Cerrar los CIE

El juicio por la muerte de la congole?a Samba Martine ha quedado visto para sentencia, pero las condiciones que provocaron su ignominiosa muerte en diciembre de 2011 tras permanecer 38 d¨ªas en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, en Madrid, no han desaparecido. Martine sufri¨® una infecci¨®n oportunista muy frecuente en personas portadoras del virus VIH, que de recibir el tratamiento adecuado se cura en m¨¢s del 70% de los casos. Hab¨ªa sido trasladada a Madrid desde el centro de estancia temporal de Melilla, donde se hab¨ªa detectado que ten¨ªa el VIH, pero nadie advirti¨® de esta circunstancia. Cuando enferm¨® en Aluche fue tratada de una simple gripe y los servicios sanitarios no atendieron sus peticiones a pesar de haber acudido en 11 ocasiones a la enfermer¨ªa y observar que su estado no mejoraba. Sobrecoge tanta indiferencia. Martine agoniz¨® durante 48 horas tendida en el suelo. Cuando fue enviada al hospital, era tarde. Muri¨® a las seis horas.

La justicia determinar¨¢ si se produjo un delito de homicidio imprudente, pero el caso ha puesto de manifiesto que los CIE no solo padecen graves carencias sino que en ocasiones vulneran gravemente los derechos humanos. Cuando alguien est¨¢ privado de libertad bajo custodia del Estado, ¨¦ste tiene la responsabilidad de extremar el cuidado de su salud. El hecho de estar internada en un CIE priv¨® a Samba Martine de la oportunidad de curaci¨®n que de no estar retenida hubiera podido procurarse por s¨ª misma, simplemente acudiendo al servicio de urgencias de cualquier hospital. Una vez ocurrido el desastre, el segundo deber del Estado es extremar la diligencia para esclarecer lo sucedido. Tampoco aqu¨ª ha estado a la altura, con una lenta y azarosa instrucci¨®n de m¨¢s de siete a?os en la que el ministerio fiscal ha jugado un rol m¨¢s propio de la defensa que de la acusaci¨®n p¨²blica.

Los CIE son un instrumento de pol¨ªtica migratoria muy cuestionable. Adem¨¢s de las carencias materiales que han denunciado reiteradamente las organizaciones humanitarias y el Defensor del Pueblo, su funcionamiento es objeto permanente de controversia. Gestionados por la polic¨ªa, albergan inmigrantes irregulares en espera de expulsi¨®n obligados a vivir en un r¨¦gimen carcelario pese a que no han cometido ning¨²n delito. Durante mucho tiempo, gran parte de los internos eran dejados en libertad cuando se cumpl¨ªa el tiempo m¨¢ximo de retenci¨®n previsto en la ley, sin completar el expediente de expulsi¨®n. En 2018 se deport¨® al 58% de los internos, pero este mayor porcentaje se debe al hecho de que la mayor parte de los internos son ahora argelinos y marroqu¨ªes. Esta selecci¨®n se debe al hecho de que existe un convenio con sus pa¨ªses de origen que facilita la devoluci¨®n, lo que provoca una situaci¨®n de discriminaci¨®n respecto del resto de inmigrantes. El nuevo Gobierno debe revisar con urgencia la anomal¨ªa que representan los CIE, que con tanta frecuencia se convierten en un lugar falto de humanidad donde todo puede ocurrir.