Barones del PSOE y PP piden m¨¢s financiaci¨®n para compensar los costes de la despoblaci¨®n
La pandemia y las elecciones en Catalu?a han aplazado las negociaciones para renovar el modelo vigente, obsoleto desde 2014
Los presidentes del PSOE, PP y regionalistas que gobiernan en las ocho comunidades m¨¢s golpeadas por la despoblaci¨®n reclaman que el futuro sistema de financiaci¨®n prime el coste del mantenimiento de los servicios p¨²blicos en las zonas del interior de Espa?a afectadas por la p¨¦rdida de habitantes. Un problema que se agrava por el envejecimiento y su dispersi¨®n en ¨¢reas muy extensas. La pandemia y las elecciones en Catalu?a han aplazado las negociaciones para renovar el modelo vigente, obsoleto desde 2014. Los presidentes auton¨®micos conf¨ªan en que se retomen una vez se despeje el horizonte pol...
Los presidentes del PSOE, PP y regionalistas que gobiernan en las ocho comunidades m¨¢s golpeadas por la despoblaci¨®n reclaman que el futuro sistema de financiaci¨®n prime el coste del mantenimiento de los servicios p¨²blicos en las zonas del interior de Espa?a afectadas por la p¨¦rdida de habitantes. Un problema que se agrava por el envejecimiento y su dispersi¨®n en ¨¢reas muy extensas. La pandemia y las elecciones en Catalu?a han aplazado las negociaciones para renovar el modelo vigente, obsoleto desde 2014. Los presidentes auton¨®micos conf¨ªan en que se retomen una vez se despeje el horizonte pol¨ªtico tras el 14-F.
La Espa?a Vac¨ªa toma posiciones para asegurarse la mejor posici¨®n de partida en el mayor reto territorial con permiso de Catalu?a: la reforma del sistema de financiaci¨®n. Un desaf¨ªo colosal, que genera divisi¨®n dentro del PSOE y del PP y que se lleva a?os aplazando. Galicia, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y Le¨®n, Arag¨®n, La Rioja, Cantabria y Extremadura defienden que se tenga en cuenta su singularidad. Todos los barones consultados por EL PA?S coinciden en que se cubra el ¡°coste real¡± de los servicios p¨²blicos. Mientras, el ¨¦xodo de las zonas rurales a los n¨²cleos urbanos de Madrid y del litoral contin¨²a sin que nadie sea capaz de ponerle freno.
Los socialistas se comprometieron en enero del a?o pasado, a cambio del apoyo de partidos como Comprom¨ªs, en presentar un nuevo modelo de financiaci¨®n ¡°en los ocho meses posteriores a la investidura¡±. La crisis m¨²ltiple provocada por el coronavirus releg¨® al fondo del caj¨®n la promesa, que pretend¨ªa resolver un problema que, tras la inacci¨®n del Ejecutivo de Mariano Rajoy, arrastran en La Moncloa desde hace siete a?os. Y no parece que vaya a haber cambios a medio plazo. ¡°La agenda del Gobierno se ha visto alterada por la pandemia y en este principio de a?o tambi¨¦n por el temporal de nieve; nuestro compromiso con la financiaci¨®n auton¨®mica es ineludible y firme¡±, observ¨® hace dos semanas Mar¨ªa Jes¨²s Montero. El compromiso de la ministra de Hacienda es ¡°abordar a lo largo de este a?o los elementos fundamentales que comportan el modelo de financiaci¨®n¡±. Y abund¨®: ¡°Algunos se podr¨¢n acometer en el mes de febrero, quiz¨¢s va un poco ajustado en el calendario, pero en todo caso a lo largo de los pr¨®ximos meses¡±.
A la espera de acontecimientos, los territorios m¨¢s perjudicados por el reparto de la financiaci¨®n en funci¨®n de la poblaci¨®n alzan la voz. ¡°La manera de evitar la despoblaci¨®n es que no se prime la financiaci¨®n por habitante, sino por el coste de los servicios¡±, sentencia Miguel ?ngel Revilla. ¡°Esto es muy sencillo. Depende de si se act¨²a con criterios de justicia o se act¨²a con criterios de voto¡±, apostilla el presidente c¨¢ntabro, del PRC. Asturias mantiene hist¨®ricamente en esta cuesti¨®n las mismas posiciones que Galicia, Cantabria y Castilla y Le¨®n. ¡°La clave es el coste por servicio. Punto¡±, resume su presidente, Adri¨¢n Barb¨®n (PSOE).
El presidente de Castilla y Le¨®n, Alfonso Fern¨¢ndez Ma?ueco (PP), comparte: ¡°El concepto de poblaci¨®n se tiene que tener en cuenta, pero con otras circunstancias que lo condicionan much¨ªsimo como la densidad de poblaci¨®n, la tasa de natalidad o el porcentaje de poblaci¨®n envejecida. No es lo mismo mantener unos servicios p¨²blicos en las grandes ciudades que garantiz¨¢rselos a una poblaci¨®n dispersa¡±. Unas tesis similares a las que defiende la Xunta de Galicia y que colisionan frontalmente con las de Madrid. Fuentes de la consejer¨ªa de Hacienda defienden que ¡°se valoren factores que modulan el coste de los servicios¡± como la diseminaci¨®n de la poblaci¨®n en el territorio, el tama?o de estas poblaciones y su envejecimiento. Como ejemplo ponen que Galicia soporta m¨¢s del 20% del gasto en transporte escolar de toda Espa?a cuando cuenta con menos del 5% del alumnado.
Ma?ueco pretend¨ªa organizar en las pr¨®ximas semanas una cumbre de los territorios apremiados por el reto demogr¨¢fico. Un frente que rechaza Guillermo Fern¨¢ndez Vara. ¡°No me gustan lo frentes de unos contra otros. Cuando se quiera nos reunimos en el Senado, que es el sitio y hablamos. Es la manera de construir pa¨ªs¡±, zanj¨® el presidente extreme?o, que opina que no puede haber distinci¨®n en la calidad de los servicios que prestan las comunidades. ¡°Derechos y deberes¡±, remarca Fern¨¢ndez Vara, en una referencia impl¨ªcita al impacto de la pol¨ªtica fiscal que el PP imprime en Madrid desde los tiempos de Esperanza Aguirre. La socialista Concha Andreu, presidenta de La Rioja, tambi¨¦n recela de todo lo que suene a un frente, aunque sea transversal, que anteponga sus intereses a las comunidades m¨¢s pobladas, que suelen ser las que cuentan con el PIB m¨¢s abultado. Andreu plantea una ¡°soluci¨®n consensuada¡± que atienda el coste por servicio en las zonas con la poblaci¨®n m¨¢s dispersa y envejecida.
Cumbre de Zaragoza
El predecesor de la presidenta riojana, Jos¨¦ Ignacio Ceniceros (PP), s¨ª particip¨® en la cumbre de seis comunidades ¡ªtres del PSOE (Arag¨®n, Asturias y Castilla-La Mancha) y tres populares (las otras eran Castilla y Le¨®n y Galicia)¡ª que ya reclamaron en septiembre de 2018 en Zaragoza la garant¨ªa de la prestaci¨®n de ¡°niveles similares de servicios p¨²blicos en todas las comunidades¡±, con independencia de su capacidad para generar ingresos tributarios. O que se atendiera el ¡°d¨¦ficit¡± en la financiaci¨®n del gasto sanitario y su crecimiento por el aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento de la poblaci¨®n.
El trato preferencial que ped¨ªa Catalu?a preocupaba y por eso tambi¨¦n ped¨ªan al Gobierno, ya con Pedro S¨¢nchez en La Moncloa, que el sistema de financiaci¨®n se acordase de forma ¡°multilateral¡± en el Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera. Un ¨®rgano que la Generalitat desde?a desde la aventura del proc¨¦s. ¡°Arag¨®n no se ha movido un cent¨ªmetro de esa posici¨®n¡±, tercia el presidente ma?o, Javier Lamb¨¢n (PSOE).
Emiliano Garc¨ªa-Page, otro bar¨®n del PSOE y presidente de Castilla-La Mancha, afirma: ¡°La financiaci¨®n auton¨®mica no puede estar en el mercadeo parlamentario. Aqu¨ª no caben acuerdos bilaterales entre el independentismo y el Gobierno de turno. Estamos de acuerdo la inmensa mayor¨ªa¡±. Y concluye: ¡°Tiene que responder a criterios normales y a par¨¢metros eficientes¡±.
La Comunidad Valenciana urge a lograr un acuerdo
La Comunidad Valenciana, la cuarta por poblaci¨®n tras Andaluc¨ªa, Catalu?a y Madrid y una de las damnificadas por el sistema de financiaci¨®n vigente seg¨²n coinciden en privado en la mayor¨ªa de territorios, aboga por ¡°llegar a un indicador com¨²n que sea sencillo, transparente y objetivo¡±, seg¨²n fuentes de la consejer¨ªa de Hacienda. Para el Gobierno de Ximo Puig (PSOE) ese elemento podr¨ªa ser el de la poblaci¨®n total. Como argumento insiste en que el gasto de las autonom¨ªas est¨¢ destinado en su inmensa mayor¨ªa a servicios p¨²blicos esenciales para cubrir las necesidades de los ciudadanos.
Partiendo de la base de que habr¨¢ comunidades que querr¨¢n que se valore la densidad de la poblaci¨®n y otras la insularidad, el efecto de la capitalidad de Madrid, el nivel de renta, el coste de vida o el nivel de precios, la Generalitat valenciana, que tambi¨¦n tiene problemas de despoblaci¨®n en su interior, urge a llegar a un acuerdo. ¡°Tendremos que determinar alg¨²n criterio mesurable que pueda convertirse en un m¨ªnimo com¨²n a partir del cual podamos dise?ar y poner en marcha el nuevo modelo¡±, esgrimen en la consejer¨ªa de Hacienda.