La ¡®ley mordaza¡¯, la norma m¨¢s protestada, entra hoy en vigor
La Ley de Seguridad Ciudadana ha sido recurrida al Tribunal Constitucional La norma fue aprobada en el Congreso solo con los votos del Partido Popular
Este mi¨¦rcoles entra en vigor una de las leyes m¨¢s emblem¨¢ticas de la legislatura: la Ley de Seguridad Ciudadana. La norma ha sufrido diversas rectificaciones, es ampliamente contestada, ha sido recurrida al Tribunal Constitucional, ha desgastado al Gobierno, ha sido aprobada solo con los votos del PP y el resto de grupos ha expresado su intenci¨®n de derogarla si cambia la mayor¨ªa parlamentaria tras pr¨®ximas elecciones generales. Ha tenido un recorrido similar al de otras normas del Gobierno de Mariano Rajoy como la de educaci¨®n, la de reforma laboral y el C¨®digo Penal. Las tres est¨¢n en el cat¨¢logo de normas que el PSOE se ha comprometido a derogar si logra mayor¨ªa suficiente.
La primera objeci¨®n de la oposici¨®n y de miembros de la judicatura y la carrera fiscal es que sustrae del control previo de los jueces la sanci¨®n de conductas. Esas sanciones eran faltas y ahora se han convertido en multas administrativas y solo tienen control judicial a posteriori si se recurre la multa ejecutiva en la v¨ªa contenciosa.
La segunda tienen que ver con el calificativo de ley mordaza con que se conoce porque afecta al derecho de manifestaci¨®n. La ley surgi¨® con las protestas de ¡°rodea el Congreso¡± y sanciona cualquier "perturbaci¨®n grave de la seguridad ciudadana" que se produzca frente a las sedes del Congreso, el Senado y los parlamentos auton¨®micos, fotograf¨ªas a las Fuerzas de Seguridad del Estado, ¡°el escalamiento de edificios o monumentos sin autorizaci¨®n cuando exista un riesgo cierto de que se ocasionen da?os a las personas o a los bienes y actos como los que busquen impedir desahucios, los escraches y las sentandas pac¨ªficas, entre otras.
Contra nueve art¨ªculos de la Constituci¨®n
Seg¨²n el recurso elaborado por el PSOE, compartido por el resto de grupos, salvo el PP, la Ley de Seguridad Ciudadana vulnera el art¨ªculo 10 de la Constituci¨®n que reconoce el derecho a la dignidad de la persona; el 15 sobre derecho a la integridad f¨ªsica y moral; el 18 sobre la intimidad de las personas; el 21 sobre derecho de manifestaci¨®n; el 20 y 21 sobre libertad de informaci¨®n; el 9.3 sobre ¡°principio de legalidad¡± y ¡°seguridad jur¨ªdica¡±; el 106 de control judicial de la actuaci¨®n administrativa y el 24.1 de tutela judicial efectiva.
Al eliminar el control judicial previo, la palabra de un agente que acuse a un manifestante de desobediencia leve servir¨¢ para imponer la multa con pago ejecutivo inmediato y sin juicio ante un juez como ocurre ahora. La multa m¨¢xima es de 600.000 euros, pero a diferencia de lo que ocurre hasta ahora con las faltas en el C¨®digo Penal, las sanciones no est¨¢n graduadas en funci¨®n del nivel de ingresos.
No obstante, la norma ha sido suavizada en el tr¨¢mite. Se elimin¨® que la polic¨ªa pudiera registrar, sin autorizaci¨®n judicial, un domicilio; la posibilidad de que la polic¨ªa identifique a personas para prevenir tan solo una infracci¨®n administrativa; retener a quienes no pueda identificar en el lugar de los hechos; establecer controles en la v¨ªa p¨²blica por una infracci¨®n administrativa; sanci¨®n a quienes ofrezcan servicios sexuales cerca de colegios, parques infantiles o espacios de ocio reservados a menores; atribuci¨®n de responsabilidad a los organizadores o promotores de reuniones y manifestaciones -legalmente autorizadas- por los altercados que puedan originar terceras personas durante el desarrollo de las mismas y, sobre todo, se ha moderado la cuant¨ªa de las multas.
En el tr¨¢mite se incluyeron algunos puntos como una disposici¨®n transitoria que ya est¨¢ en vigor desde marzo y que legaliza por primera vez en Espa?a las entregas en caliente de inmigrantes que hayan saltado las vallas de Ceuta y Melilla.
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