El Supremo decidir¨¢ la legalidad de 30 millones entregados a Marruecos para frenar la inmigraci¨®n irregular
Un grupo de organizaciones sociales lleva al tribunal el uso que hizo el Ejecutivo del fondo de contingencia
La ayuda financiera entregada a Marruecos para frenar la inmigraci¨®n irregular ha llegado al Supremo. El tribunal tendr¨¢ que decidir sobre la legalidad de 30 millones de euros que el Ejecutivo sac¨® en 2019 del fondo de contingencia de los Presupuestos para financiar parte del despliegue de las autoridades marroqu¨ªes con el objetivo de contener las entradas irregulares en Espa?a. La cuesti¨®n que estudiar¨¢ el Supremo no es la ayuda en s¨ª, sino si fue legal recurrir a ese fondo, un...
La ayuda financiera entregada a Marruecos para frenar la inmigraci¨®n irregular ha llegado al Supremo. El tribunal tendr¨¢ que decidir sobre la legalidad de 30 millones de euros que el Ejecutivo sac¨® en 2019 del fondo de contingencia de los Presupuestos para financiar parte del despliegue de las autoridades marroqu¨ªes con el objetivo de contener las entradas irregulares en Espa?a. La cuesti¨®n que estudiar¨¢ el Supremo no es la ayuda en s¨ª, sino si fue legal recurrir a ese fondo, una reserva presupuestaria destinada a necesidades ¡°urgentes, imprevisibles e inaplazables¡±, como cat¨¢strofes naturales o la pandemia del coronavirus.
Tras conocerse la decisi¨®n del Ejecutivo de aprobar la partida, adelantada por EL PA?S en julio del a?o pasado, un grupo de organizaciones sociales interpuso un recurso ante el Supremo para pedir su nulidad. Los demandantes ¡ªAccess Info Europe y Andaluc¨ªa Acoge¡ª bajo la direcci¨®n jur¨ªdica de Gentium, y con el apoyo de Profundo denuncian un uso inadecuado del fondo, adem¨¢s de falta de transparencia. Las organizaciones se?alan que no se ha justificado la posibilidad de atender el gasto con otras modificaciones presupuestarias. Rechazan tambi¨¦n la excepcionalidad y la urgencia con la que el Ministerio del Interior justific¨® el uso de esa partida en torno a la idea de prevenir ¡°una nueva crisis migratoria¡±.
La inyecci¨®n de estos fondos a Marruecos fue una novedad. Primero porque Marruecos no se encontraba entre los receptores habituales de las ayudas destinadas a la cooperaci¨®n policial internacional de las que se benefician sobre todo Senegal y Mauritania. Y, segundo, porque, el importe concedido a Marruecos casi doblaba el presupuesto aprobado para estas partidas, que cubren acuerdos con al menos seis pa¨ªses.
El Gobierno transfiri¨® ese dinero a Rabat tras un a?o en el que Espa?a se convirti¨® en la principal puerta de entrada de la UE para la inmigraci¨®n irregular. Cuando se cerr¨® 2018 con un r¨¦cord hist¨®rico de casi 58.000 desembarcos, Interior se impuso la meta de reducir los flujos a la mitad y, para ello, necesitaba la colaboraci¨®n de Marruecos. Con los presupuestos de 2018 prorrogados y sin suficientes fondos disponibles para conseguir su objetivo, el departamento de Fernando Grande-Marlaska decidi¨® solicitar un cr¨¦dito a cargo de esa reserva presupuestaria. Las autoridades marroqu¨ªes no reconocen p¨²blicamente que exijan dinero a cambio de sus esfuerzos, pero es evidente que la cooperaci¨®n del pa¨ªs vecino, con la que efectivamente se redujeron las cifras a la mitad en 2019, se compensa econ¨®micamente. La ayuda de Espa?a a Marruecos ¡ªque sum¨® 32,3 millones de euros al a?adirse poco m¨¢s de dos millones de fondos s¨ª disponibles¡ª se sumaba a otro paquete de transferencias europeas de 140 millones.
Los demandantes se?alan al Supremo las carencias que identifican en el expediente administrativo por el que se justific¨® el uso del fondo de contingencia para ese fin nada habitual. La demanda destaca la ausencia de cualquier referencia al compromiso acordado con Marruecos para fundamentar el car¨¢cter inaplazable de la financiaci¨®n, as¨ª como la falta de un desglose de los gastos que deb¨ªan ser atendidos con urgencia. ¡°Se trata de una infracci¨®n frontal de los pilares de cualquier expediente de modificaci¨®n presupuestaria y una vulneraci¨®n del principio jur¨ªdico de transparencia¡±, apuntan.
Estos 30 millones estaban destinados a financiar gastos de combustible, mantenimiento de los equipos de patrullaje y dietas y a compensar el esfuerzo que le supone a Marruecos la readmisi¨®n de sus nacionales y el retorno de subsaharianos a sus pa¨ªses de origen. La necesidad del gasto tambi¨¦n se justific¨® gen¨¦ricamente en el despliegue de las autoridades marroqu¨ªes para evitar saltos en algunos puntos de las vallas de Ceuta y Melilla que quedar¨ªan desprotegidos durante las obras que se est¨¢n llevando a cabo para reforzar el vallado.
Los demandantes inciden en que la concesi¨®n y el uso de la financiaci¨®n a terceros pa¨ªses en materia migratoria no solo debe ser m¨¢s transparentes sino que las ayudas deber¨ªan estar condicionadas al respeto de los derechos humanos. ¡°En este caso la rendici¨®n de cuentas al p¨²blico es especialmente importante porque los fondos estaban destinados a cubrir operaciones de las autoridades marroqu¨ªes, que en varias ocasiones han sido denunciadas por los abusos cometidos contra las personas migrantes¡± se?alan las organizaciones.