El TSJCV reconoce al PP el derecho a tener documentaci¨®n del expediente de Francis Puig de la Consejeria de Econom¨ªa

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) reconoce el derecho al PP a obtener de la Consejeria de Econom¨ªa la documentaci¨®n sobre el expediente de empresas relacionadas con Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, tras la denuncia de la Corporaci¨®n Valenciana de Medios de Comunicaci¨®n (CVMC) por posible concertaci¨®n de precios. La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que no es firme e impone las costas procesales a la Generalitat, con un m¨¢ximo de 1.500 euros, estima as¨ª el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la diputada del Grupo Popular de les Corts Eva Ortiz contra una resoluci¨®n del 18 de mayo del consejero de Econom¨ªa sobre la petici¨®n de informaci¨®n sobre el expediente.

Ortiz, seg¨²n el escrito al que ha tenido acceso Europa Press, solicit¨® que le fuera trasladada una copia ¨ªntegra del expediente administrativo en relaci¨®n con la denuncia formulada por concertaci¨®n de precios de precios por la CVMC contra las sociedades Comunicaci¨®n dels Ports, Kriol Produccions y Canal Maestrat, vinculada a Francis Puig, as¨ª como toda la documentaci¨®n relacionada.

El presidente de les Corts, Enric Morera, traslado la petici¨®n a la Generalitat y el consejero de Econom¨ªa pidi¨® una pr¨®rroga por sobrecarga de trabajo y posteriormente adujo a una serie de consideraciones jur¨ªdicas para justificar la negativa a entregar la copia del expediente en base a la ley de Defensa de la Competencia y confidencialidad. El subsecretario de la consejer¨ªa se?al¨® que ¡°las normas en materia de investigaci¨®n y control de conductas prohibidas por la ley no permiten a las autoridades responsables de su tramitaci¨®n dar traslado de las actuaciones obrantes en un expediente de conductas prohibidas¡±.

Ortiz recurri¨® al considerar que la denegaci¨®n se basa en una interpretaci¨®n incorrecta de determinados preceptos de la Ley de Defensa de la Competencia y que con la negativa de entregar la documentaci¨®n se ha vulnerado el derecho fundamental a participar en los asuntos p¨²blicos ya que no existe causa justificada. El ministerio fiscal suscribi¨® la estimaci¨®n de la demanda sobre la vulneraci¨®n del derecho. La sentencia recoge que asiste la raz¨®n a la Generalitat en su alegato de que ¡°cabe la denegaci¨®n de acceso a la documentaci¨®n interesada por un parlamentario cuando existan razones fundadas en Derecho que as¨ª lo justifiquen, pues no se trata de un derecho sin l¨ªmites¡± pero a?ade que, ¡°sin embargo, ninguno de esos preceptos justifica la negaci¨®n de la informaci¨®n que inst¨® la diputada por parte de la Conselleria de Econom¨ªa. O, como m¨ªnimo, no se justifica el proceder de la Conselleria de Econom¨ªa¡±. As¨ª reconoce el derecho a al demandante a obtener de la consejer¨ªa de Econom¨ªa, a trav¨¦s del presidente de les Corts, la documentaci¨®n solicitada tras reconocer que se ha vulnerado un derecho fundamental.