Los delitos y las penas

¡°?Quer¨¦is prevenir los delitos? Haced que la ilustraci¨®n acompa?e a la libertad¡±.

Cesare Beccaria

Un sabio fil¨®sofo nada circunspecto, como es Fernando Savater, ha escrito repetidas veces contra las gracietas de los diputados que a la hora de prometer o jurar lealtad a las leyes en su toma de posesi¨®n a?aden enjundiosas apostillas, como condicionando el valor de su compromiso. Desde que Herri Batasuna instaurara la moda en la Transici¨®n, y en plena actividad criminal de ETA, prometiendo ¡°por imperativo legal¡± su acatamiento al sistema han proliferado f¨®rmulas diversas, bastante pedestres y nada imaginativas, en las que lo mismo se jura por Espa?a, pues no hay m¨¢s que una, que por la madre que le pari¨® a cada cual. Este c¨²mulo de chorradas, repetido en parte en la jura de nuevos ministros, pone de relieve la debilidad de nuestras instituciones y la ignorancia de muchos de quienes las ocupan. Tan apegados est¨¢n a su particular e interesada interpretaci¨®n del esp¨ªritu de las leyes que olvidan la literalidad de las mismas.

En una reciente reuni¨®n a la que asist¨ªa considerable n¨²mero de intelectuales, pude escuchar a un experto jurista que, a su entender, incluso las f¨®rmulas que las titulares de Trabajo e Igualdad emplearon para prometer cumplir con sus tareas en el Consejo de Ministras, pudieran devenir en la nulidad de su nombramiento y qui¨¦n sabe si en un delito de usurpaci¨®n de funciones, habida cuenta de que el ¨®rgano colegiado por ellas descrito simplemente no existe. Otro de los asistentes al debate record¨® que el d¨ªa inaugural del presidente Obama se produjo un error en la lectura del texto de su juramento. Preocupado por las consecuencias legales y constitucionales que aquello pudiera tener, el presidente de la Corte Suprema acudi¨® m¨¢s tarde al despacho oval para repetirlo, no fuera a ser considerado inv¨¢lido. El respeto a las formas es esencial en el funcionamiento de la democracia no por razones de protocolo, sino como garant¨ªa jur¨ªdica de los actos y decisiones del poder. Esto deber¨ªa haberlo tenido en cuenta nuestro ministro de Transportes antes de darle la mano en Barajas, por cortes¨ªa, a una delincuente acusada de delitos contra la democracia.

Habr¨¢ quien piense que estas son an¨¦cdotas menores, pero afectan de lleno a la estabilidad del sistema. Del desprecio institucional que exhiben los actuales partidos del arco parlamentario ya se ha dicho bastante, pero la debilidad del nuevo Gobierno amenaza con expresarse en desprop¨®sitos de tama?o considerable que pueden da?ar seriamente la convivencia ciudadana y la limpieza democr¨¢tica del propio PSOE. Me centrar¨¦, solo a t¨ªtulo de ejemplo, en el asunto del nuevo C¨®digo Penal.

Por mucho que la vicepresidenta del Gobierno insista en que la reforma del mismo, o la elaboraci¨®n de uno nuevo, no forma parte de los acuerdos con Esquerra Republicana para la investidura, es evidente que algo tiene que ver con ellos, entre otras cosas porque el verdadero negociador de los pactos ha sido Oriol Junqueras desde la c¨¢rcel de Lledoners.

Cualquier cambio que aspire a ser duradero debe hacerse con el concurso de las fuerzas pol¨ªticas y del Poder Judicial

Vaya por delante mi consideraci¨®n de que si verdaderamente se quiere solucionar el conflicto pol¨ªtico catal¨¢n es obvio que no podr¨¢ mantenerse en prisi¨®n por largos a?os al conjunto de l¨ªderes que ahora purgan en celdas sus mesi¨¢nicas obsesiones. La normalizaci¨®n en Catalu?a requerir¨¢ tiempo y mesura. La libertad de los sediciosos, en la medida que pueda contribuir a esa normalizaci¨®n y en condiciones razonables, lejos de ser una premisa que pueda exigir nadie es una necesidad de todos si se pretende recuperar la convivencia. Para que algo as¨ª suceda se necesita claridad y menos secretismo por parte del Gobierno. Porque una cosa es proceder a medidas de gracia o incrementar los permisos penitenciarios a fin de restaurar la situaci¨®n pol¨ªtica catalana y otra muy diferente hacerlo a cambio de obtener las prebendas del poder en el voto de investidura. Esta es la hora en que todav¨ªa el presidente no ha explicado cu¨¢l es su plan, si es que tiene alguno, para devolver a la inmensa mayor¨ªa de catalanes al pacto constitucional, mientras el PP, manchado por sus connivencias con la extrema derecha, solo responde con jactancias y pamplinas. Normalizar la vida democr¨¢tica en Catalu?a requerir¨¢ antes o despu¨¦s un pacto que implica reformas constitucionales a fin de adecuar nuestro sistema al funcionamiento federal. Un pacto que ha de incluir antes que a ning¨²n otro al principal partido de la oposici¨®n, cuando decida apearse del cuanto peor mejor.

Algo parecido puede decirse respecto a la renovaci¨®n del C¨®digo Penal: es insensato y sectario hacerlo apoy¨¢ndose en los votos controlados por quienes directamente pueden ser beneficiarios de la reforma. Y es inadmisible que un cambio que afecte a la calificaci¨®n de las penas por sedici¨®n no cuente con el aval de un amplio sector del Congreso y los informes preceptivos del Consejo de Estado y del Poder Judicial. Se tardaron casi dos d¨¦cadas desde el comienzo de la Transici¨®n en redactar el C¨®digo Penal de la democracia, reformado luego sucesivamente con sa?a partidista por Aznar, Zapatero y Rajoy. Legislar ad personam para resolver la situaci¨®n de quienes cometieron un nefando crimen contra la democracia es la peor de las iniciativas que puede tomar el Gobierno, sobre todo porque puede utilizar su derecho de gracia en la capacidad y medida que estime necesario. En definitiva, cualquier reforma del C¨®digo Penal que aspire a ser duradera y ¨²til a la comunidad no puede hacerse sin el concurso de las principales fuerzas pol¨ªticas y de las instituciones del Poder Judicial. El bloqueo sistem¨¢tico de estas por parte del PP es por lo mismo irritante y antidemocr¨¢tico, no mira a los intereses de los ciudadanos y solo trata de utilizar la Administraci¨®n de Justicia en su propio beneficio, con desprecio del Estado.

La democracia se basa en la difusi¨®n e independencia de los poderes, por lo que es tambi¨¦n a veces escenario del conflicto entre los mismos. El judicial es de ordinario el m¨¢s temido y el m¨¢s atacado por los Gobiernos aunque su control pol¨ªtico corresponde en realidad a los ¨®rganos legislativos. El profesor Enrique Bacigalupo en su libro Derecho penal y Estado de derecho explica muy a las claras que el ejercicio del derecho de gracia en las constituciones democr¨¢ticas es una especie de antigualla heredada del absolutismo, pero una de las justificaciones para la aplicaci¨®n del mismo ser¨ªa el inter¨¦s pol¨ªtico del Estado, cuando este crea que la aplicaci¨®n de determinada pena provocar¨ªa m¨¢s da?os que ventajas al propio Estado. Desde esa perspectiva deben tomarse las decisiones en este caso, y no con triqui?uelas y apa?os de corto plazo que garanticen la aprobaci¨®n de un proyecto tan relevante como el que afecta a la modificaci¨®n del C¨®digo Penal.

Ya nadie se acuerda de acabar con las listas electorales cerradas y bloqueadas, pr¨¢ctica que convierte a los diputados en rehenes de las c¨²pulas de los partidos

Si el Gobierno decidiera ejercer el derecho de gracia en el caso del proc¨¦s, convendr¨ªa que los condenados en sentencia firme no exageren m¨¢s en sus fanfarroner¨ªas diciendo que volver¨¢n a tratar de derribar el Estado y cosas as¨ª; entre otras cosas porque ya est¨¢ claro que el Estado no lo permitir¨¢. El presidente S¨¢nchez demostrar¨ªa de paso su capacidad de liderazgo. ?ste nada tiene que ver con la inmoral tendencia a un presidencialismo casi cesarista que ignora los m¨ªnimos protocolos en la relaci¨®n con el jefe del Estado y encumbra a funciones ejecutivas a sus asesores personales, otorg¨¢ndoles poderes incluso superiores a los de los vicepresidentes, pues incluyen nada menos que la Seguridad Nacional, en donde de una forma u otra al final desembocan las cloacas del Estado, hoy en d¨ªa m¨¢s repletas de datos que de ratas.

Por lo dem¨¢s ya nadie se acuerda de acabar con las listas electorales cerradas y bloqueadas, pr¨¢ctica que convierte a los diputados en rehenes de las c¨²pulas de los partidos. De modo que al final de todo esto cuando nos hablan de regeneraci¨®n democr¨¢tica dan ganas de responder con la sutileza del independentismo catal¨¢n, puesta en evidencia por su principal dirigente:

¡ª?Regeneraci¨®n? ?Y una mierda, una puta mierda!

Pues eso.