El Defensor del Pueblo investiga la pol¨ªtica de multas de Interior por no respetar el confinamiento
La Abogac¨ªa del Estado, juristas y ONG cuestionan la base legal de las sanciones propuestas por desobediencia
El Ministerio del Interior inform¨® este viernes de que las fuerzas de seguridad dictaron solo el jueves hasta 9.497 nuevas propuestas de sanci¨®n, que se suman a las m¨¢s de 600.000 emitidas desde la declaraci¨®n del estado de alarma. Esta ingente cantidad de multas ha provocado que surjan voces ¡ªcomo la Abogac¨ªa del Estado¡ª que hablan de un uso excesivo de este recurso. El Defensor del Pueblo ha abierto una investigaci¨®n sobre si se est¨¢ actuando de forma ¡°correcta y proporcional¡±.
El defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fern¨¢ndez Marug¨¢n, desvel¨® este viernes su iniciativa e inform¨® de que ya ha solicitado al departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska toda una bater¨ªa de datos sobre las multas tramitadas por los agentes de la Polic¨ªa Nacional y de la Guardia Civil, as¨ª como las instrucciones que han recibido al respecto. ¡°El objetivo es llevar a cabo un an¨¢lisis global del r¨¦gimen sancionador durante el estado de alarma, con el fin de compulsar si se ha actuado de manera correcta y proporcional¡±, subray¨® en un comunicado, donde indicaba que tambi¨¦n ha planteado tres recomendaciones a la Secretar¨ªa de Estado de Seguridad para ¡°proteger a los ciudadanos ante las restricciones de derechos¡±. Entre ellas, elaborar unas instrucciones internas donde se clarifiquen los supuestos en los que no se pueden sancionar determinadas actividades ciudadanas. Aunque no ha obtenido todav¨ªa respuesta.
Esta medida del Defensor surge despu¨¦s de que alguna fiscal¨ªa, subdelegaci¨®n del Gobierno, juristas, ONG y la propia Abogac¨ªa del Estado hayan planteado sus dudas sobre el sistema de sanciones puesto en marcha por Grande-Marlaska. El ministro del Interior ha dado ¨®rdenes a los agentes para que apliquen la ley de seguridad ciudadana ¡ªbautizada como ley mordaza, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) y que el PSOE prometi¨® derogar¡ª contra todos aquellos que burlen el confinamiento. Imponi¨¦ndoles as¨ª multas de, por ejemplo, 601 euros por un ¡°desplazamiento no autorizado¡±, que puede dispararse hasta los 2.000 euros si los agentes creen que el infractor les ha ¡°menospreciado¡±.
En este caso, seg¨²n una comunicaci¨®n interna del ministerio firmada por Marlaska, se considera que el mero hecho de estar en la calle sin motivo ya supone una infracci¨®n administrativa por desobediencia de las medidas dictadas por el Gobierno en el estado de alarma, de ¡°ampl¨ªsima difusi¨®n¡± a trav¨¦s de la prensa y el BOE. Una tesis que rechazan algunos juristas y la Abogac¨ªa del Estado, que en un informe subray¨® que la ley requiere que el ciudadano que vaya a ser multado haya sido advertido previamente y personalmente.
¡°Las sanciones previstas en la ley de seguridad ciudadana solo deben imponerse a quienes son descubiertos salt¨¢ndose las indicaciones del estado de alarma y, adem¨¢s, se resistan a obedecer un requerimiento expreso e individualizado que le realicen los agentes de la autoridad¡±, insiste el colectivo Defender a Quien Defiende, que aglutina a abogados y organizaciones de derechos humanos. En esa misma l¨ªnea se pronuncia tambi¨¦n Carlos Viader, juez de lo Penal y miembro del comit¨¦ nacional de la Asociaci¨®n Judicial Francisco de Vitoria (AJFV): ¡°Si desobedecer una norma fuese infracci¨®n por desobediencia, entonces todo lo ser¨ªa. Lo hay cuando un polic¨ªa te da una instrucci¨®n y t¨² pasas ol¨ªmpicamente¡±.
Un cuestionamiento que no acaba ah¨ª. La Delegaci¨®n del Gobierno en Madrid tambi¨¦n decidi¨® consultar a la Abogac¨ªa del Estado al respecto, seg¨²n consta en una nota informativa interna de la Direcci¨®n General de la Polic¨ªa del pasado 24 marzo, donde se a?ade que diversos ¡°actores¡± ¡ªcomo la Fiscal¨ªa de Benidorm y la Subdelegaci¨®n del Gobierno de Alicante¡ª dudan que pueda aplicarse la ley mordaza como se est¨¢ haciendo: ¡°Pues implicar¨ªa la necesidad de un apercibimiento previo¡±, alertaban.
Sin embargo, un portavoz de Interior defiende que la propia promulgaci¨®n del decreto act¨²a como ese ¡°requerimiento previo¡± y, adem¨¢s, recalca que las fuerzas de seguridad est¨¢n actuando siempre con ¡°proporcionalidad¡±. Eso s¨ª, estas cr¨ªticas al plan de multas se suman a algunas agresiones policiales que se han denunciado, aunque el ministerio considera que se trata tan solo de casos residuales. Pese a ello, este uso abusivo de la fuerza ya lo ha puesto sobre la mesa Unidas Podemos en el seno del Gobierno, seg¨²n fuentes pr¨®ximas al Ejecutivo.
Por su parte, sindicatos de polic¨ªa y asociaciones de guardias civiles defienden la actuaci¨®n de los agentes. Pablo P¨¦rez, portavoz de Justicia Policial (Jupol, el sindicato mayoritario en la Polic¨ªa Nacional), niega que las patrullas est¨¦n siendo estrictas con los ciudadanos: ¡°Lo primero que hacemos es empatizar con la gente que se ha saltado el confinamiento para concienciarles de que el estado de alarma es por el bien com¨²n, pero si insiste en su actitud se les propone para sanci¨®n. Simplemente se est¨¢ cumpliendo la ley¡±.
¡°Estamos para hacer cumplir¡±
M¨®nica Gracia, secretaria general del Sindicato Unificado de Polic¨ªa (SUP), considera que la cifra de m¨¢s de 600.000 sanciones propuestas no puede verse simplemente como ¡°un dato estad¨ªstico¡±, sino que debe valorarse en el actual contexto de crisis que sufre Espa?a y el mundo. ¡°Los polic¨ªas estamos para hacer cumplir el estado de alarma con las herramientas a nuestro alcance, entre ellas la ley de seguridad ciudadana¡±, dice. En la misma l¨ªnea se manifiesta Francisco Pajuelo, portavoz de la Asociaci¨®n Pro Guardia Civil (APROGC), quien insiste en que los agentes est¨¢n ¡°cumpliendo con las directrices" que les ha impartido el Gobierno "de acuerdo con las leyes¡±. En este sentido, Pajuelo s¨ª reclama ¡°instrucciones claras¡± por parte de Interior.
Juan Fern¨¢ndez, de la Asociaci¨®n Unificada de la Guardia Civil (AUGC), cree que ¡°ser¨ªa una l¨¢stima si finalmente el trabajo de los guardias civiles y polic¨ªas no cumple el cometido que tiene, conseguir que la gente respete el estado de alarma por el bien de todos¡±. Para Fern¨¢ndez, si esas propuestas de sanci¨®n son anuladas, se perder¨ªa ¡°el ingente trabajo que se ha hechos estas semanas¡± y ello provocar¨ªa ¡°un enorme malestar¡± en las fuerzas de seguridad.
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