A la calle por no tener un certificado

Lucila Infante, de 39 a?os, con dos hijas a su cargo, de cuatro y 11 a?os, hac¨ªa guardia esta ma?ana de lunes a la puerta de su casa, acompa?ada por decenas de miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), para evitar que la desahuciaran. Un juzgado ven¨ªa a ejecutar la orden por la que deb¨ªa abandonar su casa, un primer piso de 85 metros cuadrados, cerca de la avenida del Cid de Val¨¨ncia. Su caso, al tener dos menores a su cargo, ...

Lucila Infante, de 39 a?os, con dos hijas a su cargo, de cuatro y 11 a?os, hac¨ªa guardia esta ma?ana de lunes a la puerta de su casa, acompa?ada por decenas de miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), para evitar que la desahuciaran. Un juzgado ven¨ªa a ejecutar la orden por la que deb¨ªa abandonar su casa, un primer piso de 85 metros cuadrados, cerca de la avenida del Cid de Val¨¨ncia. Su caso, al tener dos menores a su cargo, esta amparado por el decreto antidesahucios de 2020, vigente durante el estado de alarma pero necesita un certificado que acredite su situaci¨®n de vulnerabilidad, que no se ha tramitado a tiempo para interrumpir la orden de desalojo.

El que fuera su marido, titular de la hipoteca, se divorci¨® de ella y dej¨® de pagar la mensualidad, seg¨²n esta peruana de origen con 14 a?os de residencia en Espa?a. ¡°Me dirig¨ª al banco pero al final me dijeron que yo no era nada, ni propietaria ni nada, y no me dejaron pagar¡±, recuerda despu¨¦s de abonar ocho recibos a su nombre de la hipoteca de entre 400 y 375 euros mensuales. Ella ha ido de contrato temporal en contrato temporal ¡ªen una lavander¨ªa, en la limpieza de fincas...¡ªpero a principios de a?o se cay¨® cuando trabajaba y se da?¨® los ligamentos de la rodilla: desde entonces no tiene un empleo. Seg¨²n cuenta Lucila, la mutua le cubre los gastos m¨¦dicos pero no tiene derecho a ninguna otra ayuda, as¨ª que est¨¢ en tr¨¢mites de solicitar el Ingreso M¨ªnimo Vital.

Este lunes, tensa por la espera de la comitiva judicial, ha llevado a sus hijas al colegio y luego ha vuelto a casa para ver qu¨¦ iba a ser de su vida. Unos 30 activistas de la PAH la han acompa?ado y se han ido concentrando ante su portal, ante el que se han amarrado de los brazos por si se ejecutaba el desahucio: ¡°Vamos a defender la vivienda¡±, ha apuntado Jos¨¦ Luis Gonz¨¢lez, miembro de la plataforma, mientras sus compa?eros coreaban: ¡°Verg¨¹enza me dar¨ªa, desahuciar a una familia¡±, o ¡°hay ni?os en la calle y no le importa a nadie¡±.

Al final, la secretaria judicial no ha ejecutado el desalojo, que se suspende un mes, a la espera de una nueva se?alizaci¨®n judicial, y la patrulla de la Polic¨ªa Nacional no ha tenido que intervenir. ¡°Por qu¨¦ hay un decreto antidesahucio y se les sigue tirando a la calle?¡±, ha espetado Gonz¨¢lez en referencia a la norma que protege a las familias con personas dependientes, ni?os peque?os o a mujeres v¨ªctimas de la violencia de g¨¦nero. ¡°Lucila y sus hijas est¨¢n protegidas por el decreto hasta que se acabe en mayo el estado de alarma¡±, apunta el portavoz de la PAH, quien reivindica una ley que garantice el derecho a la vivienda.

¡°Quiero agradecerles a todos ustedes lo que han hecho. Yo sola no lo hubiera podido hacer¡±, se dirige Lucila emocionada a los miembros de la PAH, que se conjuran para que ¡°no tengamos que vernos aqu¨ª de nuevo¡± dentro de 30 d¨ªas y llaman a las Administraciones p¨²blicas y a los partidos pol¨ªticos a que proporcionen un contrato de alquiler social a Lucila y a otras personas que est¨¦n en parecida situaci¨®n.