El Tribunal Constitucional se atasca con la ¡®ley mordaza¡¯
Las diferencias entre los magistrados en el caso de las expulsiones en caliente o las cuestiones relativas al derecho de reuni¨®n y manifestaci¨®n aplazan el fallo
El Tribunal Constitucional decidi¨® relanzar ayer una comisi¨®n que ya fue designada a comienzos de a?o para la b¨²squeda de una salida a las divergencias surgidas en el debate de la sentencia sobre la Ley de Seguridad Ciudadana, la m¨¢s conocida como ley mordaza. Adem¨¢s del ponente del fallo, el magistrado Fernando Vald¨¦s Dal-R¨¦, integran esta comisi¨®n sus colegas Juan Antonio Xiol ¡ªdel sector progresista, como el anterior¡ª, Ricardo Enr¨ªquez y Antonio Narv¨¢ez, estos dos ¨²ltimos del bloque conservador.
La crisis abierta por la alerta sanitaria impidi¨® que la citada comisi¨®n iniciara ...
El Tribunal Constitucional decidi¨® relanzar ayer una comisi¨®n que ya fue designada a comienzos de a?o para la b¨²squeda de una salida a las divergencias surgidas en el debate de la sentencia sobre la Ley de Seguridad Ciudadana, la m¨¢s conocida como ley mordaza. Adem¨¢s del ponente del fallo, el magistrado Fernando Vald¨¦s Dal-R¨¦, integran esta comisi¨®n sus colegas Juan Antonio Xiol ¡ªdel sector progresista, como el anterior¡ª, Ricardo Enr¨ªquez y Antonio Narv¨¢ez, estos dos ¨²ltimos del bloque conservador.
La crisis abierta por la alerta sanitaria impidi¨® que la citada comisi¨®n iniciara realmente sus tareas, porque durante el confinamiento no lleg¨® a reunirse. No obstante, el ponente de la sentencia llev¨® a cabo contactos antes del pleno del tribunal que termin¨® este jueves y elabor¨® un texto que actualizaba las propuestas anteriores con perspectivas de lograr un mayor consenso. En especial en relaci¨®n con las expulsiones en caliente, legalizadas por el Gobierno de Mariano Rajoy a trav¨¦s de la ley mordaza. El Constitucional busca adaptar su doctrina a la sentencia que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dict¨® en febrero pasado avalando las devoluciones sumarias de dos ciudadanos subsaharianos que saltaron la valla de Melilla en 2014.
El debate surgido en el Constitucional puso de manifiesto la dificultad de alcanzar un fallo por unanimidad tanto en este punto como en otros tres. Son los relativos a la posibilidad de sancionar por las manifestaciones ante el Congreso, a la definici¨®n muy gen¨¦rica de las conductas que pueden dar lugar a infracciones administrativas en casos de ocupaci¨®n de la v¨ªa p¨²blica y a la existencia o no de censura previa si se permite que la ley siga como est¨¢ en el punto en que proh¨ªbe el uso de im¨¢genes de agentes de polic¨ªa ¡°sin autorizaci¨®n¡±.
Si ahora se retoma la idea de que una comisi¨®n paritaria ¡ªdos magistrados conservadores y dos progresistas¡ª intente desbrozar el camino de la sentencia es sobre todo para tratar de evitar que se llegue a un fallo con varios votos particulares. Seg¨²n fuentes del tribunal, el debate revel¨® que son posibles puntos de encuentro entre magistrados de ambas sensibilidades, pero en las dos corrientes se dan tambi¨¦n posiciones muy divergentes. Por eso el texto propuesto por el ponente no lleg¨® a votarse ayer. Se hubiese podido hacer, pero el resultado hubiera sido el de una sentencia con objeciones por ambos lados y una imagen de divisi¨®n del Constitucional que el tribunal quiere evitar.
Los magistrados consultados se?alan que una sentencia con tan poco apoyo hubiese mostrado un tribunal incapaz de definir el terreno de juego constitucional cuando se dirimen cuestiones que afectan a derechos fundamentales como el de la tutela judicial efectiva ¡ªen el caso de las expulsiones en caliente¡ª o los de reuni¨®n y manifestaci¨®n.
La ponencia sometida a debate propon¨ªa que las expulsiones en caliente de inmigrantes quedasen limitadas a los supuestos de irrupciones en la frontera en grupo y violentas, como, por ejemplo, en los saltos masivos de las vallas de Ceuta y Melilla. En todas las dem¨¢s circunstancias, los extranjeros llegados ilegalmente tendr¨ªan derecho a la tutela judicial antes de ser expulsados.
Los integrantes del sector progresista entend¨ªan que esa fue la doctrina general fijada por el Tribunal de Estrasburgo en su sentencia de febrero. Parte de esa corriente sostiene incluso que el Constitucional espa?ol es soberano para establecer su propia doctrina. Por el contrario, algunos magistrados del sector conservador consideran que una lectura detallada del fallo de la justicia europea ofrece un aval m¨¢s amplio a las expulsiones en caliente. Ante el atasco, se decidi¨® recurrir a la comisi¨®n paritaria para buscar un acercamiento entre las posturas m¨¢s flexibles de los dos bloques.