Ruman¨ªa se enfrenta a una grave escasez de viviendas sociales. La elitizaci¨®n del centro de la ciudad y la devoluci¨®n de las propiedades privadas confiscadas durante la ¨¦poca comunista expulsan a los inquilinos con pocos recursos. "Cada a?o se desplaza a miles de personas, y en el futuro ser¨¢n m¨¢s. La asequibilidad de la vivienda se tiene que convertir en una prioridad pol¨ªtica. De lo contrario, lo que vemos hoy en d¨ªa no ser¨¢ m¨¢s que el principio de la favelizaci¨®n de Ruman¨ªa", denuncia Adrian Dohoratu, un activista por el derecho a la vivienda y actualmente miembro del Parlamento.
Los problemas de escasez se deben en parte a la ley de restituci¨®n (10/2001), que aunque parece tener solo efectos localizados, ha sido en realidad muy destructiva, produciendo oleadas de desalojos, gentrificaciones, aumentos de alquileres y transformaciones de viviendas en otros proyectos con fines de lucro. Esta ley fue respaldada por el discurso anticomunista dominante, que afirma que el r¨¦gimen socialista perjudic¨® a los propietarios de entreguerras cuando nacionaliz¨® sus propiedades, y que estos y sus herederos tienen derecho leg¨ªtimamente a recuperarlas, independientemente de lo que pueda suceder a los inquilinos que actualmente las habitan. Esos vecinos que ahora se ven afectados por los desalojos pertenecen, a menudo, a grupos sociales vulnerables. Los desahucios casi no reciben atenci¨®n de los medios de comunicaci¨®n y los desalojados apenas cuentan con apoyo de las autoridades y de la opini¨®n p¨²blica, porque el derecho de propiedad prevalece sobre el de los inquilinos y porque las personas que pertenecen a grupos sociales vulnerables est¨¢n sometidas a un estigma social invisibilizado y marginado.