Han llegado los respiradores, ?con¨¦ctenlos!

La necesidad de responder a la Covid-19 con medidas que aumentan la distancia social ha a?adido a la interrupci¨®n de las cadenas globales de producci¨®n otros efectos m¨¢s instant¨¢neos, que han golpeado a much¨ªsimas empresas por el retroceso de la demanda. La inmediata consecuencia ha sido una ca¨ªda brusca de ingresos, que se va a transmitir a la liquidez de las empresas y el empleo. Es probable que el impacto alcance al menos a un tercio de la econom¨ªa y, si no hici¨¦ramos nada, cada mes de crisis reducir¨ªa la renta anual en torno al 3%.

El potencial destructivo de este shock ha hecho que durante los ¨²ltimos d¨ªas se activen medidas potentes de pol¨ªtica fiscal ¡ªb¨¢sicamente, nacionales¡ª y, m¨¢s todav¨ªa, monetaria ¡ªdel BCE¡ª. La UE sigue sin adoptar medidas que permitan mutualizar riesgos, pero al menos ha renunciado a aplicar una pol¨ªtica de estabilidad que podr¨ªa ser mortal en las actuales circunstancias.

Con esas decisiones el sector p¨²blico y las autoridades monetarias asumen la necesidad de hacer todo lo que sea necesario para que los gastos extraordinarios derivados de la crisis puedan ser atendidos. En primer lugar, para que no colapse el sistema sanitario ni se incremente el n¨²mero de muertos por falta de respiradores y otros recursos. En segundo lugar, para facilitar a las empresas un ox¨ªgeno financiero cuya falta puede ahogar a muchas en la insolvencia, pese a ser viables.

Una vez se dispone de los respiradores fiscales y monetarios para impulsar el aire hacia los debilitados pulmones de nuestra econom¨ªa, es indispensable que esos instrumentos est¨¦n pronto y permanentemente conectados. Y hay que advertir de que eso no est¨¢ garantizado todav¨ªa, pues depende de m¨¢s cosas que de la llegada de los equipos: es preciso hacerlos funcionar de manera efectiva, y para ello es imprescindible asegurar los canales de transmisi¨®n de las pol¨ªticas dise?adas.

En primer lugar, para que las empresas reciban financiaci¨®n bancaria es clave que los avales p¨²blicos sean suficientes. Del primer tramo de 20.000 millones, en el destinado a grandes empresas la garant¨ªa es del 70% en cr¨¦dito nuevo y del 60% en renovaciones, porcentajes que pueden ser insuficientes en un contexto en el que el desplome del PIB puede ser monumental.

El sector p¨²blico y las autoridades monetarias asumen la necesidad de hacer lo necesario para que los gastos extraordinarios derivados de la crisis puedan ser atendidos

Pero, en segundo lugar, es muy importante que el sector p¨²blico contribuya tambi¨¦n a que los recursos financieros que pasan por sus cuentas lleguen a las empresas con celeridad. La suspensi¨®n de las reglas fiscales aprobada por Bruselas ofrece el marco de actuaci¨®n, pero operar dentro de ¨¦l depende de las autoridades nacionales, pues son las que canalizan la recaudaci¨®n tributaria y la obtenci¨®n de recursos derivados del endeudamiento. En ese sentido, el Gobierno central tiene una especial responsabilidad: conectar efectivamente el respirador de la financiaci¨®n extraordinaria a las comunidades aut¨®nomas para que las compras a las empresas proveedoras de bienes y servicios ¡ªque representan la cuarta parte del gasto p¨²blico¡ª ventilen los pulmones del tejido productivo mediante una agilizaci¨®n de los pagos.

Las comunidades son responsables de una parte sustancial de servicios p¨²blicos, que generan pagos mensuales a proveedores superiores a los 4.300 millones de euros. Para pagar pronto, los Gobiernos regionales han de recibir de inmediato no solo los ingresos financieros ordinarios, sino los que reclaman que habitualmente les llegan con retraso. Y desde luego, tambi¨¦n los recursos adicionales asociados a la ejecuci¨®n de las medidas fiscales extraordinarias para combatir la crisis. Si siempre es negativo que los flujos financieros entre Administraciones se retrasen, ahora ser¨ªa imperdonable porque estrangular¨ªa la capacidad de pago a empresas y familias y puede ser mortal para una econom¨ªa d¨¦bil.

Seg¨²n los ¨²ltimos datos disponibles, la deuda no financiera de las comunidades ascend¨ªa a 11.889 millones de euros, un 1% del PIB. De esa cifra, la mitad era deuda con proveedores, y el 70% de esta mitad era deuda con proveedores sanitarios. El periodo medio de pago una vez reconocidas las obligaciones era de 40 d¨ªas, y en el sector sanitario, de 46 (sobrepasando los 30 d¨ªas a los que obliga la ley de morosidad), pero estas cifras solo tienen en cuenta los pagos para los que la financiaci¨®n est¨¢ prevista. Sin embargo, siguen existiendo facturas en los cajones, sin reconocimiento presupuestario, cuyos periodos de pago son m¨¢s largos. Actualmente, es probable que esas cifras hayan aumentado y es imprescindible que se reduzcan al m¨ªnimo. Si no se consigue, el sector p¨²blico tapar¨¢ la boca a unas empresas a las que les falta el aire, en vez de conectarlas al respirador. En cambio, si esa conexi¨®n se realiza, solo con que la deuda ya reconocida con proveedores se liquidara, llegar¨ªan a las empresas casi 6.000 millones de euros. As¨ª, pues, es preciso prestar mucha atenci¨®n a los flujos financieros entre la Administraci¨®n central y las comunidades. Tambi¨¦n se requiere que todas las Administraciones sean m¨¢s ¨¢giles en los pagos, manteniendo sus servicios de intervenci¨®n y tesorer¨ªa a la altura de las circunstancias.

Francisco P¨¦rez es director del Ivie y Joaqu¨ªn Maudos es director adjunto del instituto; ambos son catedr¨¢ticos de la Universidad de Valencia.