El Constitucional prev¨¦ limitar las expulsiones en caliente a entradas masivas y violentas

El Tribunal Constitucional va a retomar en el pleno que se inicia el pr¨®ximo martes el debate sobre la Ley de Seguridad Ciudadana y analizar¨¢ un proyecto de sentencia para establecer las condiciones en que podr¨¢n ser expulsados en caliente los inmigrantes que lleguen de forma ilegal a Espa?a. El Tribunal fijar¨¢ dos requisitos: que la entrada se haya producido en masa y con uso de la violencia. De este modo, el Constitucional pretende evitar una interpretaci¨®n maximalista del fallo que ...

El Tribunal Constitucional va a retomar en el pleno que se inicia el pr¨®ximo martes el debate sobre la Ley de Seguridad Ciudadana y analizar¨¢ un proyecto de sentencia para establecer las condiciones en que podr¨¢n ser expulsados en caliente los inmigrantes que lleguen de forma ilegal a Espa?a. El Tribunal fijar¨¢ dos requisitos: que la entrada se haya producido en masa y con uso de la violencia. De este modo, el Constitucional pretende evitar una interpretaci¨®n maximalista del fallo que dict¨® en febrero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Las llamadas expulsiones en caliente hab¨ªan sido oficializadas por el Gobierno de Mariano Rajoy a trav¨¦s de la Ley de Seguridad Ciudadana, m¨¢s conocida como ley mordaza. Esta controvertida pr¨¢ctica ¡ªla devoluci¨®n inmediata de inmigrantes que cruzan la frontera sin antes darles ocasi¨®n de solicitar ayuda legal o invocar el derecho de asilo¡ª , que incluso hab¨ªa sido criticada por el PSOE en la oposici¨®n, recibi¨® el espaldarazo jur¨ªdico del tribunal europeo, que aval¨®, el pasado 13 de febrero, la expulsi¨®n sumaria de dos inmigrantes que saltaron la valla de Melilla en 2014. El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo argument¨® que los dos subsaharianos hab¨ªan participado en un salto con otras decenas de personas ¡ªsolo unos pocos lograron llegar al lado espa?ol¡ª y de ese modo ¡°eligieron no utilizar los procedimientos legales que existen para entrar en Espa?a¡±. El fallo tambi¨¦n alud¨ªa al uso de la violencia por parte del grupo que se uni¨® para saltar la valla de forma conjunta. De ese modo el tribunal europeo corrigi¨® su propia doctrina anterior: en 2017 hab¨ªa condenado a Espa?a por esas dos mismas expulsiones, una resoluci¨®n que recurri¨® el Gobierno ya con el PSOE en el poder. La nueva sentencia del tribunal, muy cuestionada por organizaciones de defensa de los inmigrantes, consider¨® que, dadas las circunstancias en que se produjo, la devoluci¨®n inmediata de los dos africanos no vulner¨® la Convenci¨®n Europea de Derechos Humanos.

El proyecto de sentencia que se empez¨® a discutir el a?o pasado en el Constitucional propon¨ªa la prohibici¨®n de las expulsiones inmediatas. Pero el propio tribunal paraliz¨® su decisi¨®n al saber que el Tribunal de Estrasburgo iba a hacer p¨²blica su resoluci¨®n sobre el caso de 2014. Aquel primer proyecto de sentencia puesto en suspenso fue elaborado por el magistrado Fernando Vald¨¦s, del sector progresista del Constitucional, que ser¨¢ tambi¨¦n el ponente de la resoluci¨®n que se prev¨¦ tomar en los pr¨®ximos d¨ªas.

La primera impresi¨®n sobre el fallo de Estrasburgo fue que pod¨ªa suponer un aval absoluto a las expulsiones en caliente. Entre numerosas organizaciones humanitarias se levant¨® un clamor contra lo que se interpretaba como un inadmisible retroceso en materia de derechos humanos e inmigraci¨®n. La inc¨®gnita era saber c¨®mo interpretar¨ªa el Constitucional la sentencia europea y c¨®mo influir¨ªa en su propio fallo pendiente de resolver sobre la Ley de Seguridad Ciudadana.

La f¨®rmula que se va a poner sobre la mesa del tribunal la pr¨®xima semana implica un intento de limitar las posibilidades de que las autoridades administrativas acuerden la expulsi¨®n inmediata de los inmigrantes que hayan logrado franquear la frontera ilegalmente. Para que este tipo de devoluciones puedan llevarse a cabo dentro de la ley ser¨¢ preciso que concurran dos circunstancias: que la entrada en Espa?a se haya producido en masa y que haya implicado el uso de la violencia. Eso supondr¨ªa que no quedar¨¢ anulada la disposici¨®n final de la Ley de Seguridad Ciudadana usada por el PP para legalizar las expulsiones en caliente, pero deber¨¢ ser matizada para circunscribir su aplicaci¨®n a esos casos concretos. Fuentes del Constitucional entienden que de ese modo se recoge la doctrina de Estrasburgo y al mismo tiempo se desalientan los saltos masivos de inmigrantes a las vallas de Ceuta y Melilla.

El Constitucional, sin embargo, se propone evitar que su sentencia pueda interpretarse como un aval gen¨¦rico a las expulsiones en caliente. Seg¨²n las fuentes consultadas, al margen de las dos circunstancias rese?adas, el fallo dejar¨¢ claro que cualquier inmigrante que alcance territorio espa?ol de forma ilegal tendr¨¢ derecho a recibir tutela judicial antes de que las autoridades puedan decidir si permanece o no en el pa¨ªs.

Un aval para la grabaci¨®n de abusos policiales

La llamada ley mordaza dio a la polic¨ªa la potestad de incautarse de las im¨¢genes ¡°no autorizadas¡± que cualquier ciudadano tome de las actuaciones p¨²blicas de los agentes. La norma lo justifica como un modo de proteger la seguridad de los miembros de los cuerpos policiales. El proyecto de sentencia del Constitucional que se analizar¨¢ la pr¨®xima semana prev¨¦ dejar sin efecto esa potestad de la polic¨ªa.

Fuentes del tribunal subrayan que cualquier otra decisi¨®n se entender¨ªa ahora menos que nunca, tras el caso de la muerte de George Floyd y la enorme reacci¨®n en todo el mundo a las im¨¢genes de la brutal actuaci¨®n de la polic¨ªa de Minneapolis. El Tribunal prev¨¦ que la ley deje de amparar la posibilidad de que la polic¨ªa se incaute de ese tipo de im¨¢genes con el argumento de que no hubiesen sido autorizadas por los agentes. El Constitucional solo dejar¨¢ en pie aquella parte de la ley que impone una sanci¨®n grave a quien use datos o im¨¢genes de polic¨ªas que puedan ¡°poner en peligro¡± su seguridad. El fallo tambi¨¦n corregir¨¢ la prohibici¨®n que establec¨ªa la ley mordaza para las manifestaciones delante del Congreso. Solo podr¨¢n impedirse si las protestas coinciden con sesiones de la C¨¢mara.