Desobedecer sin que parezca ilegal
Ni votar es delito. Ni convocar un refer¨¦ndum se castiga en el C¨®digo Penal. En principio

Ni votar es delito. Ni convocar un refer¨¦ndum se castiga en el C¨®digo Penal. En principio.
Pero al final lo ser¨¢ o no, seg¨²n si se hace o no de forma ilegal, por ejemplo desobedeciendo a una autoridad superior de control: el Tribunal Constitucional (TC).
Entonces el problema no estriba en organizar una votaci¨®n, sino en el modo de hacerlo: contraviniendo la norma democr¨¢tica, en principio mediante desobediencia.
Algunas defensas propugnan reconocer directamente y sin discusi¨®n esa evidencia. Consideran perdida la causa de defender que la desobediencia no fue tal.
As¨ª, m¨¢s vale hacerse fuerte contra el eslab¨®n siguiente, el de la rebeli¨®n, que reputan ¡ªcon m¨¢s de un motivo¡ª peor armado por la acusaci¨®n. Es una actitud m¨¢s cre¨ªble. Y ahorra tanto esfuerzo in¨²til que provoca melancol¨ªa.
La pareja Jordi Turull-Josep Rull, y su abogado Jordi Pina, opt¨® por la v¨ªa contraria. Turull, consejero tard¨ªo, reconoci¨® haber recibido un ¨²nico apercibimiento del TC. Aunque muy severo, advirti¨¦ndole de consecuencias penales si firmaba la convocatoria del refer¨¦ndum. Rull, m¨¢s viejo routier en el Govern, endos¨® que hab¨ªa recibido hasta seis admoniciones.
Es decir, ambos reconocieron la materialidad de la desobediencia. No su tipo.
Turull la justific¨® apelando a la doctrina de la ¡°ponderaci¨®n¡±: ponder¨® la instrucci¨®n del TC con el ¡°mandato¡± democr¨¢tico que, cre¨ªa, recibi¨® del electorado; ponder¨® el principio de legalidad con el principio democr¨¢tico; ponder¨® ad infinitum.
Rull sofistic¨® la alegaci¨®n apelando al famoso dictamen del Tribunal Supremo de Canad¨¢ de 1998, alusivo a la ¡°interacci¨®n del imperio de la ley y el principio democr¨¢tico¡±, en el caso de Quebec.
Ese argumentario puede reafirmar, en el plano pol¨ªtico, a los convencidos.
Pero en el plano jur¨ªdico flojea. Cada vez que se ponderaba, el platillo jam¨¢s ca¨ªa del lado del principio de legalidad y siempre del principio democr¨¢tico. Y la aplicaci¨®n de este era desmochada, pues obviaba que las mayor¨ªas democr¨¢ticas deben superar ampliamente y de forma reiterada el 50% del voto popular. Al que nunca lleg¨® el bloque indepe, su r¨¦cord fue el 47%.
Y en el plano judicial puede ser muy arriesgado. Alegar, como dijo Rull del TC ¡ªMeritxell Borr¨¤s fue m¨¢s respetuosa¡ª, que ¡°le falta legitimidad moral¡± pues le manipulaba el Gobierno de Rajoy, o que exhibe un ¡°d¨¦ficit de autoridad moral¡±, poco le ayudar¨¢. Este tribunal depende, en cuestiones de derechos humanos, del TC, al que suele proveer de magistrados.
Chirriaron tambi¨¦n los asertos de que ¡°siempre, siempre, siempre¡± se pretendi¨® un refer¨¦ndum ¡°pactado con el Estado¡±.
La resoluci¨®n parlamentaria que inaugur¨® la ¡°desconexi¨®n¡± (I/XI, de 9-11-2015) dict¨® que el Parlament y el proc¨¦s ¡°no se supeditar¨¢n a las instituciones del Estado espa?ol, en particular del TC¡±.
Y concret¨® que el ¡°mandato¡± del 27-S de 2015 no era celebrar otra consulta, tras la de 2014. Fue de ruptura: iniciar ¡°la creaci¨®n del Estado catal¨¢n independiente¡±.
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