El Gobierno paralizar¨¢ los desahucios de familias vulnerables en pisos de grandes propietarios sin contrato legal

Luz verde para el nuevo decreto antidesahucios. La reuni¨®n mantenida este mi¨¦rcoles entre representantes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (el antiguo Fomento, que tiene las competencias estatales en Vivienda) y de la Vicepresidencia de Derechos Sociales que ¡ªdirigidos, respectivamente, por el PSOE y Unidas Podemos, las dos almas del Ejecutivo de coalici¨®n¡ª ha fructificado en un acuerdo que se har¨¢ llegar en cuanto sea posible al Consejo de Ministros, ya que todav¨ªa faltan algunos flecos.

En materia de desalojos, el pacto alcanzado contempla una ampliaci¨®n de la norma actual ¡ªque impide echar a alguien de su casa si acredita que es vulnerable por la covid¡ª a colectivos que ya eran vulnerables antes de la pandemia. El texto tambi¨¦n contemplar¨¢ el supuesto de aquellos que ni siquiera tienen un t¨ªtulo que les habilita a ocupar la casa donde viven (es decir, que la ocupan sin tener un contrato de alquiler o un t¨ªtulo de propiedad), aunque en este caso la paralizaci¨®n del desahucio ser¨¢ temporal y solo se aplicar¨¢ si el inmueble pertenece a un gran propietario (empresas o personas f¨ªsicas con m¨¢s de 10 inmuebles urbanos, sin tener en cuenta ni trasteros ni garajes).

Para quienes s¨ª tienen contrato, el procedimiento ser¨¢ similar al que ya existe. Cuando el propietario pida el desalojo del inquilino, este podr¨¢ alegar vulnerabilidad econ¨®mica ante el juez. Si lo acredita mediante un informe de los servicios sociales o con la documentaci¨®n que se requiere (ahora, por ejemplo, se puede alegar una situaci¨®n de despido o ERTE posterior al inicio del primer estado de alarma), el arrendatario no podr¨¢ ser expulsado de la vivienda al menos hasta que finalice el actual estado de alarma, lo que est¨¢ previsto que suceda el pr¨®ximo 9 de mayo.

?Qu¨¦ pasa entonces con quienes ocupan sin contrato una vivienda? Ah¨ª el decreto distinguir¨¢ en funci¨®n de si el propietario es un gran tenedor de vivienda o si es un peque?o propietario. Fuentes del Ministerio de Transportes se?alan que esta distinci¨®n tiene sentido porque el supuesto afecta sobre todo a grandes tenedores de vivienda y porque en el caso de peque?os propietarios la no percepci¨®n de la renta tambi¨¦n puede llevarles a una situaci¨®n de vulnerabilidad.

Para paralizar el desahucio en estos supuestos, el juez deber¨¢ acreditar la vulnerabilidad econ¨®mica del ocupante de la vivienda mediante un informe de los servicios sociales. Y podr¨¢ hacerlo, siempre dentro del estado de alarma, durante un m¨¢ximo de tres meses. Ese plazo se entiende que es suficiente para que las Administraciones encuentren una soluci¨®n alternativa de vivienda para la persona a la que se va a desahuciar, aunque a¨²n est¨¢ por ver c¨®mo se garantizar¨ªa eso. En cualquier caso, se meter¨¢ presi¨®n a las comunidades aut¨®nomas, que tienen transferida la competencia en Vivienda, para que con los fondos del plan estatal, ampliados adem¨¢s a ra¨ªz de la emergencia sanitaria, se pongan a la labor de garantizar una vivienda a las personas vulnerables. No ser¨¢ f¨¢cil, porque con un 2,5% del total de viviendas el parque social de Espa?a es de los m¨¢s exiguos de Europa.

La decisi¨®n de ampliar la normativa antidesahucios que se aprob¨® en mayo y se prorrog¨® luego en dos ocasiones (actualmente estaba vigente hasta el 31 de enero) colma una de las pretensiones de Unidas Podemos, que lleg¨® a presentar una enmienda a los Presupuestos para lograrla. Esa maniobra no tuvo ¨¦xito en el Parlamento, pero s¨ª se ha llegado a buen puerto en la mesa de negociaci¨®n, donde faltan por definir ¡°cuestiones de t¨¦cnica legislativa¡± y otros detalles.

Uno de ellos, no menor, es la prohibici¨®n de corte de suministros b¨¢sicos (agua, luz y gas) que la formaci¨®n de Pablo Iglesias tambi¨¦n quiere que contemple el decreto. En ese caso no hay acuerdo todav¨ªa porque las conversaciones van por otra v¨ªa. No se trata de una competencia de Transportes sino de Transici¨®n Ecol¨®gica, otro ministerio dirigido igualmente por la cuota socialista del Gobierno, en este caso por Teresa Ribera. Dicha prohibici¨®n se contempl¨® en los primeros meses de pandemia, entonces con el pl¨¢cet de las principales compa?¨ªas energ¨¦ticas, pero en la pr¨®rroga del denominado escudo social que se acord¨® en septiembre dej¨® de figurar. Desde entonces Podemos ha pedido su recuperaci¨®n.