EE UU por la impunidad

El ¨²ltimo episodio que conduce a Estados Unidos al reino de las sombras tuvo lugar el pasado 15 de marzo de 2019 cuando Michael Pompeo, el secretario de Estado, anunci¨® que se prohibir¨¢n los visados al personal de la Corte Penal Internacional (CPI) que participe en la posible investigaci¨®n de ciudadanos estadounidenses en cualesquiera de los territorios a los que se extienda la jurisdicci¨®n de la CPI. Tal medida tambi¨¦n se aplicar¨ªa en las investigaciones de la CPI contra ciudadanos de sus pa¨ªses aliados. EE?UU es coherente porque amenaza con el mismo criterio en este caso que cuando impone sanciones econ¨®micas a cualquier extranjero, Estados o entidades que considere que incurren en comportamientos reprochables seg¨²n su vara de medir y sin ning¨²n otro control que su propia voluntad. Es la fuerza de la prepotencia de quien se sabe impune.

La amenaza se hizo realidad el 5 de abril con la retirada del visado a la fiscal jefe de la CPI, Fatou Bensouda. La jurista y sus colaboradores estudian desde 2016 la posible responsabilidad de soldados estadounidenses entre 2003 y 2004 en los supuestos cr¨ªmenes de guerra cometidos en Afganist¨¢n. Bensouda se ha mostrado dispuesta a seguir cumpliendo su deber ¡°sin miedo y sin favoritismos¡±. El caso a¨²n no se ha abierto en la CPI.

Ya a finales de 2018, el asesor de Seguridad Nacional de EE?UU, John Bolton, hab¨ªa comunicado una serie de medidas, como iniciar procesos judiciales e imponer sanciones econ¨®micas contra el personal de la CPI, disposiciones que se extender¨ªan contra pa¨ªses y empresas colaboradoras con la Corte en el caso de que sus investigaciones afectaran a estadounidenses.

Parece que Estados Unidos pretende que los jueces de la CPI no abran una investigaci¨®n en Afganist¨¢n, que podr¨ªa incluir a personal de la CIA

Lo que parece pretender EE?UU es evitar que los jueces de la CPI consideren abrir esta investigaci¨®n en Afganist¨¢n, que podr¨ªa incluir adem¨¢s de a talibanes y fuerzas afganas, los posibles delitos del personal norteamericano y de la CIA.

Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma que regula la Corte y no est¨¢ de acuerdo con su jurisdicci¨®n sobre ciudadanos de pa¨ªses que no son miembros sin que medie una petici¨®n por parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Pero no es el caso: tanto Afganist¨¢n como Palestina forman parte de la CPI al haber ratificado el Estatuto de Roma, lo cual habilita a la Fiscal¨ªa a investigar y a la Corte a juzgar los cr¨ªmenes cometidos en sus territorios o por ciudadanos de Estados que no son parte del tribunal. Entidades como Human Rights Watch consideran que ¡°la decisi¨®n de sujetar a prohibiciones de visados al personal de la CPI es un intento indignante de intimidar a la Corte y disuadir el escrutinio de la conducta estadounidense¡±.

Sin duda alguna. La CPI es un ¨®rgano judicial independiente cuya funci¨®n consiste en investigar y juzgar cr¨ªmenes de guerra, lesa humanidad o genocidio. Creada en 1998, despliega su competencia desde el 1 de julio de 2002; hoy son 124 los pa¨ªses que forman parte de su estructura. Tiene la facultad de investigar los delitos cometidos por los nacionales de Estados firmantes o por cualquier persona que cometa aquellos delitos en su territorio. Los responsables de los delitos no se podr¨¢n amparar en ¨®rdenes recibidas y ser¨¢ indiferente su cargo oficial y qui¨¦n presenta el caso al tribunal.

A muchos kil¨®metros de distancia espacial y ¨¦tica de EE?UU, en La Haya, el pasado 20 de marzo, la CPI hizo p¨²blica la sentencia del mecanismo residual para el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia de Naciones Unidas que ha elevado la condena inicial del criminal serbio Radovan Karadzic de 40 a?os a cadena perpetua. El autor, entre otras, del genocidio de Srebrenica ¡ª8.000 hombres y ni?os fusilados¡ª, ha sido condenado por cinco cr¨ªmenes de lesa humanidad y cuatro cr¨ªmenes de guerra. Entre los cuatro magistrados internacionales del tribunal figura el espa?ol Jos¨¦ Ricardo de Prada, que, junto al colega portugu¨¦s Caires Batista Rosa, han manifestado su disgusto porque la calificaci¨®n de los hechos no contemplara el genocidio, lo que, aducen, hubiera supuesto una aut¨¦ntica compensaci¨®n para la verdad y la justicia. La alegr¨ªa de las madres de Srebrenica ante la resoluci¨®n judicial indica hasta qu¨¦ punto es sanadora la reparaci¨®n y c¨®mo las v¨ªctimas necesitan el reconocimiento de los tribunales para salir del silencio y del miedo en que sus verdugos las han sumido.

Es esto lo que el Gobierno norteamericano quiere evitar: el peligro de que sus pecados salgan a la luz, el riesgo de tener que responder por cr¨ªmenes terribles, la posibilidad de recibir una sanci¨®n por acciones reprochables que hayan causado dolor y muerte. Y mientras tanto, Guant¨¢namo sigue abierto; los derechos humanos, ausentes, y la jurisdicci¨®n universal, desaparecida. Si en alg¨²n momento EE?UU se consider¨® con orgullo el palad¨ªn de la libertad en el mundo, en los ¨²ltimos tiempos y de la mano de su presidente, Donald Trump, tal bandera se ha venido abajo para ser sustituida por un ra¨ªdo trapo sobre el que se ha escrito con letras doradas la palabra impunidad.

Baltasar Garz¨®n Real es jurista y presidente de FIBGAR.