Tr¨¢fico frente a salud

Cada d¨ªa que pasa es m¨¢s evidente que se est¨¢ produciendo un cambio paulatino del clima. Las ins¨®litas temperaturas primaverales registradas durante el mes de febrero en Espa?a y la ausencia de lluvias en una amplia extensi¨®n del territorio peninsular avivan los peores temores sobre una modificaci¨®n profunda y duradera de la distribuci¨®n anual de las temperaturas que tendr¨¢ consecuencias significativas sobre muchos aspectos de la geograf¨ªa f¨ªsica, de la producci¨®n y de la vida cotidiana. El famoso anticicl¨®n instalado sobre Espa?a y el norte de ?frica y la masa de polvo africano ha hecho ascender hasta niveles preocupantes la contaminaci¨®n en 26 ciudades espa?olas, seg¨²n el observatorio de Ecologistas en Acci¨®n.

Lo m¨¢s probable es que vuelvan a repetirse anomal¨ªas como la del mes de febrero: temperaturas por encima de lo normal, atm¨®sfera estable y ausencia de lluvias. Son las condiciones m¨¢s favorables para que se dispare la contaminaci¨®n, aumente la presencia de di¨®xidos de carbono y de nitr¨®geno en la atm¨®sfera y, en consecuencia, aumenten los casos de enfermedades pulmonares y otros tipos conexos de patolog¨ªas. Si est¨¢ demostrada la conexi¨®n entre emisiones de gases de los carburantes, el cambio clim¨¢tico y las muertes debidas a la contaminaci¨®n, nadie puede entender que una buena parte de las ciudades espa?olas carezcan de protocolos anticontaminaci¨®n. Los Ayuntamientos de estas urbes condenan a sus ciudadanos a respirar aire sucio y a sufrir un riesgo elevado de enfermedades pulmonares que, de rebote, elevan los costes de la sanidad p¨²blica.

Hay que reclamar que las ciudades con riesgo de contaminaci¨®n dispongan de protocolos anticontaminantes, una regulaci¨®n m¨¢s estricta del suministro diario a establecimientos y comercios y que, si es necesario, se estudien medidas incluso dr¨¢sticas. Si la salud est¨¢ en juego, es un problema de Estado, y aunque quien tenga que afrontar los protocolos concretos sean las autonom¨ªas o los Ayuntamientos, es al Estado al que el ciudadano debe pedir cuentas.