Va para largo

El decreto que modifica la Ley de la Cadena Alimentaria, aprobado el martes en el Consejo de Ministros, pretende dar una primera respuesta a las reivindicaciones de agricultores y ganaderos manifestadas en las protestas p¨²blicas. La lectura del decreto arroja dos conclusiones relevantes para entender el desarrollo futuro del conflicto. La primera es que el Gobierno cree que la cuesti¨®n de la fijaci¨®n de los precios pagados a los agricultores es el problema principal y debe ser orientado con rapidez. La segunda es que, como era de esperar, la crisis del campo no se va a resolver en un corto periodo de tiempo; la percepci¨®n de los agricultores de que ¡°es un paso adelante, pero resulta insuficiente¡± resume la idea de que esto va para largo.

La sustancia del decreto radica en la recomendaci¨®n de que las relaciones entre agricultores y ganaderos y las cadenas de intermediaci¨®n tienen que regularse mediante un contrato en el que aparezcan los costes de producci¨®n del suministrador (agricultor o ganadero). La pretensi¨®n l¨®gica es que el precio de compra recoja tales costes y se evite de esta forma la compra a p¨¦rdidas, una consecuencia ruinosa para quienes viven de sus cosechas o de sus ganados. La duda razonable radica en si basta indicar, recomendar o instar para que en la negociaci¨®n agricultores-industria se cumpla el objetivo buscado. Probablemente, no. Pero el caso es que el Gobierno no puede intervenir directamente para imponer condiciones de negociaci¨®n; s¨ª lo puede hacer indirectamente, estimulando o castigando con los instrumentos econ¨®micos disponibles aquellas conductas que vulneren el principio de reconocer los costes de producci¨®n. Ser¨ªa bueno que lo tuviera en cuenta.

Por eso es importante que exista un observatorio de precios que act¨²e como se?al de cu¨¢les son los precios coherentes con los costes del mercado. El observatorio puede operar como un sistema de alarma informativa, como un instrumento de correcci¨®n y tambi¨¦n como un indicador ¨²til para detectar los precios que finalmente van a pagar los consumidores. Porque si las subidas de precios pagados a los agricultores se trasladan sin m¨¢s mediaci¨®n a los compradores finales de los productos, estaremos ante un fracaso de la competencia en los mercados.

Parece l¨®gico que los agricultores y ganaderos perciban esta primera decisi¨®n como insuficiente. Los problemas de la producci¨®n y de los mercados agrarios solo pueden atajarse mediante acciones persistentes en varios frentes. Si se consigue instaurar la negociaci¨®n en condiciones equilibradas entre agricultores y cadenas de distribuci¨®n, el mero ejercicio negociador mejorar¨¢ la situaci¨®n de los productores. Tambi¨¦n hay que afrontar, con calma y estudios previos, la forma de reforzar la solidez empresarial y la rentabilidad de las explotaciones agr¨ªcolas y ganaderas. La f¨®rmula sugerida ser¨ªa la de estimular la formaci¨®n de cooperativas. Adem¨¢s, parece que ha llegado el momento de revisar la fiscalidad para el sector agrario, porque la actual no incentiva adecuadamente la fusi¨®n y concentraci¨®n de producciones. Lo que queda por hacer es mucho; lo importante es que todos los protagonistas, Gobierno, agricultores y grupos de distribuci¨®n, entiendan que la negociaci¨®n no ha terminado con el decreto.