Acuerdos y desacuerdos

El Ministerio del Interior public¨® este s¨¢bado el n¨²mero de sanciones tramitadas por infracciones al confinamiento decretado bajo el estado de alarma, siguiendo el procedimiento establecido por la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza. El volumen supera los 740.000 partes, que pueden ser recurridos y, en el caso de que se haga, las delegaciones de Gobierno decidir¨¢n tanto sobre su pertinencia como sobre la cuant¨ªa. Seg¨²n la apreciaci¨®n de algunos grupos parlamentarios, el Ejecutivo deber¨ªa haber recurrido a la Ley de Salud P¨²blica y no a la de Seguridad Ciudadana.

Es probable que en el debate de apariencia jur¨ªdica acerca de si deber¨ªa aplicarse una norma u otra se est¨¦ mezclando una cuesti¨®n pol¨ªtica anterior a la declaraci¨®n de la alarma, como es el hecho de que las dos fuerzas hoy en el Gobierno se comprometieron a derogar la ley a la que ha decidido recurrir el Ministerio del Interior. En ¨²ltimo extremo, ser¨ªa el Poder Judicial el que tendr¨ªa que acabar resolviendo el conflicto de normas, si es que existiera. Pero, entre tanto, conviene no perder de vista los acuerdos que podr¨ªan acabar ocultando los desacuerdos. El principal de ellos es que no respetar el confinamiento establecido en el decreto de alarma es un il¨ªcito que los cuerpos y fuerzas de seguridad est¨¢n obligados a impedir y que, para hacerlo, necesitan de la cobertura de una norma. Desde luego, no es irrelevante que se trate de una o de otra, pero las dudas tienen que ser resueltas en el momento oportuno y por los procedimientos del Estado de derecho.

A este ¨²ltimo respecto, todo el esfuerzo parlamentario y todo el control pol¨ªtico estar¨ªa mejor dirigido a salvaguardar los derechos de los ciudadanos contra los que se haya iniciado un expediente de sanci¨®n, que a abrir un nuevo frente de confrontaci¨®n. Nada se gana con que los grupos de oposici¨®n sigan obstinados en hacer del Parlamento una banal caja de resonancia para esl¨®ganes como que el Gobierno cambia mascarillas por mordazas; mucho, por el contrario, con que los ciudadanos se sepan protegidos por instituciones democr¨¢ticas que cumplen su papel. En este caso, exigiendo del Gobierno informaci¨®n acerca de las razones jur¨ªdicas que le hicieron preferir una ley a la otra, como tambi¨¦n sobre la gesti¨®n de los expedientes administrativos generados por las denuncias durante una situaci¨®n de excepcionalidad.

La cifra de las sanciones no permite, sin duda, banalizar un asunto que afecta a cientos de miles de ciudadanos. Pero tampoco ignorar el compromiso c¨ªvico de un pa¨ªs que ha cumplido en su pr¨¢ctica totalidad con lo que se le ha pedido, respetando escrupulosamente el confinamiento.