ni cu¨¢les son las garant¨ªas bajo las cuales los partidos pueden husmear en la vida electr¨®nica de la gente.

La evoluci¨®n tecnol¨®gica y la globalizaci¨®n han situado los datos personales que circulan por Internet y las redes sociales en un lugar preeminente. En una sociedad hiperconectada, donde una buena parte de las relaciones laborales, sociales y personales est¨¢n supeditadas a la Red, los datos son una mercanc¨ªa especialmente valiosa. Pero abrir la puerta a los partidos para que puedan elaborar perfiles ideol¨®gicos, sin necesidad de que recaben un consentimiento claro y expreso, no parece la mejor manera de proteger los datos privados.

El hecho de que esta prerrogativa fuera incorporada a la ley a trav¨¦s de una enmienda que apenas fue sometida a discusi¨®n, incrementa a¨²n m¨¢s los temores. Toda regulaci¨®n que afecta a un derecho fundamental ¡ªy la protecci¨®n de los datos personales lo es¡ª deber¨ªa requerir un debate profundo, sosegado y transparente en el Parlamento. En esta ocasi¨®n, todos los grupos, a excepci¨®n de Unidos Podemos, dieron el visto bueno definitivo a la ley en una sesi¨®n mete¨®rica en el Senado.

La Administraci¨®n tiene la obligaci¨®n de permitir la libre circulaci¨®n de los datos y tambi¨¦n el deber de preservar su tratamiento para que la informaci¨®n privada no sea usada de manera fraudulenta. Solo desde una c¨¢ndida ingenuidad se puede pensar que los partidos rastrear¨¢n las opiniones pol¨ªticas de los ciudadanos para conocer simplemente sus inquietudes sobre el transporte, el calentamiento global o las becas. Se quiera o no reconocer, cabe el riesgo de que los datos sean utilizados para manipular al electorado o para degradar la vida democr¨¢tica. El esc¨¢ndalo de Cambridge Analytica obliga a extremar las precauciones.

Esta ley, que refuerza los derechos digitales, obedece a una normativa comunitaria enfocada a garantizar que las personas tengan un control sobre sus datos, su uso y su destino, pero para ello son necesarias salvaguardas eficaces. La privacidad es un derecho que debe ser preservado en todo momento y los partidos no pueden eludir esta obligaci¨®n ni estar en una posici¨®n de privilegio. Las autoridades independientes que velan por el cumplimiento de la ley tendr¨¢n que activar los mecanismos de vigilancia y estar muy atentas ante cualquier anomal¨ªa que los legisladores que aprobaron la norma parece que no han calibrado en su justa medida.